Escribe Darío Rodríguez
El gobierno nacional recortó gastos e inversiones (15 % en cada ítem) en forma indiscriminada; en el propósito de “hacer caja”, sin tocar sectores concentrados, ni de altos ingresos y muchos menos gravar la riqueza. No está en su ADN. En la volteada puso la tijera sobre la Universidad de la República (UdelaR). Luego alienta que se aplauda a los científicos. En tal descortesía hay mucho prejuicio ideológico. La UdelaR -con mirada país- viene contribuyendo al combate de la pandemia.
“Especialmente preocupante es la determinación que el control de identidad podrá efectuarse en cualquier caso, «cuando la Policía así lo requiera”…
El Cenur Litoral Norte, fruto de un fecundo e interesante proceso descentralizador, surcado por complejidades, es un claro ejemplo de lo sostenido. Digamos que en Sede Salto un laboratorio de primer nivel contribuye a realizar diagnósticos de Covid 19, al tiempo que Paysandú, -en acuerdo interinstitucional-, se propuso confeccionar mascarillas. También se podría mencionar la ayuda desde Tacuarembó. Concomitantemente, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio financiará proyectos que tengan incidencia en relación a la pandemia. Uno de los tantísimos aportes que desde los distintos servicios realiza la mayor institución generadora de conocimiento del país. Por lo que el interior comenzará a visualizar la importancia, en todo sentido, de disponer in situ de la misma.
“las protestas -y el piquete como una de sus modalidades- son indispensables para la consolidación democrática, por lo que suponen un uso legítimo del espacio público y del ejercicio de las libertades de reunión y de expresión”.
La UdelaR, formadora de investigadores, profesionales diversos, -que se entrelaza con la comunidad y sus distintas organizaciones y sectores sociales e institucionales,-tiene entre otras atribuciones “…contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”. (Fragmento artículo 2 de su ley orgánica) Ello lo hace, además, “con la más amplia autonomía”. (Fragmento artículo 5 ley orgánica)
Con rigor académico, a partir de distintos colectivos interdisciplinarios, se expidió sobre la ley de urgente consideración (LUC) con media sanción en el Senado; actualmente a consideración de Diputados. Además por “las implicancias directas e indirectas que tiene la temática educativa en ese proyecto en una Institución como la UdelaR” y por “la dificultad que ha enfrentado la sociedad civil para pronunciarse sobre esos temas antes las convocatorias en plazos y tiempos extremadamente breves”.
Sobre el capítulo educación plantea “la constitución de un Sistema Nacional de Educación Pública, que asegure mecanismos de coordinación entre el MEC y los entes autónomos de la enseñanza”. El plan nacional de educación “lejos de ser excluyente, …(…)…, debe ser producto de la deliberación de la que participen la más amplia diversidad de actores sociales, ….(…)… y que supere la visión que restringe esta prerrogativa al P. Ejecutivo excluyendo a los educadores como parte de este proceso”. Se propone, dada la profusión de antecedentes, “revisar la eliminación del Instituto Universitario de Educación y la futura dependencia del MEC de la nueva institucionalidad que se propone”. Pasa que el Partido Nacional tiene aversión al mecanismo de cogobierno. En este capítulo expresa opinión sobre el “sistema nacional de becas” y el “procedimiento voluntario de reconocimiento de nivel universitario de las carreras de formación docente”. Solicita la mantención “en todos sus términos, las restricciones a la operación de Instituciones con fines de lucro en el sistema educativo uruguayo. Por esta razón, propone mantener la redacción original de la Ley General de Educación”.
Sobre los contenidos en seguridad ciudadana expresa que son “en general regresivos en materia de derechos humanos y contravienen la legislación nacional vigente, la normativa internacional y sus orientaciones doctrinarias, así como las recomendaciones de investigadores y académicos en la materia”. Erosiona garantías“y ambientan la reproducción de la violencia estatal e institucional al conferir amplia discrecionalidad a las agencias de control social sin fortalecer mecanismos institucionales que la prevengan”. Alerta que se pueden generar situaciones no deseadas. En relación con los “estupefacientes”, prescinden de lo sanitario “en favor de medidas punitivas que resultan simbólicas y represivas”. Ello no “reducen el uso problemático de drogas ni disminuye los niveles de violencia”; tiende a aumentarlos. Las modificaciones a la “Ley de Procedimiento Policial y el Código de Proceso Penal presenta riesgos para las libertades republicanas al ampliar las facultades de la Policía y relajar los controles a los que debe someterse”.
.“Especialmente preocupante-señala la extensa declaración- es la determinación que el control de identidad podrá efectuarse en cualquier caso, «cuando la Policía así lo requiera”…Si la persona no contara con documento de identidad, la Policía estará facultada a conducirla a sus dependencias”. Ello abre la puerta a detenciones arbitrarias, disminuye garantías y pone en riesgo la convivencia pacífica. Asimismo cuestiona los cambios en relación a los adolescentes en conflicto con la ley.
Para la UdelaR es “inadmisible” la restricción del derecho de huelga pues “intenta reglamentar el ejercicio de un derecho fundamental” por lo que “incumple mandato constitucional”. Entiende que no son equiparable este derecho “con la potestad del empleador de ingresar a una empresa, así como que se proclame un nuevo derecho del no huelguista”; siempre considerado un carnero o rompehuelgas. La libre circulación atenta contra el derecho a la protesta pacífica con el agregado de detener a una persona ante ·”hechos de apariencia delictiva”. En su sólida fundamentación indica sin excitación que “las protestas -y el piquete como una de sus modalidades- son indispensables para la consolidación democrática, por lo que suponen un uso legítimo del espacio público y del ejercicio de las libertades de reunión y de expresión”. Los cambios parecen consistentes con el modelo social que se viene a aplicar en el marco de una severísima crisis económica en ciernes.
La declaración se explaya sobre economía y empresa públicas haciendo algunas consideraciones. Se puede activar el “lavado de activos, la evasión fiscal, la corrupción y la informalidad”. Finalmente hace apreciaciones sobre el sistema de áreas protegidas. Al marcar la existencia de una degradación ambiental que tiene que ver con el modelo de desarrollo, “los cambios previstos, -introducidos por alguna “mano blanca”, lobysta empresarial- tendrían un impacto negativo directo”.
La declaración puede leerse, al igual que el conjunto de documentos que le dieron sustento, en la página institucional. El trabajo universitario es contundente en cuanto a esta propuesta regresiva, limada un poco en el Senado y con cierto tufillo autoritario.
