El martes 30 de abril de 2024 la Intendencia de Paysandú remitió el “Comunicado 077- 2024” titulado “Olivera anunció excepcionalidades para transporte de producción perecedera” en el que se dio cuenta de “una serie de excepcionalidades para aquellos productores que deban sacar su producción los días posteriores a la lluvia por caminería rural”.
El relato expresa que “tras una reunión mantenida con alcaldes, transportistas, acopiadores, integrantes de gremios de la lechería y directores departamentales, se propusieron ciertas excepcionalidades de acuerdo a la normativa vigente”; concretamente dijo: “hemos acordado que la veda que genera la norma de que, a partir de la lluvia, tres días sucesivos no pueden salir, ahora vamos a permitir que lo hagan”.
Después de reconocer “un problema serio en la caminería”, especificó que “la lechería y la agricultura podrán salir los días posteriores a la lluvia, y aclaró que continuarán bajo el régimen de la normativa la producción forestal quienes ‘perfectamente pueden esperar y no tienen por qué salir un día de lluvia’”.
En el mismo acto dijo que los cinco procedimientos de contralor realizados por la Dirección de Tránsito, en los que se aplicaron multas, “quedarán sin efecto” y adelantó el envió a la Junta de “una actualización de la normativa, blindando situaciones productivas como las que se anunciaron en la jornada de hoy y ‘castigando severamente a quienes sienten que la norma no los comprende’”.
Pero el doctor Federico Álvarez Petraglia explicó que los anuncios del intendente son “ilegales”, en tanto él no puede disponer tales decisiones “por sí y ante sí”.
El Reglamento de Tránsito creado en el año 1976, que ha tenido varias actualizaciones, “pero que se encuentra plenamente vigente”, establece en su artículo 109 “…En días de lluvia y hasta tres días después del día de lluvia, está prohibida la circulación de los vehículos de carga. El día de lluvia y día siguiente a la misma se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos excepto bicicletas, motocicletas, caballos, y sulkis”; existen otros artículos que amplían las limitantes así como condicionan la posibilidad de alguna excepción.
El abogado estableció que la modificación de la norma es potestad exclusiva de la Junta Departamental y que no existe otra posibilidad para la modificación que la discusión en ese ámbito. “Es una cosa insólita, el intendente toma una posición de sumo pontífice. Es muy llamativo que el partido defensor de las leyes desconozca las leyes y los decretos departamentales de esta manera”, lamentó el profesional y opinó que “la Junta actúa como una escribanía que termina haciendo lo que Olivera quiere pero no puede funcionar así. A lo sumo, el intendente podría haber dicho que va a mandar una norma y a partir de que la Junta la apruebe se podrá hacer esto y no se podrá hacer lo otro. Pero él tiene que respetar, le guste o no le guste el régimen democrático”, sostuvo.
Como otra “ilegalidad” señaló el compromiso de que las multas aplicadas queden sin efecto. “Mandó a los inspectores de tránsito a controlar en los caminos y después, otra cosa insólita, el propio intendente dice que esas multas van a quedar sin efecto. Pero si la gente estaba infraccionando una norma departamental que prevé una multa para esa infracción, ¿cómo el intendente puede disponer por sí y ante sí no cobrar esas multas?, ¿cuál es el fundamento que tiene para dejarlas sin efecto?, el intendente no lo puede hacer”, enfatizó el abogado que insistió en denunciar “el pésimo asesoramiento en material legal” con el que cuenta la comuna.
Álvarez Petraglia considera que el desarrollo del asunto revela “una improvisación tremenda” que tuvo sus primeras manifestaciones “cuando nos decían que no se podía controlar porque no había norma”. Después el intendente salió con “esos anuncios rimbombantes que hace siempre y que terminan en nada, hablando de que iba a cobrar un precio por el uso de los caminos y esto también quedó en nada”. Aunque sobre ese punto recordó que había advertido de sentencias de la Corte declarando inconstitucionales iniciativas de ese tipo “porque los gobiernos departamentales no tienen potestad para fijar esos tributos”.
El intendente “aprovecha estos temas para gargantear, para hacer un poco de demagogia, intenta hacerse pasar por progresista peleándose con las grandes multinacionales, busca construir una agenda ficticia que disimule su incapacidad de gobernar, de gestionar algo concreto”, concluyó el exsecretario general de la Intendencia.
