Darío Rodríguez
La inercia del tiempo transcurrido, el plazo consumido por el gobierno y sus impopulares decisiones pero sobre todo la recolección de firmas que permitirán someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) facilitaron el reposicionamiento de la oposición política a nivel nacional.
En lo local, el gobierno departamental al mando del Partido Nacional (PN) arrancó, un año atrás, con el viento de cola que generaba el “efecto arrastre” electoral. A ello se le sumó disponer de un fideicomiso por hasta 25 millones de dólares para emplear en obras y otros desarrollos. Parte de estos recursos, no lo sustancial, han sido ejecutados.
En el inicio, la actual administración sobre fines del pasado año y una epidemia azotando reformuló unilateralmente el vínculo de los trabajadores de los CAIF y dio ingreso a la Fundación A Ganar; conducidas por correligionarios para que manejara personal. Con la medida precarizaba trabajadores, disminuía masa salarial y contraía aportes a la seguridad social. No conforme con esto contrató, después debió cesarlo, a un ex procesado por proxenetismo que había sido parte de la campaña electoral. El episodio tuvo repercusión a nivel nacional. En la emergencia, los propios involucrados dieron batalla, con apoyo de determinados medios (programas), PIT-CNT con un tibio papel cumplido por el gremio ADEYOM, La oposición política, -bancada del FA-, tuvo un papel no muy trascendente. Una de las dudas que queda planteada es la casualidad del aterrizaje de la Fundación A Ganar en varios departamentos gobernados por jerarcas del PN y en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tal vez obedeció a una bajada de línea. En Rocha, por ejemplo, ameritó una denuncia penal. En pleno affaire el propio intendente Nicolás Olivera sostuvo, sin mayor asidero, que con las economías generadas al cambiar hacia la Fundación y no realizar aportes previsionales se posibilitaría implementar nuevos CAIF. El cambio del acuerdo con INAU, que provee los recursos, generó intervención del propio Directorio, donde la actuación del cabildante fue decisiva para evitarle costos políticos al intendente.
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