Escribe Julio Norte
La noticia de que la administración Trump mantiene conversaciones con Uruguay para convertir al país en destino de deportados cubanos ha encendido alarmas y desatado un debate que, en su vorágine, corre el riesgo de extraviar lo esencial. En medio del ruido político y la inmediatez de las agendas, se escucha la voz de nuestra propia historia, una voz que nos recuerda quiénes somos y cuál ha sido nuestro verdadero aporte al mundo en materia de acogida.
El canciller Mario Lubetkin ha insistido en que no hay una negociación formal, sino un «diálogo abierto» que se mantiene desde hace meses, y que Uruguay «jamás hará un acuerdo con ningún país que pueda afectar estos principios» que constituyen «prácticas históricas que le permitieron al país ganar tanto prestigio internacional» . Sin embargo, la sola existencia de estas conversaciones, en el contexto de una política migratoria que desde el propio Frente Amplio ha sido calificada como «deplorable» , merece un análisis que trascienda los comunicados de prensa.
La tentación del oportunismo político
El debate público ha quedado atrapado en una dinámica que no permite profundizar. Por un lado, el gobierno intenta descomprimir explicando que la conversación es parte de la agenda bilateral y que, además, se busca atender una demanda de residentes cubanos en Uruguay que desean reunirse con familiares retenidos en Estados Unidos . Por otro, la oposición interna, aunque crítica de la política migratoria trumpista, parece más preocupada por la gestión política del asunto y por no quedar asociados a una administración cuya política migratoria repudian.
Esta inmediatez, esta necesidad de posicionarse sin demora frente a cada nuevo titular, impide que nos detengamos a pensar con la profundidad que el tema merece. Se discute si hubo o no presión de Washington, si se está cerca o lejos de un acuerdo, si el Frente Amplio debe o no manifestarse. Pero en esa discusión superficial, se diluye el centro de la cuestión: el valor de la vida humana y el sentido de nuestra propia identidad como país.
La mejor historia: una tradición de asilo y hospitalidad
Uruguay no es un país que improvise en materia migratoria. Nuestra historia está marcada por una tradición de puertas abiertas que nos ha dado prestigio y nos ha definido como nación. No fue una concesión a potencias extranjeras ni un cálculo de conveniencia diplomática. Fue una decisión ética, una afirmación de principios.
En 2014, durante el gobierno de José Mujica, Uruguay recibió a refugiados sirios no por interés político, sino porque entendía que era su deber hacerlo. Esa decisión valiente, que priorizaba la vida sobre el cálculo, fue celebrada en el mundo . Siglos antes, el país había abierto sus brazos a inmigrantes que huían de la persecución y la pobreza en Europa, construyendo sobre esa diversidad una sociedad rica y plural.
Esa es la mejor historia migratoria que nuestro país ha generado: una historia de asilo, de integración y de respeto a la dignidad humana. No la de un país que se sienta a negociar con una potencia las condiciones para recibir personas que han sido despojadas de su libertad sin haber cometido delito alguno, como denuncian los críticos de la política de Trump.
Una política que incomoda: el riesgo de la instrumentalización
El gobierno uruguayo ha argumentado que está en conversaciones con Naciones Unidas para comprender las implicancias de esta política migratoria . El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ha dicho que Uruguay «no comparte» la política discriminatoria de Estados Unidos y ha planteado condiciones, como revisar los antecedentes penales de los deportados. Pero estas precisiones, si bien necesarias, no disipan la incomodidad de fondo.
Lo que genera inquietud no es el diálogo en sí mismo, que es legítimo y necesario entre naciones. Lo preocupante es que Uruguay pueda ser percibido como un engranaje de una maquinaria que encarcela a personas por su condición migratoria, que las expulsa sin garantías y que las envía a países con los que no tienen vínculo alguno . El destino al que se condena a estas personas no puede ser una moneda de cambio en el tablero geopolítico.
La profundidad que el momento exige
Urge un debate más sereno, menos atado a la coyuntura y más anclado en la reflexión de fondo. ¿Qué significa para Uruguay ser un «tercer país seguro» para deportados de una administración que criminaliza la migración? ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de integración que esto implica, más allá de la mera recepción? ¿Cómo garantizamos que estas personas no sean tratadas como mercancía descartable de un sistema migratorio cada vez más cruel?
La política migratoria de Estados Unidos, con su endurecimiento de controles y su búsqueda de «terceros países» para deshacerse de los migrantes, es una política que violenta los derechos humanos. No podemos, desde la comodidad de nuestra retórica, hacernos los desentendidos. Nuestra historia nos exige más. Nos exige una posición ética clara que no se diluya en medias tintas ni en cálculos de oportunidad política.
Uruguay debe recordar su mejor legado: el de la hospitalidad genuina, la del asilo que no se negocia ni se instrumentaliza. Ese es el camino para no perder el alma en un mundo que, con demasiada frecuencia, olvida que detrás de las cifras de las deportaciones, hay personas, familias y sueños rotos. La inmediatez del debate político no puede nublar esa verdad esencial.
