Orejeando el próximo Plan Quinquenal de Vivienda
Benjamín Nahoum
especial para 20Once
En entrevista reciente[1], a tres meses de su asunción en el cargo, y a otros tres de la presentación al Parlamento del Plan Quinquenal de Vivienda 2021-2025, la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Dra. Irene Moreira, sostuvo que “(…) la construcción de viviendas será el ´gran motor´ que empuje a la economía luego que Uruguay supere la crisis sanitaria”, y eso porque “(…) la construcción mueve todo, porque están todas las áreas, los barraqueros, ferreteros, carpinteros, hasta el panchero de la esquina”, lo que es muy cierto.
La ministra dice además en ese reportaje que “tenemos conocimiento de que hay un déficit muy grande de vivienda”[2], y aunque en otra nota de mediados de abril[3] habla de construir cuarenta mil viviendas, en ésta señala “Sé que decir quiero cumplir con tanta cantidad de viviendas, igual que decir: quiero asentamiento cero, son palabras muy lindas de escuchar, muy lindas de leer, pero puede ser utópico. Yo lo que sí me comprometo es a tratar de reducir al máximo los números de asentamientos”. Pero “tratar de reducir” no es lo mismo que “reducir”, y “reducir” no es lo mismo que “eliminar”, de modo que es legítimo tener dudas al respecto.
De todos modos, la cuestión no se va a dilucidar haciendo declaraciones periodísticas, sino otorgando recursos en el presupuesto. El país hace muchos años que, con diferentes gobiernos, no supera o supera muy poco el cinco por mil del Producto Bruto Interno en sus inversiones públicas en vivienda. Con eso se puede hacer lo que se hizo, en algunos momentos mejor y en otros peor; en algunos programas, como las cooperativas, con muy buenos resultados, y en otros, como el de las “viviendas promovidas” también con muy buenos resultados en cuanto a las inversiones captadas, pero pésimos en cuanto a sus objetivos, dado que se pretendía llegar a “los sectores socio-económicos bajos, medios bajos y medios de la población”[4] y las viviendas de tres dormitorios cuestan casi doscientos mil dólares.
El problema está entonces en cuánto se destina y a qué se destina. Porque ya hemos gastado en vivienda mucho dinero muy mal (a principios de la década del ochenta y a finales de la misma) sin que ello contribuyera a reducir el muy grande déficit de vivienda, y ya hemos probado (lo venimos haciendo hace muchos años) con invertir poco, esperando un milagro como el de los panes y los peces, y el resultado también ha sido frustrante. Porque sin recursos, sólo hay discursos.
Entonces, la cuestión está en incrementar sensiblemente la inversión del Estado, dotando al Plan de Vivienda de recursos suficientes y estables (para que no dependan de lo que pasa en cada presupuesto, en cada rendición de cuentas o en cada ajuste fiscal) e invirtiéndolos en aquellos sistemas de producción que han probado en las últimas décadas su mayor eficiencia, de lo que sin duda son ejemplo las cooperativas de vivienda. Porque si construimos lo mismo a costos más bajos, hacemos más con el mismo dinero, y con ello ocupamos más mano de obra, al tiempo que resolvemos más problemas de vivienda.
A fines de agosto el próximo Plan Quinquenal de Vivienda deberá entrar al Parlamento, junto con el Presupuesto Nacional. Ése será el escenario para procesar estos cambios, y para aportar las mejores soluciones es necesario que su discusión sea amplia, abierta, y con participación de todos los actores, desde los sindicatos a las empresas, desde los agentes inmobiliarios a las organizaciones sociales de vivienda. Y, desde luego, de los organismos públicos involucrados y de “la academia”.
El marco jurídico para hacerlo ya existe: es la Comisión Asesora (COAVI) de la Dirección Nacional de Vivienda, donde esos actores intercambian información, opiniones y propuestas. Sólo hace falta convocarla con tiempo, como se ha hecho en los últimos períodos, dotarla de toda la información necesaria, y después, recoger sus opiniones. Para lo cual, sin descuidar la macroeconomía, la opinión de las calificadoras de riesgo y el déficit fiscal, habrá que priorizar el déficit social.
[1] En el diario “La República”, edición del 31-5-2020.
[2] En la Comisión Especial del Senado que trata la Ley de Urgente Consideración, el subsecretario del MVOTMA, Dr. Tabaré Hackenbruch, estimó ese “muy grande” en cincuenta a sesenta mil viviendas. Otros cálculos lo elevan a ochenta mil, lo que lo haría más grande todavía. En 1968, cuando se elaboró y aprobó la Ley Nacional de Vivienda N° 13.728, el déficit se estimaba en poco más de ochenta mil viviendas.
[3] En el diario “El País”, edición del 19-4-2020.
[4] Ley N° 18.795 de 2011, artículo 3°. Para lograr ese objetivo el Estado exonera de impuestos a las inversiones privadas realizadas con ese destino, lo que se suponía generaría un abatimiento importante de los costos y sólo parece haber generado un incremento importante de las ganancias de los inversores.
