¿Atrapados sin salida?
Escribe Graciela Paz
A mediados de 2015 surgió lo que se dio en llamar el movimiento de los «cincuentones» ya que trabajadores próximos a su edad de retiro se percataron que sus jubilaciones serían menores que las que han obtenido otros ya retirados con historias laborales similares. Se trata de los que en 1996 fueron obligados por la Ley 16.713 (promulgada el 3/9/1995) a aportar a un régimen mixto de seguridad social. Los trabajadores en cuestión integran las primeras generaciones del régimen mixto creado por esta ley de reforma de la seguridad social que modificó el sistema previsional y previó una transición gradual entre el régimen anterior de jubilaciones -de capitalización colectiva y universal- y el nuevo régimen mixto, en el que se incorporó el ahorro individual por medio de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Se dispuso que aquellos que al 1º de abril de 1996 tuvieran 40 años o más, no estuvieran jubilados y no hubieran generado ya causal jubilatoria, formaran parte de ese “régimen de transición”, aportando exclusivamente al pilar público de reparto administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), dejando así a los “cincuentones” de hoy -que en ese entonces tenían 39 años o menos- como las primeras generaciones amparadas por el régimen mixto gestado en 1996.
Estas personas, ya próximas a su edad de jubilación, fueron informadas que lo que van a recibir si se retiran a los 60 años es notoriamente menor que lo que percibirán otros con aportes similares, pero que se retiraron por el régimen de transición. Lo importante es dar cuenta de que la renta vitalicia que paga la aseguradora por los aportes a las AFAP no compensa la diferencia de la jubilación del pilar ‘solidario’ entre los regímenes mixto y ‘de transición’.
El problema es de los trabajadores de ingresos medios y altos. Los trabajadores de bajos ingresos no son perjudicados, e incluso pueden beneficiarse con el cambio y las diferencias a favor del régimen de transición se reducen al bajar la edad, confirmando que el peso de la reforma recayó en mayor medida en los actuales ‘cincuentones’ que en las generaciones más jóvenes. También se observa que la diferencia a favor del régimen de transición se reduce con la edad de jubilación, porque la renta vitalicia crece en forma muy significativa y cada vez más pronunciada con la edad de retiro. Este problema que se plantea para un trabajador con un salario de $120.000 no es tal para los que cobran sueldos más bajos, sobre todo si son de menos de 40.000 pesos, ya que la ley establece que quienes ganan menos de eso no tienen obligación de aportar a las AFAP, aunque sí pueden hacerlo voluntariamente. En realidad el perjuicio tiende a ser mayor en los más “veteranos”, que tienen menos tiempo para ahorrar en la AFAP y compensar la pérdida que supone el tratamiento de los aportes previos al 96, además los más veteranos en general realizaron más aportes importantes antes de 1996. En cambio, los más jóvenes, en general realizaron menos aportes antes de 1996 y tienen más tiempo para ahorrar en las AFAP.
Por lo tanto, no todos los cincuentones se vieron injustamente perjudicados ni todos los cincuentones tienen el mismo impacto, importa mucho la edad. Por la misma razón, el problema tiende a ser menor si las personas postergan algunos años su jubilación.
El presidente Tabaré Vázquez manifestó antes de la realización del Consejo de Ministros en Ramón Trigo, Cerro Largo, que el proyecto de ley que habilitará a los damnificados por el régimen mixto a «optar» por permanecer en su AFAP o cambiarse al régimen del Banco de Previsión Social (BPS) y que brinda solución a los cincuentones sería remitido al Parlamento en los siguientes días.
Agregó además que el cambio está conversado y acordado con las distintas AFAP. Asimismo indicó que los afectados podrán concurrir a las oficinas del BPS, donde recibirán «información profunda» sobre su situación. Luego tendrán un «período de tiempo para responder» si aceptan o no el cambio. De pasar al BPS, lo harán «con los mismos derechos y las mismas obligaciones» que los demás afiliados a la institución, además de tener «los mismos topes jubilatorios».
Tras el Consejo de Ministros, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo dio información sobre el proyecto que compensa las desigualdades jubilatorias sufridas por el grupo de los llamados «cincuentones”. Roballo aclaró que se comenzará con quienes tengan 56 o más años al 1/4/2016, luego otro colectivo con las personas entre 53 y 55 y en tercer lugar los de 50 a 52 años.
Los aportes que retornan al BPS integran un fideicomiso, que utilizará los fondos para financiar las prestaciones del BPS.
A nivel del Parlamento se cree que el proyecto de ley para los «cincuentones» será votado por el plenario de la Cámara de Representantes en noviembre, pero al mismo tiempo, hay diferencias enormes entre las distintas estimaciones con respecto al costo que tendría la aprobación de la iniciativa.
La discusión del proyecto dirigido a reparar las inequidades que los cincuentones sufrirían en sus futuras pasividades entró en una nueva etapa desde que comenzaron a conocerse cuáles serían sus costos. La pregunta sobre si la iniciativa puede realmente ser fundamentada desde la izquierda podría ser ahora oportuna.
