Karina “Chavela” Blanc integra la Mesa de desarrollo rural de Paysandú. Vive a casi 80 kms. de la ciudad capital y dialogó con 20Once sobre la actualidad de los productores rurales ante el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto.
La misma que está a estudio del Parlamento consigna Blanc plantea un futuro poco auspicioso por los recortes que tendrá que afectan sobremanera a los pequeños productores.
A título de ejemplo citó que “se va a reducir a la mitad el personal del Ministerio de Ganadería, no se repondrán vacantes, se han reducido inclusive las horas que trabajan. Si hay menos gente te quedás con una estructura vacía, con una cáscara” sin contenido.
Agregó que “se reduce el Plan agropecuario en el presupuesto en un 15%, la dirección de desarrollo rural tendrá 42% menos y el Instituto de Colonización que en definitiva da soberanía con 90% menos de presupuesto”.
Esto se traduce en palabras de Blanc en que “no va a haber técnicos para ir al campo, para difundir la política pública, para fiscalizar”.
La mesa se integra por pequeños productores que en líneas generales tienen dificultades de acceso a la institucionalidad.
Lo que sucederá es que “personal se quedará en una oficina que no podrá moverse y eso no sirve para los productores familiares que viven en el campo, que tienen dificultades de acceso a la institucionalidad”.
La mesa rural es un marco importante “donde uno puede reclamar, proponer ideas y también conocer que política pública hay”.
También consignó la dirigente que se reduce el presupuesto del INIA que se ocupa de la investigación, por lo tanto “el Estado no debe aportar para investigación” señala el proyecto.
Además “se elimina el Fondo de emergencia agropecuaria que se creó en 2008. El Estado hace un aporte” y ejemplificó contando que en esa crisis el Estado compró ración en Argentina y los productores accedían y pagaban en cuotas”.
Muchos productores no cuentan con póliza de seguro y quedarán al descubierto.
En otro orden el Fondo de la granja mantiene presupuesto pero se crea el instituto de la granja pero “no sé dice de dónde se sacará la plata”.
Chavela remarca que la mesa de desarrollo rural abarca un amplio espectro, social-empresarial- productivo- ambiental.
Los pequeños y medianos productores “son los que generan más fuentes de trabajo” y “los que dan soberanía alimentaria”.
Documento presentado por la CNFR
ACERCA DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL 1. Lo primero que queremos expresar, es una cierta contradicción entre los objetivos propuestos para este proyecto de Ley, expresados en el 2 “Mensaje y Exposición de Motivos” referidos a la importancia del Desarrollo Rural, los cambios propuestos para la gestión de las políticas públicas en este sentido y el desarrollo rural a través de la generación de bienes públicos a gestión y la asignación presupuestal que surge del análisis, para áreas estratégicas que, a nuestro juicio, son prioritarias para la aplicación de estas políticas. Entendemos que, de aprobarse el Art. 259, se afecta el nivel institucional y operativo para el Desarrollo Rural Integral. 2. CNFR exhorta a mirar con mucha atención el papel del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el desarrollo de los territorios rurales, como una de sus funciones más importantes y como una política clave para un desarrollo nacional dinámico, armónico y territorialmente equilibrado. La afectación de la dotación de personal del MGAP, en la medida que un guarismo del orden del 50% de sus recursos humanos se encontrará en condiciones de retiro durante el quinquenio, la no provisión de vacantes y en relación al presupuesto asignado para el desarrollo rural, dejan muchas dudas sobre la calidad de sus servicios en el futuro y la capacidad de articular servicios con otros organismos, en especial en materia de desarrollo rural. 3. La CNFR señala el debilitamiento institucional que supone para el Instituto Nacional de Colonización (INC) la reducción en la asignación presupuestal prevista para que el Instituto pueda cumplir su papel legal. La modificación que introduce la Ley de presupuesto en el Art. 570, la incertidumbre que genera el cambio introducido en el Art. 64, así como el monto previsto para el Fondo de Colonización, significa un retroceso en la capacidad de proyección colonizadora, aspecto que perjudica a los productores familiares con problemas de escala, a los jóvenes rurales aspirantes a tierra y a los arrendatarios con tenencia precaria. Tan solo considerando el presupuesto asignado en el presente proyecto, se identifica una perdida del 90% de fondos presupuestales asignados a la tarea colonizadora. 