Escribe Darío Rodríguez
Horcón del medio
Es indubitable que, desde la cincuentenaria ley de vivienda, -que estructuró el sistema cooperativo- distintas cosas han sucedido; entre ellas una feroz dictadura cívico-militar y el formidable desarrollo de las cooperativas de usuarios. El sistema productor de hábitat se abrió paso dando debates con la derecha y con la izquierda.
El tema de la dificultad en el acceso a la vivienda y un habitar digno se puede describir aportando algún dato. Por ejemplo, una de cada veinte familias tiene problemas con el tema de la vivienda; no obstante la diversidad de programas desplegados desde la política pública.
Una de las dificultades mayores tiene que ver con el acceso al suelo, que debe ser urbano y con todos los servicios en puerta. La tierra es una mercancía objeto de especulación y por ello es imprescindible la participación del Estado regulando e interviniendo en dicho mercado. No hay políticas de vivienda sin política de tierra.
Por ello, el movimiento cooperativo históricamente construyó en las periferias y las propias cooperativas y/o el Estado debieron urbanizar esas porciones del territorio. Paradójicamente, sitios consolidados estaban subutilizados. Además de ir a vivir a tierras baratas, periféricas, también era una forma de privar a sus integrantes del acceso a bienes y servicios. En algunas localidades y en algún periodo del año, por ejemplo, se padece de baja presión en el servicio de agua potable.
El movimiento cooperativo desplegó estrategias para poder acceder a la tierra y ello fue, basicamente, desarrollando los consabidos “métodos obreros”. Entonces se accedía a algún predio del Estado o se negociaba con un especulador privado. No sin obstáculos, legales incluidos, el movimiento consiguió, primero en Montevideo (1991. Intendencia de Tabaré Vázquez), cartera de tierra, luego -con variantes- se fue generalizando la intervención del Estado. Hasta entonces, se continuó generando una ciudad dual, fragmentada, con expulsión de sectores a las periferias y con escasa planificación urbana. La ciudad continuaba siendo un espacio de colaboración y lucha entre sectores y clase.
Hoy no estamos en aquella situación, donde la ocupación de tierras en forma organizada, particularmente fiscales -con todo lo que ello significaba- visibilizaba el problema y dejaba expuesta las políticas que privilegiaban la especulación inmobiliaria y el latifundismo urbano. El FA se encargó de sancionar penalmente a todo aquel que ocupe tierra aunque sea la única forma de tener un lugar en el mundo; ello a raíz de unas ocupaciones acaecidas, años atrás, en Punta del Este.
De todas maneras, subsisten contradicciones, especulación y latifundismo. Por ejemplo, seguimos observando en varios departamentos el fraccionamiento en áreas rurales o suburbanas con fines residenciales; favoreciendo guetos de sectores acomodados.
En un seminario organizado por el Departamento de Apoyo Técnico (DAT-FUCVAM), -con presencia de actores Institucionales, nacionales, departamentales, Institutos de Asistencia Técnica, Federaciones, cooperativistas, Universidad- en las conclusiones del taller “acceso al suelo” se denunciaba el papel de los holdings “que urbanizan como un gran negocio inmobiliario y que ahí podría haber recursos para las carteras de tierras. Hay suelo urbanizado con el esfuerzo de la sociedad, del que se apropian los privados”. Se apropian de la plusvalía urbana.
El mundo se urbaniza y la gente se aglomera con velocidad y vértigo, en eso que llamamos ciudades, a veces enormes megas estructuras. Uruguay no es ajeno a tal tendencia.
David Harvey, demógrafo, entre otras cosas, señala “que la ciudad no ha sido nunca un lugar armónico, libre de confusión, conflictos, violencia. Basta leer la historia de la Comuna de París de 1871 o ver el retrato ficticio de las Bandas de Nuevas York de 1850 trazado por Scorsese para tomar conciencia de cuán lejos se ha llegado…(…)…la ciudad es el escenario histórico de la destrucción creativa. No obstante, la ciudad también ha demostrado ser una forma social notablemente elástica, duradera e innovadora”.
