Reconstruir Fondo de vivienda
Darío Rodríguez
Desde el próximo mes y hasta diciembre instituciones del Estado, Universidad de la República (UdelaR) y Federaciones participarán, en la capital del país, de un conjunto de actividades, a propósito de los 50 años de la ley de Vivienda (LV). La ocasión es propicia para intentar reflexionar sobre lo que la misma generó.
Cincuenta años después vemos que la ley de vivienda (LV) puso marco al posterior desarrollo -con algún antecedente por entonces, incluyendo el litoral- del movimiento cooperativo; hoy incorporado en diversas partes de América Latina. Esta debe ser una de las consecuencias más significativas: la transferencia del sistema de la mano de una organización como FUCVAM y sus diversos militantes y dirigentes.
En el país, los barrios cooperativos, generando ciudad y valores, son la prueba elocuente de la potencia que, con las condiciones adecuadas, puede generar la gente organizada.
Sus señas distintivas
El marco legal que es eso, marco legal, sufrió los avatares que padeció el país. Desde este octubre, con el día mundial de los Sin Techo, señalando a fuego las desigualdades en nuestras comarcas, autoridades, academia y organizaciones reflexionarán sobre la LV.
El marco, entonces, estableció cierta institucionalidad, la universalidad del derecho del acceso a la vivienda, las características de ésta, potenció, a través de las cooperativas, la producción social de hábitat, tema extremadamente relevante, fomentó la planificación y la descentralización al tiempo que creó la UR y el Fondo de Vivienda. Combinó modalidades (ahorro previo y ayuda mutua), diseñó crédito y tipos de subsidios. Incorporó el régimen de usuario, -propiedad colectiva- uno de los rasgos distintivos de la ley y reaseguro familiar; la vivienda sustraída al mercado inmobiliario. Generando un propuesta contra hegemónica.
La ley, naturalmente, no previó todo. Por ello se le fueron agregando cosas, algunas lamentables, como en los 90 -administración de Luis Lacalle Herrera- los núcleos básicos evolutivos.
Una de sus imprevisiones fue la constitución de cartera o bancos de tierra. La inicial DINAVI la estructuró hasta que la dictadura desmontó todo. Años después con mucha lucha de la gente organizada, el primer gobierno municipal frenteamplista en Montevideo -década del 90- inauguró la cartera de tierra. Con cierto rezago, otras Intendencias y el MVOTMA dispusieron de dicho instrumento. El acceso al suelo, no cualquier suelo, en tanto una mercancía más del sistema, es medular. Por estas épocas la imprescindible intervención del Estado ha instalado al pujante movimiento cooperativo de vivienda en lugares intermedios y centrales de la ciudad de Montevideo. Basta ver el desarrollo en ciudad vieja y en la zona de Barrio Sur y Palermo; construyendo cooperativas afiliadas a FECOVI y FUCVAM; consiguiendo un mejor aprovechamiento del suelo y ampliando soluciones. Revalorizando espacios e integrando sectores sociales. El proyecto en la Ex Paylana transita esta lógica.
Complemento
La LV tiene un complemento en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible -para muchos una ley programática- de la cual falta apropiarse, a diferencia de la del 68.
Ahora, recomponer el fondo de vivienda, desestructurado tras la reforma tributaria, es un imperativo de la hora; iniciativas no han faltado. Ya hay estudios que señalan la pérdida de recursos, en el entorno de los 160 millones de dólares, que ocasionó dicha reforma. Pese a toda la parafernalia el Estado destina tan solo el 0.4 % del PBI a la vivienda. Recientemente se conoció que el gobierno comprometió a la dirigencia de FUCVAM que se destinarían recursos para otras 3 mil viviendas. Sabemos que la rendición de cuenta, en trámite parlamentario, asigna 900 millones de pesos para el 2019 y 300 para el 2020.
Los 50 años de la LV pueden ser una ocasión propicia para que todos los actores, desde sus respectivas perspectivas, contribuyan a vigorizar y potenciar la producción social de hábitat.
Regularizar la precariedad
Según datos del Instituto de Estadística y Censo (INE) del Uruguay la pobreza, entre 2004 y 2017 bajó del 40 al 8 %; sin embargo la población -entre un 5/6 %- viviendo en asentamiento no disminuye. El fenómeno (el mismo se define como un conglomerado con, al menos 10, viviendas precarias, ocupando generalmente un predio fiscal, carente de servicios básicos) tiene su complejidad.
Quizás la política de regularización, -que no es una política habitacional- contribuya a la escasa o nula modificación de las cifras. Se estima que 165 mil familias viven en 589 asentamientos y que existe un déficit habitacional en torno a las 80 mil viviendas (Aunque hay debate sobre las cifras) Al regularizar, el Estado realiza obras de infraestructura y establece servicios, luz, agua, saneamiento.
El Estado, que desde el Plan de Mejoramiento Barrial (PMB-MVOTMA) trabaja en los distintos asentamientos de consuno con las Intendencias involucradas, no se ha planteado otra política con estos sectores y debería incluir la vivienda. Ahí seria sustancial el aporte de las organizaciones de hábitat.
Datos oficiales dan cuenta que en Montevideo se eliminaron solo dos asentamientos donde vivían 1.800 familias y se regularizaron 100. Saliendo del área metropolitana, en Salto existen 24 asentamientos. La Intendencia dice que el fenómeno no ha crecido, permaneciendo estancado. En cambio en Artigas, Treinta y Tres y Rivera aumentaron. No tenemos datos de los otros asentados -sectores pudientes- que optaron por “huir” de la ciudad encerrándose en country, lejos de los pobres. Usufructuando todos los servicios e infraestructura y viviendas costosísimas.
Una mirada a América Latina, -el continente más desigual- de la mano de la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) nos dice, datos 2017, que en dicha zona del planeta hay casi un 31 % de pobres; tres años atrás era de 28 %. Varios gobiernos ayudaron y ayudan a engrosar la cifra. Buena parte de los pobres se hacinan en pensiones, favelas, villas miserias, asentamientos y otras denominaciones. Exclusión, marginalidad y reproducción de la pobreza en ciudades duales, violentas.
