Ingeniero agrónomo Marco García, dirigente del FA
«El agua es constitucionalmente un bien público. Nuestro gobierno autoriza el uso del agua superficial retenida bajo diversas formas y el Estado tiene un rol fundamental, potenciando una ley que tiene más de 20 años y generando la posibilidad del riego.
Si se hace en forma adecuada, con buenas prácticas agrícolas, no tiene un factor contaminante de por sí.
Existe un Plan Nacional de Aguas, cuyo gran objetivo es la cantidad y calidad y asegura el agua para uso humano. Por otro lado incide en el desarrollo sustentable de las sociedades: medio ambiental, económico pero -sobre todo- social.
Con esta ley se mejoran los sistemas de riego corporativos y puede existir también la figura de un operador, pero no es un requisito indispensable.
Por primera vez se define un sistema multipredial del riego y desde el punto de vista de las posibilidades para pequeños productores o emprendimientos que no tenían posibilidad de usar la tecnología, se posibilita el sistema de riego colectivo y esto tiene un impacto directo para los productores de menor escala, mejorando determinadas condiciones productivas.
Teniendo en cuenta los cambios que vemos en el sector productivo, a partir de los efectos del cambio climático, lo multipredial permite -sobre todo a los pequeños productores-, planificar embalses, cultivos, la rotación en tierra menos aptas para la agricultura. Favorece también la integración de diferentes rubros productivos. Por eso es importante esta ley para la accesibilidad de estos pequeños productores.
Por primera vez se aplica la Ley de Ordenamiento Territorial, una de las principales leyes que el gobierno del Frente Amplio aprobó por el Ejecutivo Nacional y a nivel legislativo.
Se dan determinadas condiciones territoriales y medioambientales como es el sistema de riego, teniendo en cuenta la propiedad y posibilidades para esos pequeños productores.
Nuestro país tiene una larga tradición y experiencia en el uso del agua en determinados cultivos, sobre todo en el complejo arrocero y el pago de su uso.
En cuanto a embalses y distribución se realiza una vez finalizado el riego y eso tiene un costo que es asumido por quien usa el sistema de riego.
Una premisa fundamental de la ley es que ningún productor podría quedar sin agua ya sea porque es parte del sistema de riego o esté ubicado aguas abajo de un embalse.
La ley prevé obligaciones y derechos para quienes participan de este sistema.
Debemos decir con respeto que se ha manejado mal alguna información. Hay un grupo importante de organizaciones que están en contra de la ley. El agua no se privatiza. La ley no cambia el concepto de carácter público del agua.
Se enmarcan condiciones sobre las aguas remanentes que se pueden destinar al riego agrícola, pero no se privatiza y menos aún la que consumimos a diario.
Para hacer uso del agua para riego, deben estar las autorizaciones de los ministerios que habilitan las concesiones y permisos como hasta ahora y que son revocables si no se cumplen las condiciones.
Actualmente no aprovechamos el agua de escurrimiento y está teniendo un impacto directo desde lo productivo en Uruguay. Del total de lluvias caídas anualmente, entre 1.200 y 1.300 mm al año, alrededor del 40 % se escurre hacia los cursos de agua y lagunas. De ese volumen, sólo alrededor de un 5% se utiliza en determinados embalses y a partir de ahí, irá para riego. Esta ley pretende aumentar ese porcentaje que queda en los embalses a 10 o 15% que no es más de 50 mm de agua acumulada. Esos valores no interfieren desde el punto de vista del desarrollo ni desde el hidrológico.
Confiamos en la correcta aplicación de prácticas y reglamentaciones surgidas en el gobierno del Frente Amplio. Llevando adelante buenas prácticas agrícolas, de planes de manejo y uso de suelo y criterios adecuados en la utilización de agroquímicos, no tenemos por qué dudar pero siempre podemos seguir debatiendo».
