Una ley cada treinta y cuatro horas
Benjamín Nahoum
Entre el 23 de abril y el 8 de julio del año pasado (setenta y seis días) el Parlamento Nacional aprobó no menos de cincuenta y cuatro leyes, o sea un promedio de una ley cada 1,41 días, o treinta y cuatro horas. Si esta marca no figura ya en el Libro Guinness de récords mundiales es, simplemente, porque los ingleses no miran muy seguido para aquí abajo.
El estratega de esta proeza es el presidente de los uruguayos, Dr. Luis Lacalle Pou, que envió al Legislativo el 23 de abril un proyecto que, al ser finalmente aprobado, tendría quinientos un artículos, ocho secciones y cincuenta y cuatro capítulos, cada uno de los cuales corresponde por lo menos a lo que sería una “ley normal”. Y les dio un máximo de cien días para tratarlo, con la advertencia constitucional de que, si no lo desechaban expresamente o aprobaban uno sustitutivo, al cabo de los cien días quedaría aprobado tácitamente. Algo así como la carroza que se convierte en calabaza a la media noche, pero al revés.
Para lograr esto, el Presidente se basó en el artículo 168, literal séptimo de la Constitución de la República, que da al Poder Ejecutivo la posibilidad de catalogar un proyecto de ley como de “urgente consideración”, lo que obliga al Parlamento a tratarlo con prioridad en esos brevísimos plazos. Sólo que ese mismo artículo, en su primer literal, dice que “El Poder Ejecutivo no podrá enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado”. El Presidente, en una jugada genial, salvó esa pequeña dificultad ¡con una engrampadora!, simplemente uniendo los más de cincuenta y cuatro proyectos en una sola carpeta, y de esa manera puso en marcha el récord, ahora conocido como “la LUC” (ley de urgente consideración). Claro que no todo el mundo vio este pase de magia con los mismos ojos. El célebre constitucionalista Dr. José Luis Korzeniak escribió en un informe sobre la LUC: “el envío al parlamento de un proyecto de ley con esa insólita profusión de más de medio millar de artículos, que tratan prácticamente todos los temas del país (urbanos, rurales, civiles, penales, procesales, públicos, privados, de derechos humanos, de alimentación, de ética, de moral, de códigos, de leyes sobre temas concretos, etc.), concentrando todos los puntos que prevé la totalidad de la temática legislativa -imaginada por el numeral 3° del art. 85 de la Constitución para la probable actuación de por lo menos una o varias legislaturas- y hacerlo además con “declaratoria de urgente consideración”, no sólo es formalmente inconstitucional, sino un verdadero exabrupto jurídico.” Y el profesor emérito de la Facultad de Derecho, Dr. Juan Pablo Cajarville, que no es frenteamplista como el anterior, sino nacionalista como el presidente, en un artículo de prensa escribió, aun antes del envío del proyecto al Parlamento: “La extensión textual del anunciado proyecto y su amplitud temática, ambas materialmente inabarcables en los plazos constitucionalmente previstos, hacen prever razonablemente que, de ocurrir así en los hechos, finalmente el proyecto resultará aprobado por el régimen constitucional de sanción ficta, sin pronunciamientos explícitos de los órganos legislativos. Sea esa la finalidad realmente perseguida por el Poder Ejecutivo (…), o se tratare de un resultado objetivo de esa conducta que procurara otras finalidades, en ambos casos se configuraría un comportamiento ilegítimo del Poder Ejecutivo, que viciará de inconstitucionalidad las normas legales que así se perfeccionen (…)”. Pero estas objeciones también quedaron salvadas: como comunicó eufórico el Senador Gustavo Penadés, uno de los fieles escuderos del Presidente, en otra jugada genial: el mismo Parlamento decidió el 28 de abril que todo estaba bien, que el procedimiento era constitucional y que por lo tanto se seguiría adelante. Repicar las campanas y estar en la procesión: el propio Parlamento, o mejor dicho la propia mayoría parlamentaria, es la que juzga su propia conducta y decide que esa conducta es encomiable. Y de ahí al récord había un solo paso: 18 en 31, 57 en 99 y si no está en el Guinness, ellos se lo pierden. Pero es sabido que, para los uruguayos, batir un récord es sólo un desafío para volverlo a quebrar: el 18 de diciembre, a poco más de cinco meses de la aprobación de la LUC, en un solo día, las dos cámaras legislativas discutieron y aprobaron lo que luego sería la ley 19932, que reglamenta el art. 38 de la Constitución, referido al derecho de reunión y el 37, que tiene relación con el ingreso y egreso de personas al país. Y así estableció un nuevo récord.
Pero hay más, porque la vida sigue. La propia LUC había dispuesto la creación de una comisión de expertos que en noventa días debía hacer un diagnóstico del sistema previsional y en otros noventa proponer las reformas que entendiera necesarias. Esto ya está en marcha. Quizá sea la oportunidad para batir una vez más el récord legislativo.
El gobierno express ha llegado y aparentemente para quedarse. ¿Y la participación social, en este país que es de todas y todos nosotros? Porque estos plazos ultrarrápidos no sólo impiden a los legisladores estudiar, discutir y resolver con propiedad y profundidad. También impiden a la sociedad: impiden participar.
