Adelanto edición papel de mañana jueves
¿Quién recoge el guante?
Un planteo programático
Escribe Darío Rodríguez
La IDP tiene la oportunidad, en tanto responsable territorial del departamento, de seguir generando proyectos que democraticen el acceso a la ciudad servida y reorienten uso del suelo. El proyecto en curso en la Ex Paylana oficia de disparador de otras iniciativas.
Durante la administración del escribano Álvaro Lamas, la Intendencia de Paysandú (IDP) aprobó un decreto sobre cartera de tierra; sin mayor aplicación. En el período de Julio “Nino” Pintos, la Intendencia adjudicó algún terreno y apoyó cooperativas. Siempre lejos de una cartera de tierra con fondo rotatorio.
En el actual período, el proyecto en la Ex Paylana parece ser un serio intento por conformar la cartera para lo cual habrá que revisar el decreto existente. En estos asuntos es clave la participación de la comunidad organizada.
Ordenar una ciudad, en el marco de la constante y sistemática urbanización de las poblaciones a nivel mundial, requiere recursos económicos, instrumentos, recupero de patrimonio y decisión política. La ciudad, como se sabe, es un espacio en disputa y colaboración entre distintos sectores y clases sociales.
Instrumental
Si bien el país ya contaba con algún instrumento ordenador como la ley de centros poblados, desde el 2008 se dispone de más herramientas legales, entre ellas la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS) que habilitan la conformación de cartera o banco de tierra.
Más adelante Rodríguez afirma:
«El corralón departamental, de 1.4 hectáreas (R. Negro, Zorrilla, Herrera y Solís) tiene, aproximadamente, la mitad de su superficie edificada. Seguramente parte de su estructura podría ser reutilizada y resignificada».
«El inmueble que tiene un valor de mercado entre 1.7 y 2.2 millones de dólares, permitiría construir entre mil y mil 200 viviendas -con un factor de ocupación del suelo de un 40 -50%- y una altura similar a la previsto para Paylana.
Estimaciones preliminares, indican que realojar las actividades logísticas y oficinas municipales allí emplazadas, -hechas a nuevas con conectividad y en observancia a lo dispuesto por plan de ordenamiento- costaría unos 2 millones de dólares. Vendiendo, por ejemplo, las fracciones a las cooperativas, de acuerdo a lo que presta el MVOTMA para adquirir la tierra se recaudaría por encima de su valor».
