Organizaciones sociales y productores rurales rechazan proyecto de multinacional que pretende represar el arroyo Chinflaco, en la zona de Estación Porvenir
Gentileza La Tribu-Eduardo Rodríguez
Es probable que sean muy pocos los sanduceros que tengan presente que al sureste de la capital departamental existe un arroyo denominado Chinflaco que es afluente del arroyo Rabón y que forma parte de la cuenca del Río Uruguay. Sin embargo, es de esperar que ese curso de agua cobre particular notoriedad en el marco del proceso que impulsan los productores ubicados a su vera y las organizaciones sociales que rechazan la iniciativa de una multinacional que pretende represar ese caudal y destinar esa agua a los servicios de riego. Esto implicaría que el recurso hídrico pasara a ser gestionado por ese actor privado.
El proyecto de la multinacional que pretende represar arroyo sanducero
El rechazado proyecto fue presentado el 7 de agosto de 2019 por Winterbotham Fiduciaria S.A. que es la administradora del fondo de inversión Fideicomiso Financiero Tierras del Litoral. La propuesta incluye la construcción de un dique, su vertedero y la generación del embalse para lo cual se afectarían los padrones identificados con los números 144, 153, 1.666, 6.254 y 6.255 de la Cuarta Sección Judicial de Paysandú. La represa tendría un dique de 460 metros de ancho que generaría un embalse de 54 hectáreas para almacenar 1.195 millones de litros de agua. Es la zona de la localidad de Porvenir distante a unos 53 kilómetros al este de la ciudad capital por ruta 90.
El agua se destinaría a regar cultivos de maíz, colza y soja en un sistema de rotación en una superficie de 500 hectáreas dentro del Padrón Número 144 que abarca unas 900 hectáreas. Los demás predios que incluye el proyecto pertenecen a otros propietarios; habría, según el caso, afectaciones de entre tres y diez hectáreas.
No venga a tasarme el campo con ojos de forastero
Al momento la multinacional no ha logrado acuerdos para poder inundar esas tierras. Uno de los productores que sería afectado, Oscar Gordienko, contó a Radio Centenario que la empresa rechazó el precio que pidió por su tierra por considerarlo excesivo pero argumentó que el extremo de desprenderse de parte de su propiedad implicaría un cambio sustancial en su forma de producción y los obliga a tomar recaudos para el futuro. Además hizo notar el peso del valor afectivo que los une con esos campos heredados de sus abuelos, emigrantes europeos. “A nosotros nos hablan de que tenemos que desprendernos de estas tierras y es como que nos arrancan el corazón”, graficó el productor que tiene 57 años y desde los 12 trabaja en esos lugares.
Ante la imposibilidad de establecer esos acuerdos la fiduciaria promoverá instancias en el plano judicial para lograr la imposición forzosa de servidumbre de embalse. Ese recurso podría promoverse a partir del texto de la Ley de Riego que establece la posibilidad de que se atiendan esas situaciones.
Ya se cumplió la primera audiencia pública y hay fecha para la segunda
Poco después de presentado el proyecto, en lo que los entendidos califican como “tiempo récord”, la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, convocó a la primera audiencia pública en la que los afectados por la iniciativa expusieron sus reparos y los representantes de la multinacional sólo dijeron que “todo está en el expediente” y que nada nuevo tenían para agregar.
La audiencia se constituye en un requisito formal del proceso de autorización y se cumplió el martes 10 de setiembre en la Oficina Regional de DINAGUA en Fray Bentos, en un reducido espacio que contrarió la condición de pública de la actividad dado que varios asistentes no lograron ingresar a la sala.
Esos ámbitos no tienen carácter resolutivo sino que son espacios en los que se debería compartir información, evacuar dudas y enriquecer el proceso con la participación ciudadana. Ya se estableció la fecha para la segunda audiencia, será el lunes 11 de noviembre en principio en la misma sede de Fray Bentos.
Dudan de la constitucionalidad de la Ley de Riego
No sólo rechazan este proyecto los productores cuyos terrenos se pretenden inundar, lo que los llevaría a reconsiderar emprendimientos con décadas de desarrollo; varias organizaciones sociales también se han manifestado en contra tanto de iniciativas de este tenor como de la Ley de Riego que se aprobó en la actual legislatura y que es el marco que viabiliza emprendimientos de este tipo.
Desde los colectivos, caso de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y REDES – Amigos de la Tierra, se sostiene que un proyecto como el que se pretende concretar en Paysandú, y como el que ya cuenta con autorización para su ejecución en el departamento de Durazno, “beneficia a los operadores del capital financiero que encuentran en el agua con destino a riego un nuevo objeto de lucro, desplazando a los productores agropecuarios y al interés social general, que debe estar puesto según el Artículo 47 de la Constitución en el abastecimiento de agua para poblaciones humanas”.
Esas organizaciones sociales presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley aprobada en 2017. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo avaló esa interpretación y dio intervención a la Suprema Corte de Justicia cuya decisión se espera con expectativa. En consecuencia, con el marco legal en pleno proceso de cuestionamiento, parecería pertinente que estos proyectos de inversión se detengan hasta tanto se dilucide el asunto.
Las organizaciones sostienen que la Ley de Riego favorece actividades que hacen peligrar el derecho de acceso al agua potable, minimiza las posibilidades de participación de los ciudadanos en las decisiones y crea “un mercado lucrativo del agua en manos privadas”. A través de esos aspectos se atenta contra lo dispuesto en la Constitución de la República.
Sobre el “emprendedor”
La responsable del proyecto es Winterbotham Trust que tiene su casa matriz en Bahamas y sucursales en Hong Kong e Islas Caimán, entre otros lugares. En nuestro país la firma estuvo involucrada en una denuncia por lavado de dinero al ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, preso en Brasil desde 2017 como resultado de la causa conocida como Lava Jato.
Texto producido a partir de publicaciones de www.diariolajuventud.com, CX 36 Radio Centenario, www.observatoriodelaguaenuruguay.com, declaraciones de integrantes de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y aportes de integrantes de los colectivos movilizados.