Finalmente la Comisión de Seguridad Social de Diputados (integrada, para este tema, con la de Hacienda) está recibiendo proyecciones del costo que significaría para el Estado la aprobación de la llamada “ley de los cincuentones”. Las cifras son bastantes dispares por cierto. La más preocupante la propuso el economista Ariel Davriex, director de a Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante los últimos tres gobiernos colorados: 7000 millones de dólares. Los datos que proyecta AFAP República sitúan el gasto en unos 4000 millones de dólares. Y por su parte la Asesoría General de la Seguridad Social de BPS concluyó que como máximo la reforma implicaría aportar desde las arcas del estado 2558 millones de dólares.
A esta altura el debate se ha corrido hacia la pertinencia de realizar este gasto justamente con sectores de ingresos medios y medios altos cuando aún nos queda por resolver (en serio) problemas mayores de inequidad social y desprotección a sectores más vulnerables y postergados. La pobreza golpea principalmente a los niños, y los planes asistenciales si bien han mejorado los ingresos de estos hogares y han modificado los porcentajes y la relación entre los quintiles más pobres no han cambiado la percepción que tenemos de las oportunidades de estos núcleos fragmentados de la sociedad y del acceso a los servicios en términos de igualdad con por ejemplo los compatriotas con mejores y permanentes ingresos.
Como se compadece la solución a los cincuentones con este gasto, una vez y media el presupuesto anual de ANEP o dos veces y media el de ASSE, recorre el debate (y fundamentación) necesario de considerar si una vez más una reforma la pagarán los trabajadores, si será una carga para las jubilaciones futuras. En un país envejecido, con mayor expectativa de vida (progresivamente), un sistema educativo terciario que promete egresados alrededor de los 30 años de edad (y los post grados, para competir mejor) y con un vasto sector de la población que no ingresa al mercado laboral y proyecta en su descendientes la misma inercia, ya sea por falta de preparación (terminar el liceo ya no significa nada), de conocimientos, de comodidad o de temas básicos resueltos por los planes asistenciales sin contrapartida. A esta altura hay tres generaciones que no conocen el trabajo formal.
No, enfrentando no. Los cincuentones van a ser perjudicados, pero no los hagamos cargo de otros problemas de la macro economía no resueltos. Ya bastante los trabajadores de ingreso medios y altos contribuyen a financiar las prestaciones no contributivas. El aporte a la seguridad social ronda el 30% de su salario. Al menos debe ver capitalizada esta cifra cuando se retire. Tampoco podemos obligar a los asalariados a continuar en sus puestos para mejorar su jubilación hasta el límite de edad, impidiéndole el necesario y merecido disfrute del retiro (cuando aún se está bien) e imposibilitando el reemplazo por nuevos trabajadores. No se puede plantear esta falsa opción, esta dicotomía entre ciudadanos más o menos solventes. Yo entiendo a la economía del estado como la economía familiar. No se puede gastar lo que no se tiene ni hipotecar el futuro para siempre a costa de sacrificios. No es válido contraponer intereses que nos involucran a todos: si pintamos la casa y reformamos el baño no hay vacaciones. Ambas cosas nos harán felices y mejorarán nuestra calidad de vida y proyecto de familia.
Pensar en la justicia del reclamo y la poca compensación que les espera a la hora de jubilarse luego de haber aportado toda una vida en función de buenos ingresos no se puede confrontar con las necesidades de otros colectivos luego de tres períodos de esta fuerza política y una buena etapa de bonanza económica.
La apuesta no debería ser siempre con la determinación impositiva a los que más ganan, sino apuntando a tener una base amplia de población en condiciones de aportar. No hay un modelo que funcione sacándole siempre a los que tienen más. La sociedad no crece jugando a Robin Hood.
La creación de ciudadanía y de diseño de responsabilidad para toda la sociedad acompaña el crecimiento a largo plazo. Es tiempo ya de pensar en políticas de empleo focalizadas en los colectivos más afectados por la pobreza.
A modo de conclusión y en todo caso, es importante tener presente que la reforma aprobada en 1995 buscó entre otras cosas devolver la sostenibilidad financiera a un sistema que estaba en un sendero claramente incierto. Devolver la sostenibilidad al sistema implicaba necesariamente que algunos grupos de trabajadores debían recibir menores beneficios y/o hacer mayores contribuciones de lo que habían hecho las generaciones previas. Como criterio general, se decidió no afectar a quienes estaban jubilados ni a quienes tenían ya causal jubilatoria. También se tuvo especial cuidado con trabajadores maduros que estaban en edades cercanas a la de jubilación. Quienes en 1996 tenían 40 años o más, integraron entonces el régimen de transición. Los más jóvenes, los de 39 años o menos fueron asignados al régimen mixto. Aparentemente se habría buscado que el peso de la reforma recayera en forma creciente en las generaciones más jóvenes, probablemente pensando en que estaban más lejos del momento de la jubilación y tenían más tiempo para adecuarse a las nuevas reglas de juego. Pero lo que llama la atención y parece un error en el diseño es que haya un grupo de generaciones intermedias, las de los hoy llamados “cincuentones”, que estén pagando un peso sensiblemente más elevado del ajuste. Los actuales “cincuentones” de ingresos medios y altos recibirán un tratamiento menos favorable que sus mayores, pero también que sus pares de generaciones más jóvenes.