Cecilia Bottino, diputada del Frente Amplio por Paysandú
El proyecto integral contra la violencia hacia las mujeres es prioritario para nuestro gobierno y fuerza política. A través del Consejo Nacional Consultivo de Lucha Contra la Violencia Doméstica, creado por la ley, se previó la instrumentación, tipificación de delitos y distintos procedimientos, priorizando la necesidad de erradicar esta problemática.
Plan de Acción y políticas públicas
El Consejo Nacional de Género la definió como el primer problema urgente en el marco de las políticas públicas de Género. Tenemos mujeres, niños, niñas y adolescentes que padecen violencia en todas sus formas, hasta la más cruel que es el homicidio basado en Género o Femicidio.
Las organizaciones de la sociedad civil reclaman hace más de 20 años mayor impulso a las acciones que aporten soluciones y que nuestro Estado apruebe esta ley integral. El Poder Ejecutivo estableció un Plan de Acción interinstitucional para construir una política pública que dé cuenta de las raíces culturales de esta problemática y aporte respuestas especializadas.
Previó, además, los marcos normativos; recogió aportes de las investigaciones y estudios comparativos realizados en la región.
Los motivos
La ley debe ser integral, para unificar en una sola norma, conceptualmente, la dimensión del flagelo, que no se reduce a las parejas o ex parejas, sino que se verifica en el espacio público, instituciones, ámbitos políticos, laborales, procesos administrativos.
Las leyes integrales tienen que incorporar las competencias de los distintos ámbitos institucionales: sanitario, educativo, comunicacional, laboral, de vivienda.
Este es uno de los motivos por el cual el Poder Ejecutivo trabajó interinstitucionalmente en este proyecto de ley, entendiendo que se requiere un cambio cultural y por tanto, respuestas institucionales desde todos los ministerios, abarcando sus competencias.
Todos colaboraron para acordar este Plan de Acción que permita instrumentar verdaderas políticas de Género.
Evitar la revictimización
La mujer víctima de violencia de Género tiene que circular por juzgados, comisarías, tribunales de familia, penales, reiterando una y otra vez el relato de su sometimiento. Para evitarlo, el proyecto prevé la creación de tribunales especializados en esta materia y en lo administrativo, para no favorecer su revictimización. Incluye otras medidas para casos de agresión sexual, laboral, estableciendo protocolos de actuación para facilitarle ese transcurrir en los procesos.
Otra medida es la reparación del daño evaluando -por ejemplo-, que la mujer no puede seguir en la vivienda cuyo dueño o titular es el agresor.
Un código adaptado a nuestros tiempos
No menos importante es la normativa penal establecida en el proyecto para adecuar delitos que no son coherentes con una mirada de la violencia de Género. Nuestro Código Penal es de 1934. Mantiene un vacío legal como la tipificación de la violencia sexual. El nuevo proyecto de ley contiene varios artículos dedicados a estos casos, que pasan a ser una conducta delictiva y por lo tanto, se establece una pena.
Considerando hechos aberrantes a los que hemos sido sometidos como sociedad mediante el uso de los medios informáticos y redes sociales para captar la voluntad de niños, niñas y adolescentes, el proyecto lo considera delito porque provoca situaciones violentas.
Este tipo de leyes son avanzadas e imprescindibles. Sabemos que no es la única salida. Tenemos que comprometernos como sociedad a pensar y aplicar los cambios culturales necesarios para una convivencia comprensiva, colocándonos en el lugar de la víctima.
Debemos comprender que hay hechos que dejaron de pertenecer a la vida privada y nos demandan compromiso e involucramiento. En cada uno de nosotros está contribuir para que cese la violencia y no nos maten a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
