Darío Rodríguez
El país, pasada la semana de turismo, se introduce en el ciclo electoral, teniendo como primer mojón las elecciones internas en los distintos partidos. La ola neoliberal -y otras circunstancias- que surca el continente pone complicadas las cosas para los sectores medios, trabajadores y de mayor vulnerabilidad social. En función de tal episodio parece interesante comenzar a adentrarse en la política de vivienda implementada por el progresismo.
Inversión
En el presupuesto quinquenal vigente, (2015-2020), además de mensurar las inversiones que se pensaban realizar en la etapa, se hizo un enganche con las políticas que se venían desarrollando desde la asunción del FA al gobierno nacional en el 2005.
A los efectos prácticos, digamos que el MVOTMA dispone anualmente, actualizado por IPC, (en pesos) 240 millones de dólares. Tales recursos significan el 4 por mil del PBI. Dentro de tal asignación cerca de la mitad se destina a las cooperativas. Esto hace decir al Ministerio que hay una fuerte apuesta al sistema cooperativo. Se puede leer en la fundamentación presupuestal: “el incentivo del MVOTMA a este programa parte de la evaluación que es de los que mejor responde a los objetivos de integración social, solidaridad, empoderamiento de los participantes y de acercamiento multidisciplinar a la atención de la problemática de vivienda. Asimismo, se destaca la participación de las cooperativas en el diseño, la corrección y la gestión del programa, a través de las cuatro organizaciones de segundo orden que existen en el país”.
Dentro de la Comisión Asesora de Vivienda (COAVI) del MVOTMA, citada por primera vez en el 2005 y con participación variopinta, el gobierno asumió frente a las Federaciones la concreción de 10 mil viviendas cooperativas. Se hace difícil mensurar si se alcanzará tal cifra en virtud de que no es clara la contabilidad. Se suman viviendas de periodos anteriores, en construcción, por construir, ingresadas a los sorteos. El Ministerio ya señala que alcanzaría tal cifra.
Las Federaciones, en su momento, argumentaron la necesidad de construir 14 mil viviendas por año para dar fuerte golpe al déficit; número también objeto de controversias. A juicio del ingeniero Benjamín Nahoum, docente universitario y asesor de FUCVAM, “sigue siendo poco como se prueba en los sorteos con las cooperativas que quedan afuera, y muy poco si la demanda no estuviera acotada por la misma fijación de cupos”. Entiende que “si los préstamos fueran más fluidos, seguramente se formarían más cooperativas que las que hay ahora”. El presupuesto, desde hace unos 30 años, no sufre mayores modificaciones. No obstante se presuponía que era una de las prioridades del FA. De todas maneras el Ministerio eludió discutir “números” en la COAVI. Alguien dice que sin recursos, solo quedan los discursos.
Estribar
La actual conducción de las políticas públicas de vivienda (PPV) abrevó en cambios institucionales, normativos, instrumentales y financieros prohijados desde la asunción del FA al gobierno. Por ejemplo, saneamiento del Banco Hipotecario (BHU), -que continuó operando con sectores de mayores ingresos-, creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), -incorporando la oposición en su Directorio- para ejecutar la política del MVOTMA que pasó a definir las mismas. Con bastante demoras, tres años, modificó la financiación a las cooperativas (creando primero la reglamentación 2008, luego la 2011; unificada luego en la 2015); celebró convenios de regularización de adeudos, largamente discutidos con las Federaciones que favorecieron a cientos de familias cooperativas. Desde el Parlamento se crearon la ley de Fomento del Cooperativismo -dando nacimiento al INACOOP- y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Concomitantemente, el MVOTMA instrumentó la Cartera de Tierra de Viviendas de Interés Social (CIVIS), luego vio nacer el Plan Juntos y el de Vivienda Sindical; el primero desde presidencia de la República (período anterior), el segundo desde organizaciones sindicales. Bajo el argumento de llegar a un sector de la población al que el programa cooperativo dejaba fuera, reactivar industria de la construcción y recuperar zonas consolidadas aprobó una ley con variadas exenciones a los empresarios y, cuando quisieron poner tope a los valores de la vivienda, estos protestaron efusivamente. Un apartamento de dos dormitorios se vendía a 120 mil dólares; con la mitad construyen las cooperativas. La renuncia fiscal aumentaba el lucro empresarial.
El MVOTMA junto a la ANV se planteó actuar sobre el stock. Dos iniciativas que llevó adelante fue recuperar “esqueletos” de edificios y terminarlos; en algunos casos implicó largos procedimientos. Dispone, por otra parte, de una ley (Fincas degradadas) –bastante inocua- para actuar sobre la propiedad privada.
Buena parte de los programas, al bajar a los territorios, tuvieron en las Intendencias un interlocutor que acompañó, con disparidad, las distintas iniciativas.
Apareció el subsidio a la permanencia en la vivienda (un larguísimo reclamo, recientemente ley) y se aceitaron los controles hacia las cooperativas y los Institutos de Asistencia Técnica.
La actual gestión, que no modificó sustancialmente el equipo al frente del MVOTMA estableció que “los sucesivos gobiernos (FA) han desarrollado un proceso de consolidación de políticas urbano-habitacionales en políticas de Estado, lo que ha implicado asumir que las mismas deben considerarse como parte de las políticas sociales y dentro del sistema de protección y bienestar social del Estado”. El gobierno esboza la idea de hábitat, lo que trasciende la idea de vivienda; por lo que “el derecho a la vivienda adecuada es un concepto que va más allá del mero hecho de contar con un techo y cuatro paredes. Es el derecho de todo hombre, mujer, joven, niño/a, a acceder y mantener un hogar y una comunidad seguros de poder vivir en paz y dignidad”, señala.
Continuidad
Dentro de la continuidad unificó reglamentaciones (prescindiendo del sistema de franjas) y diseñó su estrategia sobre acceso al suelo; convocando a distintos especialistas y organizaciones. Estableció una tasa de interés en los préstamos fuertemente cuestionada por las Federaciones y, hasta el momento, se muestra inflexible en su revisión. Por otra parte, las últimas gestiones, no solamente con su acción, ha extendido el modelo cooperativo a territorios donde antes del 2005 su presencia era casi marginal. En materia de acceso al suelo se pueden anotar tres componentes: la CIVIS, el aliento a la confección de carteras departamentales (es notable el incremento de cooperativas donde hay carteras) y, de la mano de ello, la recomposición del tejido social y la densificación de las distintas ciudades. A este respecto las Federaciones vienen realizando su aporte.
La densificación, asociando vivienda, hábitat e integración social en proyectos de impactos, por ejemplo, Ex Paylana, y, en particular, construir en lotes dispersos, parecen ser las apuestas del tramo final.
Corresponderá, enumerado los programas de la PPV, realizar un examen crítico de la misma, su impacto, alcance social y territorial.
