Escribe Juan Pardo
Si hubo algo que caracterizó al Uruguay durante los quince años de gobiernos del Frente Amplio fue el creciente proceso de consolidación de la institucionalidad. Los uruguayos nos estábamos bien acostumbrando a naturalizar las herramientas del Estado como un sistema eficiente que funcionaba por las propias herramientas. Para ser más claros, los programas y servicios de gobierno (aún con sus posibles defectos) operaban sin perjuicio de quien o quienes estuvieran al frente de ellos. A partir del 1 de marzo de 2020, la institucionalización de la gestión se detuvo dando inicio a un preocupante retroceso en el cual la política de la publicidad parece ser la única política no improvisada por el actual gobierno para los próximos años. En términos del filósofo y sociólogo Max Weber, existen tres formas de liderazgo político legítimo, dominación y autoridad: la modalidad carismática, la tradicional y la autoridad legal. La primera de ellas, surge del encanto personal o de la fuerza de una personalidad individual. La segunda, viene de la tradición o la costumbre, Weber la describió como “la autoridad del ayer eterno” y la identificó como la fuente de autoridad para las monarquías. Por último, la autoridad legal es donde una persona o institución ejerce poder en virtud de la oficina legal que tienen. Es la que exige obediencia al cargo en lugar de a la persona investida de ese cargo. Es el tipo de liderazgo que caracteriza a los Estados modernos. Por estos días, observamos cómo se desmantelan políticas y programas que se desarrollaron durante los periodos del Frente Amplio. Algunos funcionaban bien, quizá otros no tanto, pero lo cierto es que esto se traduce en un preocupante proceso de recorte (e ineficacia) por parte del gobierno central en los servicios y atención para los ciudadanos. Oficialmente no ha habido comunicación sobre el desmantelamiento de la mayoría de estos programas, pero en la práctica es sabido que dejaron de funcionar o vienen siendo desarticulados por obra y voluntad del gobierno nacional. Lo grave es que el desmantelamiento no cuenta siquiera con programas alternativos, sencillamente porque el gobierno no los tiene, porque como ya han señalado algunas voces, este gobierno se maneja como una agencia de publicidad. Día a día miles de uruguayos se ven perjudicados en sus bolsillos, no solo porque han visto reducido su poder adquisitivo durante estos meses, sino también porque sus impuestos van a parar a un Estado gobernado por la improvisación y que está más preocupado por la imagen del presidente que por sus ciudadanos. Volviendo a los conceptos weberianos, tenemos un Jefe de Estado empecinado en querer imponer una forma de autoridad no solo anticuada, sino también de la cual está muy lejos. ¿Cómo se puede hablar de carisma cuando apenas fue votado por el 28% de los ciudadanos y ni siquiera es la personalidad del gobierno con mayor popularidad? ¿Acaso podría llegar siquiera a pensar el Presidente, establecer una autoridad cuasi-monárquica cuando fue electo presidente por apenas 30 mil votos de diferencia en un país donde el partido político más votado es el de oposición?
El gobierno está obsesionado en querernos vender la imagen de “gobierno de cercanía” apelando sistemáticamente a la publicidad. Y así, como por arte de magia de la noche a la mañana Lacalle Pou aparece en una frutería, comprando churros, cruzando alambrados, comiendo un asado con obreros y haciendo surf. Casualmente siempre hay alguna cámara que capta cada uno de esos instantes.
También contamos con ministros que se “sensibilizan” con los que pasan (y mueren) de frío, entonces organizan recorridas nocturnas para asistir ellos mismos a los que están en situación de calle. También supimos tener en estos meses, ministros que salieron en helicóptero a controlar que la gente no fuera a la playa durante la emergencia sanitaria. Y así podríamos dar sinfín de ejemplos.
Para el gobierno lo trascendente está en mostrar permanentemente a sus máximas autoridades en “el lugar del hecho”, más que esforzarse por hacer que haya un funcionamiento real y eficiente de la estructura burocrática estatal.
Mientras tanto, se desarticulan programas y se desconoce el rumbo que tomarán otros que supuestamente seguirán funcionando. Porque también aquí hay parte de la estrategia a la que nos acostumbraron los gobernantes en estos primeros meses de gestión: salir a desmentir que se desmantelan programas… pero nunca decir que camino tomarán. Mientras tanto, la ciudadanía es rehén de la improvisación y el silencio oficial. Pero no importa, algunas encuestas dicen que el gobierno de cercanía por ahora sigue viento en popa, a pesar también de que ya son once las autoridades del gobierno que renunciaron, entre ellos el canciller Talvi, “casualmente” el mejor posicionado del gabinete en cuanto a popularidad. A pesar también de las declaraciones y los escándalos permanentes a los que, en tan solo cuatro meses, nos ha acostumbrado la coalición multicolor.
Los gobiernos del Frente Amplio transcurrieron bajo los principios de la buena gobernanza. Es decir, aquellos que son necesarios para mejorar los procesos de toma de decisiones, fortaleciendo la democracia y mejorando el desarrollo social y económico. No es casualidad que nuestro país haya sido destacado a nivel mundial por su calidad de vida.
Con aciertos y con errores, el Frente Amplio gestionó con un modelo de gobernanza moderna, caracterizado por el diálogo y la participación de sectores sociales, sobre todo, los tradicionalmente más olvidados por el poder político.
A contraposición de aquel camino, hoy tenemos un presidente que promueve una Ley de Urgente Consideración la que a su entender es “popular”. Una ley que sin embargo nació por un mero deseo personal de Lacalle Pou (dicho por sus propios correligionarios) y alejada de toda discusión social, elemento nada menor en un país donde la participación ciudadana se venía consolidando. La LUC es una ley que amenaza con destruir mucho de lo que se consolidó en materia de calidad de vida en los últimos años. Una ley que es producto del capricho de un Presidente y contraria al interés de amplios sectores de la sociedad.
Weber planteaba que la dominación legal es la más avanzada y que las sociedades evolucionan desde la mayoría de las autoridades tradicionales y carismáticas hasta las más racionales y legales. La campaña de Lacalle Pou hacia la elección fue bajo las consignas “gobierno para evolucionar” y “cambiar está bueno”. Habría que preguntarle cual es el concepto que maneja sobre evolución y sobre los cambios que están buenos, porque lo cierto es que hoy lo único que aparece en el camino para Uruguay es un grandísimo retroceso.
Todo es cuestión de imagen para el Señor Presidente.
Juan Pardo