Agregando que “lo que distingue al peor de los arquitectos de la mejor de las abejas -sostenía Marx- es que el arquitecto erige una estructura en su imaginación antes de materializarla en la realidad. Todos nosotros somos, en cierto modo, arquitectos. Individual y colectivamente, hacemos la ciudad a través de nuestras acciones cotidianas y de nuestro compromiso político, intelectual y económico”.
El desarrollo territorial
La organización territorial uruguaya, y su dinámica político-institucional se ubicó en Montevideo -ciudad puerto- y área metropolitana de modo de sacar la producción. Subsidiariamente el litoral sur presentó un relativo desarrollo. De todas maneras se procesan cambios que “suponen -dice el MVOTMA- la intensificación del sistema de ciudades y sus respectivos subsistemas y que involucran al Montevideo metropolitano y al conjunto de ciudades medias del país y a sus áreas locales de influencia”.
Una referencia en cuanto al desarrollo de aglomeración humana es la ley de “centros poblados” del pasado siglo. Desde ahí, hasta nuestros días, sumando otros factores nacionales y tendencias del capitalismo mundial, pasamos a vivir mayormente en ciudades, pueblos o villas.
En el 2011, último Censo de Población, Vivienda y Hogares se expresa que la población viviendo en ciudades o centros poblados trepó del 78 % (1950) al 93.4 %. Según el MVOTMA, en su informe a Hábitat III (Quito. Octubre 16), “esta distribución se ha profundizado con una concentración en algunas capitales departamentales y un importante descenso de la población en muchas ciudades y localidades intermedias y pequeñas e incluso de la población rural en general”.
Construir hábitat social requiere cosas, entre ellas, acceder al suelo y dar frontal batalla al latifundismo urbano y la especulación inmobiliaria. Hoy existe menos opacidad informativa y se sabe, por ejemplo, -luego de investigaciones académicas realizada en la Facultad de Arquitectura- que en Montevideo muchos inmuebles tienen pequeñas deudas, están relativamente bien conservados; por lo que no es descartable que estén especulando con la suba de precios. La “obligación de usar”, es uno de los énfasis de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS)
Políticas de tierra y PSH
El Estado, desde el gobierno central o las Intendencias, comenzó en los últimos años a intervenir en un proceso que algunos llaman de “desmercantilización” de la tierra. La Intendencia de Montevideo fue pionera, luego aparecieron otras, Soriano por ejemplo. Es bien sintomático que las mismas surjan allí donde hay organización gremial.
Este proceso se engarza con la Cartera de Inmuebles de Interés Social (CIVIS-MVOTMA), la propia LOTDS, los instrumentos de ordenamiento territorial y la estrategia de acceso al suelo urbano (ENASU) otras leyes (viviendas degradadas), decretos reglamentarios y una serie de dispositivos. Grafiquemos, entonces, la actuación de la CIVIS con datos al 2015, desde su implementación en 2011. En cinco años de actuación, entregó aproximadamente 65 hectáreas en todo el país. En general, terrenos relativamente pequeños. Se ha observado la escasez de los mismos, no de necesidades, en la zona norte/noreste del país.
Progresivamente distintas Intendencias, con dispar avance y enfoque, construyen carteras. Se pueden mencionar Paysandú, Río Negro, San José, Flores, Rivera, Tacuarembó.
El impacto de la intervención estatal en el mercado de la tierra tiene sus consecuencias. Según el MVOTMA, que dentro del préstamo asigna hasta un 10% para pagar el suelo donde construirá una cooperativa, los terrenos han tenido un valor promedio de 0.686 UR/mts2 y un metraje de 5 mil metros. Si tomamos las 300 cooperativas, levantadas desde el 2008 hasta la fecha se puede verificar que el suelo insumió 5.5 % de lo previsto (10 % valor de tasación) por el Ministerio para abonar el mismo.