4. Se resalta la preocupación en cuanto al monto de presupuesto que efectivamente se llegue a destinar por parte del Estado para la investigación agropecuaria a través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Por otro lado, a través de los Art. 568 y 569 se modifica la ley de creación del INIA e Instituto Nacional de Semillas (INASE), lo que significa un cambio sustancial en el diseño institucional, dejando de forma voluntaria el compromiso del aporte de la contraparte del Estado, con la consecuente incertidumbre que genera eso a la hora de la planificación y proyección de líneas de trabajo a mediano y largo plazo como la que están llamados a asumir estos institutos, sumado a dificultades presupuestales que ya se venían acarreando con anterioridad. Por otro lado, no se explica que dicho 3 diseño institucional, siendo ejemplo a nivel mundial de un instituto de investigación agropecuaria con el cofinanciamiento entre productores y Estado y de coparticipación en la gestión del mismo, se lo quiera modificar; además de que a través de consultorías externas se ha concluido que por cada peso que se vuelca al INIA el retorno es de 16. 5. Fondo de Emergencia Agropecuaria. (Art. 258). Si bien compartimos desarrollar los seguros agrícolas, esto no debería afectar los recursos destinados a la atención de las consecuencias generadas por catástrofes climáticas o derivadas de plagas y/o enfermedades que no cuenten con mecanismos de cobertura disponibles. 6. Fondo de Fomento de la Granja (FFG). Si bien el FFG mantiene su presupuesto, nos preocupa cual será el financiamiento del futuro Instituto de la Granja ya que, no está comprendido por el presente proyecto de Ley y no sería bueno destinar fondos del FFG a financiar la estructura de funcionamiento del Instituto a crearse. 7. Plan Nacional de Agroecología. No se identifica de qué forma prevé el Presupuesto Nacional aportar al Financiamiento del Plan Nacional de Agroecología, teniendo en cuenta que es una línea de trabajo que se debe considerar como una de las líneas de trabajo a priorizar dentro del conjunto de políticas diferenciadas para el desarrollo rural. 8. Incertidumbre y preocupación en torno a la creación de la “Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria”, Art. 271. Se generan dudas acerca de la forma en la que será considerada la opinión de los productores en torno a este tema tan importante, sobre su efectivo acople institucional y el rol de aporte y articulación con el Plan Nacional de Agroecología. 9. Unidad Agroalimentaria de Montevideo (UAM) Art. 274 a 275. Entendemos que la forma y el momento del planteo, dado que está muy próxima su inauguración, no fueron correctos, además de haber sido en forma totalmente inconsulta no solamente con la intendencia, sino con las gremiales granjeras en los ámbitos correspondientes. Luego de las diferentes derivaciones, entendemos que lo más oportuno sería eliminar estos artículos, más allá que compartimos las preocupaciones vinculadas a los posibles costos adicionales, las dificultades de los más pequeños para su traslado y la necesidad de mejorar la gobernanza. 10.Queremos manifestar preocupación por el cambio de “ruta tecnológica”, que implica el artículo propuesto en torno al combate a la mosca que 4 ocasiona la bichera y que se basa en el “apagado” de ciertos genes en las moscas macho para evitar la reproducción, frente a la esterilización. La estrategia que se viene desarrollando hasta el momento, se apoya en investigaciones científicas coordinadas y articuladas entre el INIA, el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el Instituto Pasteur que entendemos deberían ser consideradas, y sopesadas las consecuencias favorables y desfavorables de ambos modelos tecnológicos. 11.Finalmente, manifestamos nuestra preocupación por el recorte presupuestal que podría estar teniendo MEVIR, siendo la vivienda rural y la vivienda productiva aspectos también fundamentales para el desarrollo rural integral.
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