El lunes 22 de noviembre de 2021 el doctor Federico Álvarez Petraglia presentó una denuncia ante la Justicia Penal solicitando la investigación de “hechos con apariencia delictiva” en referencia a la decisión del intendente de ceder un inmueble de la comuna en beneficio de quien ocupó el cargo de director de Transito en la primera etapa de su gobierno, el ingeniero Lucas Faccelo. A dos años y medio de formulada la solicitud el tramite no avanzó, ni siquiera tiene fiscal asignado.
El penalista denunció que Facello ocupó “sin cargo” la denominada “casa del intendente”, sita en calle Uruguay 568, desde el inicio del gobierno departamental del Partido Nacional (finales de noviembre de 2020) y hasta que dejó el cargo de director de Tránsito, en junio de 2022.
Recuerda que el “inmueble es propiedad de la Intendencia Departamental de Paysandú, y en la normativa vigente no existe autorización de especie alguna que permita esta utilización por parte de la Intendencia en beneficio particular de un funcionario de confianza política”. La decisión violentó el Estatuto del Funcionario que no prevé la posibilidad de pago del salario en especie. Todo lo cual determina que “el acto por el cual se le entrega dicho bien al Sr. Facello, al no estar fundado jurídicamente en ninguna norma, devenga en claramente arbitrario”.
“Hasta donde llegan nuestros conocimientos el Sr. Facello es una persona mayor de edad, sin problemas de salud, profesional, de larga trayectoria, vale decir, está en plena capacidad de hacerse de un lugar para vivir, no comprendiendo el porqué de esta decisión inédita en la Intendencia de Paysandú”, agrega Álvarez Petraglia y contrasta esa situación con el uso que se le dio a la vivienda en el quinquenio anterior cuando “estuvo destinada para ser una casa de breve estadía para aquellas mujeres que sufrían violencia de género, destino que fue modificado por la actual administración, siendo su nuevo fin dar habitación al Sr. Facello”.
El abogado plantea la posibilidad de que el hecho haya configurado una situación de abuso del cargo que afectó a la administración y se desarrolló como resultado de un “procedimiento anormal” y “a través del ejercicio indebido del poder público, con pleno conocimiento e intención” consumando la entrega de “una vivienda de propiedad municipal a un funcionario de confianza política” de forma “irregular, al no existir norma que avale tal proceder y estar inficionado el acto por no haber sido dictado para satisfacer una necesidad de carácter público de interés general, sino de carácter privado, lo que claramente le está vedado a las autoridades departamentales”.
A casi 30 meses de solicitada la investigación, el trámite no ha tenido andamiento alguno. De hecho todavía no tiene fiscal asignado, según confirmó el denunciante en las últimas horas.
Imagen destacada: fachada del inmueble en cuestión.
