Escribe Mariannina Álvarez
Semanario 20Once
Entre otras materias pendientes, continúan las dificultades para aplicar la ley que permite el aborto.
En 2016 ya son 105 los expedientes iniciados en los juzgados de familia, en base a la ley contra la violencia doméstica. La norma habilita a que se denuncie también a las mujeres, y se contemplan situaciones de violencia entre padres e hijos, o hermanos, entre otros. Pero son las denuncias que formulan las mujeres en el marco de sus relaciones de pareja las que predominan ampliamente. Las medidas cautelares previstas en la ley, de amplia aplicación por las sedes judiciales son la prohibición de acercamiento a la denunciante, en general por un radio de 200 metros, así como de comunicarse por cualquier medio, teléfono o redes sociales. La extensión de la medida oscila entre 90 y 120 días. También casi en la totalidad de los procesos judiciales se fijó una pensión alimenticia en favor de los hijos, y se ordenó el retiro del hogar del denunciado, o dispuso el reintegro de la mujer en caso que ésta haya debido dejarlo como consecuencia de las situaciones de violencia.
Otra iniciativa adoptada cada vez con más frecuencia por los magistrados, es la imposición a los denunciados de la obligación de concurrir a reuniones de alcohólicos anónimos.
Los casos analizados refieren a contextos en que no medió violencia física, amenazas, o cualquier conducta que constituya delito, y en los que, al menos en teoría, se trata de prevenirlos.
Aborto inseguro
La reciente muerte de una mujer de 21 años en Maldonado, como consecuencia de las complicaciones de un aborto clandestino, trajo al centro del debate las dificultades para que se efectivicen las garantías previstas en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Como ocurre en otros departamentos, la objeción de conciencia planteada por los médicos de la salud pública y privada impide a las mujeres acceder a un aborto seguro. En Paysandú, solamente dos ginecólogos lo practican, y en otras ciudades ninguno, obligando a las interesadas a trasladarse a Montevideo para acceder a un derecho consagrado en la ley.
Amnistía Internacional (AI) denunció el uso de la objeción de conciencia por parte de los médicos y los perjuicios que genera a las mujeres en la situación de querer abortar.
La ley fue sancionada en 2012 y el decreto que la reglamentó regula la objeción de conciencia tanto de los galenos como del personal sanitario. La reglamentación limita su aplicación a la no prescripción del fármaco abortivo o a no realizar la interrupción del embarazo, aunque los obliga a participar en todos los procedimientos previos y posteriores.
En el informe de la organización se señala el caso del departamento de Salto, donde todos los profesionales son objetores.
“La solución que encontró el Ministerio fue enviar dos veces por semana a una ginecóloga que atiende en el servicio público y privado. Entonces, las mujeres tienen que saber cuándo va la médico, cuándo están los profesionales… se está afectando a su derecho para cumplir con su voluntad”, subrayó AI. Esta demora en los trámites puede determinar que quienes pretenden interrumpir el embarazo, excedan los plazos establecidos en el decreto: 12 semanas como máximo en los casos generales, 14 cuando es fruto de una violación y sin límites cuando existen riesgos para la vida de la mujer.
El documento destaca que esa situación puede llevar a las mujeres a recurrir a “circuitos ilegales” para abortar. Según datos divulgados en agosto del año pasado por la ONG Mujer y Salud en Uruguay (Mysu) en Young o Mercedes el 100% de los ginecólogos son objetores de conciencia, así como el 87 % en Paysandú, el 82 % en Soriano (suroeste) y el 43 % en Río Negro (oeste).
“Es necesario tener un debate sobre la objeción de conciencia y su uso. En otros ámbitos es una herramienta de lucha útil pero en este caso, cuando un médico decide que no puede (practicar un aborto) por su conciencia, es el Estado el que tiene que garantizar que la mujer va a poder cumplir con su voluntad, por más trabas que haya”, recalcó AI.
En comparación con el resto de la región, Uruguay es uno de los cuatro -junto a Puerto Rico, Cuba y Guyana- que tiene una legislación en la que se consagra que las mujeres pueden, de forma voluntaria, interrumpir el embarazo.
“Existen situaciones mucho peores en países como El Salvador o Chile, donde hay mujeres privadas de libertad por haber abortado”, apuntó.
El informe indica que desde la entrada en vigor de la ley en Uruguay, prácticamente se han erradicado los fallecimientos por esta causa. Pese a que de que estaba penado por ley hasta 2012, entre 1995 y 2002 se estimaba que tenían lugar, en promedio, unos 33.000 abortos ilegales cada año en Uruguay, según cifras del Ministerio de Salud.
Hostigamiento contra las mujeres
La directora de Mujer y Salud MYSU, Lilian Abracinskas, resaltó que Uruguay “sigue pensando a las mujeres como sujetos tutelables y no como sujetas de derecho” y en especial señaló que los Estados, “por acción u omisión, no avanzan en el reconocimiento de derechos y garantías para acceder a los derechos sexuales y reproductivos, y además no protegen a los defensores de derechos humanos”.
Abracinskas comentó este lunes el informe de AI, que tuvo como telón de fondo el asesinato político de la luchadora ambientalista Berta Cáceres, en Honduras. La directora de MYSU reconoció que: “Hasta antes de leer este informe, yo nunca había tomado conciencia de que, como defensora de derechos humanos, pudiera estar en riesgo”. Por tal motivo, exhortó a leer, comentar y promover el informe junto a las generaciones más jóvenes, “con nuestros hijos, con nuestras compañeras en las organizaciones”.
Mediante entrevistas, revisión de documentos y de casos judiciales, ¡Defensoras bajo ataque! da a conocer casos en los que se ha buscado crear estigma y descrédito en las defensoras y sus organizaciones, como los de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local en El Salvador, y de MYSU. El informe consiguió establecer patrones de conducta de hostigamiento y persecución, que se reiteran en toda América Latina, como: deslegitimar, calumniar, agredir, insultar, ponerte bajo sospecha, relacionarte con tráfico ilegal de órganos o narcotráfico, y “resignificar cosas que habíamos vivido y que no le habíamos dado esa dimensión”, añadió Abracinskas. En este sentido, sostuvo que “es prudente que Uruguay tome recaudos sobre estas acciones, para prevenir y denunciar estos hechos”.
“Los movimientos sociales y las organizaciones somos sustantivos para vivir en democracia. Necesitamos que el Estado reciba denuncias, investigue y tome medidas de protección. Los ataques a defensoras de derechos humanos tienen como cometido silenciarnos a quienes queremos cambiar las cosas”, añadió.
Abracinskas también denunció ataques y persecución de la bancada evangélica uruguaya: “Están reproduciendo campañas fraudulentas que desprestigian a nuestras organizaciones, ponen bajo sospecha los fondos que recibimos, repitiendo patrones de calumnias y hostigamientos… Espero que el Parlamento frene este ataque, ya que no podemos demandarlos por injurias porque se amparan en su inmunidad parlamentaria”, subrayó.
