COVID-19, LUC, Presupuesto y después
Benjamín Nahoum(ª)
Al asumir (y aún antes, cuando preparaba esa asunción), las preocupaciones del nuevo gobierno se centraban casi exclusivamente en los aumentos de tarifas e impuestos a imponer inmediatamente para disminuir el déficit fiscal (su enemigo número uno), y en el envío perentorio al Parlamento del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) de 500 artículos, pieza maestra de la campaña electoral del Partido Nacional, que debía estar aprobado antes que las cámaras tuvieran que vérselas con el Presupuesto 2021-2025.
Mientras tanto, en nuestras antípodas, en la milenaria ciudad de Wuhan, que la mayoría de nosotros no sabía que era una de las principales de China y más poblada que cualquier capital europea, hacía ya semanas que había irrumpido una nueva variante de coronavirus, bautizada luego como COVID 19 (el propio nombre denuncia su fecha de aparición). La característica de este coronavirus es su gran trasmisibilidad, y por ello cundió el temor que fuera incontrolable, al hacer colapsar los sistemas sanitarios.
Pero China queda muy lejos, al otro extremo del mundo, 18.000 quilómetros de distancia, por lo que no parecía que el problema fuera a afectar seriamente a nuestro paisito. Sólo que 18.000 quilómetros son un día de viaje en avión, y mientras el gobierno saliente preparaba su salida, el entrante su entrada, y ambos la transición, los aviones seguían trayendo gente que venía de remotos y no tan remotos lugares, a algunos de los cuales ya había llegado el COVID 19.
Así que el 13 de marzo, cuando todavía no habían pasado dos semanas desde que Luis Lacalle Pou participara en una oración interreligiosa en la Catedral con motivo de su llegada a la presidencia, el virus estaba tan instalado en el país que el gobierno debió decretar la emergencia sanitaria, y sus prioridades cambiaron. Ahí empezó la cuarentena, que aún dura, y quién sabe hasta cuándo.
Las cuarentenas también son milenarias y se utilizan para evitar que se expanda una enfermedad: se aísla al enfermo, y así se evita la propagación. Pero aquí no era posible determinar quiénes estaban enfermos: porque los síntomas no son inmediatos, porque incluso a veces no los hay, y sobre todo por la limitada capacidad de nuestro sistema sanitario para hacer los exámenes necesarios. Por lo cual se decidió aislar a todo el mundo, enfermos y sanos, y eso trajo consecuencias previsibles, pero no por ello menos inesperadas.
En primer lugar, el país se paró. Se suspendieron las clases, los espectáculos públicos y toda concentración de personas, y el #Quedateencasa pasó a ser la consigna del combate. Pero entonces se pararon también las fábricas, los servicios, y cualquier forma de trabajo que supusiera contacto social. Con lo cual la producción se detuvo, o casi, y miles de personas redujeron sus ingresos, al pasar a seguro de paro o directamente ser despedidas, o ver imposibilitado el desarrollo de sus actividades por cuenta propia.
Entonces se redujeron enormemente los ingresos fiscales (muchos impuestos y aportes no se pagan si no se trabaja y produce) al tiempo que aumentaban enormemente los egresos (por los costos de atender la emergencia sanitaria, pero también la social creada por el paro o directamente el desempleo). Y aunque el gobierno no renunció a la suba de tarifas e impuestos, ni a los recortes en las inversiones (incluidas las sociales) que ya había decretado, debió aceptar que en estas condiciones el déficit fiscal no bajaría sino que crecería (¿a un astronómico 7, 8%?) y que el PBI no seguiría creciendo sino que se reduciría, quizá hasta en un sorprendente 5%, salto atrás sólo superado por los de 1982 (rotura de la “tablita”) y 2002 (gran crisis económico-financiera en la presidencia de Jorge Batlle).
El gobierno creó un Fondo de Coronavirus para atender estos problemas, pero los recursos para ese fondo no está claro de dónde salen, si no es de Rentas Generales, y entonces eso implicaría sacarlos de otro rubro. Se instrumentó un impuesto a los sueldos altos (no a las rentas altas ni a los patrimonios altos, sólo a las remuneraciones altas), que no reportará demasiado, y las gremiales agropecuarias “donaron” las deudas del Estado con el INIA e INAC, como si fueran propias, y sirviera para algo eliminar lo ya postergado. Resolvieron también renunciar a la devolución del impuesto a la venta de semovientes, sin que esté claro si quienes los venden están de acuerdo con esa renuncia.
El Poder Ejecutivo resolvió, finalmente, enviar al Parlamento la LUC (que no trata estos temas pero trata muchos otros que no parecen tan urgentes) en un momento en que, por la cuarentena, los parlamentarios tienen serias dificultades para reunirse, y la sociedad civil mucho más serias para poder estudiar las propuestas y opinar.
La LUC entrará al Parlamento a fines de abril o principios de mayo, y, si no tiene un tratamiento express, saldrá a fines de julio, a tiempo para no chocarse de frente con el Presupuesto Nacional, que el Ejecutivo debe remitir al terminar agosto. El presupuesto contiene muchas cosas, pero la fundamental es cuánto dinero va a gastar el Estado y en qué, y de dónde lo va a sacar, por lo que, lo que allí esté contenido signará el devenir del próximo lustro.
Una cosa que debería preocuparnos a todas y todos, especialmente, son las políticas sociales a establecer, los recursos que se les destinen y el origen de esos recursos. Porque es sabido a esta altura, salvo para los liberales fanáticos, que cuando se desmantelan los sistemas de seguridad social, la sociedad se sacude, y la gente de bajos recursos se cae.
Y esto vale para todas las políticas sociales, pero en particular en el caso de la salud, los actuales ejemplos de Italia y España, donde años de neoliberalismo desmantelaron la seguridad social en aras de una supuesta libertad de mercado, son irrefutables en ese sentido. No en vano, siendo países con mucha menos población, han sufrido el mayor impacto en la actual pandemia, comparativamente incluso mayor que el del gigantesco Estados Unidos, otro caso claro de país en que la salud es sólo un tema de mercado.
Es imperioso, por lo tanto, que el próximo presupuesto no eche por la borda lo que se avanzó en materia de políticas sociales, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, el Sistema de Cuidados, la revalorización de salarios y prestaciones sociales, el impulso a las cooperativas en el sector vivienda, el reconocimiento de la economía social y solidaria, y otros ejemplos. Que no solucionaron los problemas, pero avanzaron en la dirección correcta.
Por lo tanto habrá que postergar los ajustes de la macroeconomía hasta que la microeconomía de las familias y las personas lo permita, y en todo caso nunca más allá de lo que permita el mantenimiento, por lo menos, y el fortalecimiento, en lo posible, de las políticas sociales, con base en la contribución de los sectores que pueden hacerlo. Como una cuestión, más que de urgente consideración, de urgente resolución.
(ª) Ingeniero civil, docente universitario, vinculado desde hace mucho tiempo a los problemas sociales y en particular a la problemática de la vivienda, especialmente del cooperativismo, y autor de investigaciones y escritos sobre el tema.
