Se celebró una nueva marcha recordando el aniversario del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires en 1976. La deuda de los gobiernos frenteamplistas. El apoyo de los jóvenes del Partido Nacional.
Escribe Mariannina Álvarez
Cuando en 2005 antropólogos de la Universidad de la República hallaron los primeros restos de desaparecidos por la dictadura, parecía que se inauguraba una nueva era, impulsada por la llegada al gobierno de la izquierda. Trece años después, una nueva edición de la “Marcha del silencio” (la número 23), encuentra a los familiares desilusionados por los escasos avances en materia de verdad y justicia.
Bajo la consigna “Impunidad. Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”, en Paysandú marcharon los participantes con velas encendidas, desde plaza Constitución hasta el monumento emplazado en la esquina del Liceo Nº 1, que recuerda a Nelsa Gadea, sanducera desaparecida en Chile en 1973.
La convocatoria señalaba que “Cada marcha es la misma y es otra. Como el cauce de un río por el que corre siempre agua nueva”.
En Montevideo, la multitudinaria marcha partió desde el cruce de la calle Jackson y Avenida Rivera y transcurrió por 18 de Julio hasta Plaza de Cagancha. Como cada año se detuvo en la Plaza Libertad, donde se cantó el himno nacional. También en la explanada de la Universidad de la República (UdelaR), en el Teatro El Galpón y en la Intendencia de Montevideo.
Siete gobiernos se sucedieron desde el fin de la dictadura, tres de ellos del Frente Amplio, y sólo se hallaron los restos de cuatro de los casi 200 desaparecidos, mientras que apenas un puñado de militares han sido sometidos a la justicia. En Argentina fueron encontrados e identificados los restos de 15 desaparecidos.
Claro que la impunidad que defendió Julio María Sanguinetti a capa y espada dificultó la tarea posterior, pero la coalición de izquierda nunca tuvo el tema entre sus prioridades, y fue permeable a las presiones de los militares, que incluso dejaron a Tabaré Vázquez mal parado cuando, en su primer mandato, le proporcionaron información falsa sobre los restos de la nuera del poeta Juan Gelman.
Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, quien desde hace más de 40 años busca a su hermano Juan Pablo, dijo a La Diaria que “estamos igual; con bastante desazón, en la medida en que no se ha avanzado, prácticamente. Al ritmo que vamos, no sé… Serán 100 años o 200 años”. “Falta voluntad política para una investigación seria. Si no hay una orden desde las más altas autoridades -o sea, que el presidente ordene a los servicios de inteligencia que busquen y den toda la información que tienen-, vamos a seguir como estamos”, opinó.
Consideró que los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, desde 2005, se han quedado “en las hojas” y no han “atacado el tronco”. “Es verdad que se está excavando, es verdad que se está sistematizando la información, pero el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) no ha encarado y no tiene la potestad de conformar un equipo de investigación. Y si no hay investigación, se trabaja con datos que vienen voluntariamente. Estamos sujetos a la buena voluntad de los criminales. Es como si cada vez que se comete un crimen en Uruguay llamáramos a la buena voluntad de los ciudadanos para tener información. No, la Policía investiga. Bueno, en este caso la Policía no investiga, el Ejército no investiga, nadie investiga. Por eso estamos desde hace 40 años reclamando por nuestros familiares que están desaparecidos”, agregó Errandonea.
El reciente abandono por parte de los representantes de familiares de desaparecidos del GTVJ, marcó otro de los desencuentros entre ese grupo y los gobiernos del Frente Amplio.
El presidente de ese ámbito de trabajo, Felipe Michelini, situó la responsabilidad de la situación de impunidad en el Poder Judicial. En declaraciones a Radio Uruguay, culpó a ese poder y en particular la Suprema Corte de Justicia, de “legalizar la tortura al negarles a las víctimas la investigación judicial correspondiente”.
Para Nilo Patiño, de Familiares, los tres poderes del Estado son responsables por el mantenimiento de la impunidad. “No hay avances porque no hay voluntad de avanzar. En el contexto de América Latina, habría que mirar bastante para los costados para darse cuenta de cómo viene la mano. Las democracias no están consolidadas si no se trabaja todos los días por ellas, y dejar la justicia pendiente en una democracia significa que la democracia vaya renga”, indicó. Los gobiernos kirchneristas, tan denostados por algunos sectores frenteamplistas, constituyen un ejemplo de hasta donde se puede llegar cuando se impulsan verdaderas políticas de Estado en materia de memoria, verdad y justicia, creando organismos especializados en el ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Una novedad en la convocatoria la aportó este año la Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional, que adhirió a la Marcha del Silencio, junto con el Frente Amplio y con sectores del Partido Colorado, entre otros.
El diputado nacionalista Jorge Gandini manifestó a la prensa, tras participar en un homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz en el cementerio del Buceo, que no estaba de acuerdo con la convocatoria de los jóvenes de su partido. El legislador aseguró que la búsqueda de verdad y justicia “es uno de los temas que han dividido” a la población, y que “hoy las instituciones no peligran, la democracia está definitivamente consolidada. Hoy el Frente Amplio gobierna y el reclamo parece ser al Frente Amplio. Yo no le voy reclamar nada al Frente Amplio”.
El comandante en jefe del Ejército, Gral. Guido Manini Ríos, dijo el pasado viernes, al conmemorarse el 207 aniversario de creación de la fuerza -en la fecha de la Batalla de Las Piedras- que esa fuerza “es capaz de asumir una defensa nacional que incluya a todos los orientales, que sea capaz de disuadir cualquier amenaza, sea esta una agresión externa, una acción terrorista o de cualquier organización que pretenda desconocer nuestro Estado de Derecho”.
María Victoria Moyano Artigas, hija de desaparecidos uruguayos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, dijo que esas declaraciones implican “una apología de la represión interna de las Fuerzas Armadas frente al presidente (Tabaré Vázquez, que estaba en el acto), algo que además es ilegal en Uruguay por estar impedidos de intervenir en asuntos internos, sin que haya tenido consecuencias”.
