EL FRACASO DE UN MODELO.
Los chilenos rechazan las AFJP.
Por Horacio R. Brum. Santiago de Chile.
En un compromiso tácito con los sectores que construyeron el modelo económico a la sombra de la dictadura de Augusto Pinochet, los políticos que dirigieron la transición a la democracia en Chile mantuvieron casi sin cambios el sistema neoliberal. Por ello, en este país prácticamente no existe la educación gratuita, la salud es un negociado desde las clínicas hasta las farmacias -en el cual atenderse en el sistema público o en el privado puede significar la diferencia entre la vida y la muerte-, y quien viva mucho tiempo corre el riesgo de quedarse sin jubilación.
Respetando a rajatabla aquello de que “la ropa sucia se lava en casa”, las clases dirigentes chilenas han proyectado al exterior la imagen de un país próspero y ordenado y los turistas quedan fascinados por los grandes centros comerciales, donde se compran ropas de moda y artículos electrónicos a precios relativamente bajos. Sin embargo, así como los habitantes de este país modelo solamente pueden entregarse al consumismo mediante una cadena interminable de créditos y el orden se mantiene con una dosis considerable de represión, bajo la fachada del progreso existe una de las sociedades más desiguales del continente. Según las cifras del Banco Mundial, Chile está en el decimocuarto lugar a nivel mundial y en el sexto de la región en desigualdad de la distribución del ingreso; considerando el coeficiente de Gini, una cifra estadística según la cual 1 o 100 representan la máxima desigualdad, se encuentra por sobre los 50 puntos, muy arriba de Uruguay o Argentina y en un nivel que ha cambiado poco desde el fin de la dictadura. Así, el ingreso de un integrante del 10% más rico de la población es 2700% mayor que el de quien está en el 10% más pobre.
Desde 2006, cuando los estudiantes de secundaria salieron a las calles para exigir el fin del lucro con la educación y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza pública, el espejo de autocomplacencia en que se miraban algunos sectores de Chile ha comenzado a fisurarse y ahora la ciudadanía está pidiendo el cambio radical, de otro de los “artículos de exportación” del modelo económico: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que en su versión uruguaya se conocen como AFJP, también inventadas durante la dictadura de Pinochet. Una manifestación de 100.000 personas se realizó en Santiago recientemente, como el comienzo de una campaña para presionar al gobierno de Michelle Bachelet para que ponga fin a un sistema en el que los trabajadores son obligados por la ley a entregar el 12% de sus salarios a empresas privadas que no garantizan una jubilación de por vida. En términos simples, cuanto más longeva sea una persona, más se achicará su haber jubilatorio, hasta quedar en cero si vive más años que el máximo calculado por la AFP.
El año pasado el gobierno recibió un informe de una comisión de expertos encargada de analizar el sistema, cuyos datos son una virtual condena. La mitad de los jubilados hasta 2014 recibe alrededor de 123 dólares; las mujeres cobran menos del 50% que los hombres y ocho de cada diez pasivos tienen un haber inferior al salario mínimo. Si se tiene en cuenta que un medicamento para la hipertensión cuesta 10 dólares la caja, en tanto que otro para el colesterol puede llegar a los 80, ni en un país tan religioso como Chile puede un jubilado hacer el milagro de vivir, o siquiera sobrevivir, con 123 dólares. Por eso, casi la mitad de los habitantes de la tercera edad está en situación de pobreza.
Los dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones sí que están protegidos de la pobreza, porque a sus cofres entra aproximadamente 1,5 millón de dólares por día, proveniente del 2% con que se quedan del aporte de los trabajadores, en concepto de comisión. Por otra parte, los 170.000 millones de dólares que las empresas manejan como si fueran de su propiedad, porque nadie puede retirar lo que les ha entregado, incluso después de jubilarse, sirven para aportar capital a los grandes grupos empresariales, mediante la inversión en acciones. Según el ejemplo dado por una Organización No Gubernamental (Fundación Sol) que estudia los problemas del trabajo, sólo uno de esos grupos recibió el año pasado 4.500 millones de dólares. Además, muchos de los representantes de esos conglomerados tienen intereses en las AFP y se sientan en los directorios, junto a ex ministros y funcionarios de los gobiernos de todos los colores políticos.
La presidenta Bachelet está intentando hacer algunos cambios a las AFP, para reducir las injusticias, pero ya descartó cualquier posibilidad de un sistema mixto, en el que convivan las Administradoras con un mecanismo de pensiones estatal, y las empresas están haciendo valer el peso en la economía de los 170.000 millones de dólares que manejan, para evitar cualquier cambio de fondo. Sea como sea, lo que parece estar claro y puede servir de lección para aquellos países, como Uruguay, cuyos gobiernos están poniendo demasiada fe en el sistema de jubilaciones privadas, es que este es otro de los fracasos económico-sociales chilenos que no se ven o no se quieren ver allende los Andes.
