Darío Rodríguez
En la pasada edición de 20once, el ingeniero Benjamín Nahoum se refería a un tema central: la asignación presupuestal para las políticas públicas de vivienda. Si se volviera a la asignación específica, prevista en la cincuentenaria ley de vivienda, hoy doblaríamos la asignación presupuestal y, tal vez, nos evitaríamos hacer sorteos para asignar créditos o lo que pasará éste año, suprimir un sorteo. Todo vuelve al principio: la insuficiencia de recursos.
Deberíamos, más allá del debate sobre el déficit -cuanti y cualitativo- construir 10 mil viviendas por año para incidir en el mismo. Contar con vivienda adecuada incide fuertemente, por ejemplo, en la salud de la gente, en las condiciones de aprendizaje de los niños; en definitiva, en la calidad de vida y en el pleno ejercicio de los derechos humanos.
No obstante la centralidad de los recursos; en definitiva cuáles son las prioridades que se da un país, desde su gobierno, queremos reflexionar sobre algunos instrumentos de la política pública.
Rediseño
El gobierno del FA, se tomó su tiempo (tres años) para rediseñar las políticas públicas, así creó nueva institucionalidad (ANV), saneó un BHU que lo habían quebrado y estableció nuevos procedimientos -pautados por plazos- para acceder a un préstamo, generando instrumentos que propiciaban buenos negocios empresariales; renuncia fiscal mediante. Esto ha tenido sus luces y sus sombras, pues no siempre se escucharon los planteos de las organizaciones de largo arraigo e implante territorial.
Es cierto, aunque habría que indagar más a fondo, que el sistema cooperativo se expandió con más profundidad por todo el territorio nacional, dando cuenta de su bondad, apareciendo el plan de vivienda sindical, con régimen de propiedad individual, con un rol más activo de algunos gobiernos departamentales. Prueba de ello es la expansión del sistema en Soriano.
Apropiación
La ciudad, la polis griega, es un espacio en disputa; donde confrontan intereses, visiones e interactúan, colaboran, distintos grupos sociales. Se pugna `por su control.
La situación urbana se caracterizaba por extensión irracional de la ciudad (los pobres a las periferias), terrenos centrales subutilizados, altos costos en la ampliación de infraestructura, servicios, equipamiento, pérdida de tiempo para movilizarse y segregación socioespacial.
Desde el 2008, existe la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (LODS) Sobre dicho aniversario (10) se han hecho infinidad de encuentros y recordatorios.
Históricamente las organizaciones vinculadas al hábitat reclamaron, con gente en la calle, reforma urbana, cartera de tierra. La ley, que no es una panacea, sí un instrumento -ampliamente desarrollado en otros lares- posibilita planes de ordenamiento locales, supradepartamentales, regionales, como asimismo constitución de carteras de tierra.
La mengua en la participación ciudadana, a la vieja usanza, quizás sea la que genere la paradoja de no aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece dicha ley desde el punto de vista de a producción social del hábitat. La misma prevé instancias de participación nacional y departamental. Debería existir un trabajo de apropiación de la misma, evitando correr el riesgo de ser cooptado por la institucionalidad y ser su correa de trasmisión. Lo interesante es, sin perder la independencia política, incidir en la planificación de la ciudad, discutiendo usos del suelo, de su infraestructura y servicios. En distintos departamentos se han presentado planes de ordenamiento sin mayor involucramiento de las organizaciones; siendo muchas veces un mero trámite.
A partir de la LODS, se han registrados ciertos avances desde el punto de vista legislativo; dándole al gobierno central y a los departamentales un rol preponderante. Ya sabemos que quien controla el acceso al suelo, controla la ciudad. De ahí la importancia de relevar en manos de quién está la tierra en la ciudad y cuál es su uso. Hacerlo, desde el Estado, con determinación. Además, es vital la vigorización de la cartera nacional de tierra -armada por el FA- y sus “gemelas”, las departamentales. La inicial experiencia de Montevideo, constituyendo cartera de tierra, contribuyó, al menos, a la expansión del sistema cooperativo en la capital del país y, caso del casco histórico, a integrar población, democratizando el acceso a bienes culturales y servicios. Esto se hace viable en la medida que las organizaciones del hábitat presionen fuertemente; el sistema imperante tiende a la opacidad informativa y a la especulación.
La línea desarrollada en los últimos años, con fuerte rol de la Intendencia montevideana, -desde su cartera- ha posibilitado “la puesta en valor” de una zona (Barrios Sur-Palermo) deprimida, tugurizada. Decenas de edificaciones cooperativas en altura, dada las características de los suelos, -caros, chicos-, generaron procesos constructivos, densificando la trama y recomponiendo tejido social. Evitando procesos de gentrificación, -una de las formas en que se traduce la violencia- y mitigando dolorosos procesos de exclusión y expulsión.
A la par de darle mayor musculatura a las carteras de tierra, hay que seguir caminando en la lógica de densificar y utilizar territorio central, con servicios e infraestructuras consolidadas.
En esta línea de acción se inscribe el proyecto, en curso, en las 4 hectáreas, consolidadas, de la ex textil Paylana. Un muy buen proyecto pergeñado desde la Intendencia Departamental. Su implementación ofrece una serie de reparos. Esto será objeto de una próxima nota.