A lo anterior se agrega que para ir a la ciudad consolidada, cambiando el paradigma y mudar a una integrada, el MVOTMA otorga un subsidio “por localización”, conocido por subsidio al ascensor que tiene un monto de 250 UR por vivienda. Ello para poder edificar en áreas centrales de la ciudad o consolidadas; en altura. Hay que ver los complejos cooperativos, por ejemplo, en plena rambla de Montevideo, balconeando el Rio de la Plata y ver, ahora, el arribo de cruceros al puerto. Que un trabajador, desde un 7/8 piso disfrute de un mate amargo, parecía algo inaudito.
El cambio de paradigma, con políticas de tierra, también se puede ver en la experiencia que se desarrollará en Paysandú, ex textil Paylana y, eventualmente, en el predio de la ex cooperativa de transporte capitalino, Raincoop. Bien pueden entrar también las hectáreas que liberará en la capital el traslado del ex Mercado Modelo.
Tampoco es casual, tiene algún nexo causal, que allí donde hay políticas de acceso al suelo, el movimiento cooperativo pega un salto. Volvamos a más datos: Montevideo 7260 viviendas; Canelones 2613; Salto 1719; Paysandú, 1332; Soriano 1120. En el otro extremo, Treinta y Tres, 118; Artigas 170; Rivera 292. Aquí gravitan muchos las Intendencias Departamentales.
El MVOTMA se ha propuesto una política para atacar los inmuebles abandonados aunque en su concepción la idea fue asignar esas estructuras a promotores o empresarios para que puedan hacer negocios. No se ha pensado, por ejemplo, buscar la formulación para asignar un bien a una cooperativa, que vienen acumulando experiencia en altura. Por otra parte, esos “esqueletos” o fincas abandonadas están en lugares centrales o intermedios de la ciudad; particularmente en Montevideo.
Meterle diente
FUCVAM, desde su planteo de Reforma Urbana o Acceso a la Ciudad o FECOVI tienen mucha experiencia acumulada para contribuir al desarrollo de un hábitat sin expulsores ni expulsados. Verbigracia, hoy se asume como válida la densificación de las ciudades y, lo que es una novedad, que las cooperativas construyan en padrones dispersos. Ambas cuestiones tienen el propósito de optimizar el equipamiento y servicios ya instalados, muchas veces subutilizados, generando con el cambio ciudades heterogéneas, democráticas, integradas.
El gobierno dice querer promover “un tejido social con características hibridas y multifuncionales, en lo social, lo económico y lo habitacional”. Sobre esto, vale señalar las experiencias, con presencia de las cooperativas, en Barrio Sur, Goes o anteriormente Ciudad Vieja, de Montevideo. Estos tres ejemplos de intervenciones, que recompusieron ciudad y tejido social, vieron la participación de varios organismos del Estado (gobierno nacional, Intendencia) y organizaciones sociales vinculadas a la producción social del hábitat (PSH).
Sin perjuicio, nada menor, que a los avances en cuanto al ordenamiento del territorio y la constitución de cartera de tierra como uno de sus instrumentos, siguen faltando recursos. Otro elemento central es que los PSH y sus organizaciones gremiales han estado relativamente ausentes del proceso; por lo que no se han apropiado de la batería de instrumentos existentes; apropiación que podrá ser crítica.
La realidad señala que el cooperativismo se ha desarrollo con más vigor allí donde hubo políticas de tierra y organización territorial nacional.
Este contexto y la nueva situación, hizo que en oportunidad de la campaña electoral por los gobiernos departamentales (2014) buena parte de sus aspirantes a intendentes vieran que los planteos de FUCVAM, entonces, “eran de recibo” como explicitó alguno de los entrevistados. Dos de los planteos, tenían que ver con la participación en el ordenamiento del territorio y la generación de las carteras departamentales de tierra con Fondo Rotatorio.
