Ec. Pablo Borche
La Unidad reguladora de servicios de energía y agua (URSEA) RECOMENDO desde el punto de vista exclusivamente técnico, que con el nuevo formato de precio de los combustibles por Precio Poder Importación (PPI) deberían subir las tarifas en el territorio Nacional, dado que el precio del petróleo subió significativamente y este representa el 54% de la composición del precio del Gasoil y el 41,4% de la Nafta[1]. Esto es un hecho.
La nueva forma de tarifar los combustibles está regulada en la ley 19889 art 238, que está prevista justamente para marcar el precio que correspondería de forma técnica y transparente para evitar que la coyuntura “política” o “el lector puede llenar este espacio con lo que quiera” marque un precio del combustible de manera discrecional. Esto es otro hecho.
En Uruguay la política tarifaria como la política fiscal ha sido discrecional a lo largo de la historia, esto es una opinión basada en hechos. Voy a los hechos; en el año 2017 UTE podría haber bajado las tarifas, pero no lo hizo dado que volcó todo a rentas generales para paliar el déficit, dicho de otro modo, “el recibo de luz no bajó porque había que pagar otras cuentas estatales”. Ya está casi “institucionalizado” (diciembre 2020 también pasó y gobiernos anteriores también) que en los meses de diciembre la inflación es baja para que el número anualizado con el año calendario sea aceptable, en otras palabras, el plan “UTE premia” es para que la inflación en diciembre cierre “lindo”. Siempre desde el retorno a la democracia (excepto post crisis 2002 por coyuntura) el déficit fiscal más alto de cualquier período de gobierno es el último año de gobierno, años terminación 4’ o 9’ (justo cuando hay elecciones), dicho de otro modo, se escucha muy seguido la frase “la obra seguramente la inauguran cerca de las elecciones”.
Hecho actual. El poder ejecutivo NO TOMO EN CUENTA la recomendación de la URSEA (no es la primera vez), esto quiere decir, que una vez más, la discrecionalidad política primó por sobre la técnica. Se puede tener unidades reguladoras externas, innovación en instituciones, pero si en los hechos no se toman en cuenta, de nada sirve. Los motivos, hay quienes dicen que es por la LUC, ya que este mecanismo de ajuste responde a dicha ley y al plebiscitarse es una medida antipática subir los combustibles, más allá de que sea buena o mala, dicho de otro modo, no subieron los combustibles porque como hay plebiscito, se está discutiendo la ley que marca el precio, si se sube, la población probablemente haga algún tipo de voto castigo. Otra puede ser que esté amortiguando, como se hacía antes, los vaivenes del precio del petróleo de manera que lo absorba el sector público (más precisamente por ventas de UTE a Brasil[2]) y no el privado. Esta hipótesis tampoco reviste de institucionalidad.
Lo que es el último hecho, es que la URSEA no evitó que la coyuntura “política” o “el lector puede llenar este espacio con lo que quiera” primara por sobre la institucionalidad, vemos que la transparencia en la fijación de precios no se soluciona con leyes ni con Unidades Reguladoras. La discrecionalidad reina muy campante en las decisiones tarifarias en el Uruguay, la URSEA va perdiendo contra la DISCRECIONALIDAD. Veremos cómo sigue el partido…
[1] Naptha del ruso, único país de América Latina que utiliza esta nomenclatura a consecuencia del periodo Batllista.
[2] La discusión que hacer con los ingresos extras de las empresas publica, también seria bueno que estén institucionalizados y no se tomen arbitrariamente.
