No todo es anodino

Escribe Darío Rodríguez

¿Es absolutamente cuestionable toda la gestión de la Intendencia de Paysandú (IDP)? La respuesta es no. Es una gestión que se encontró con 25 millones de dólares de un fideicomiso para utilizarlos discrecionalmente, lo cual le dio un punto de partida muy auspicioso.

Tres cuestiones se pueden marcar a su favor: la continuidad de las obras de la gestión anterior (ejemplo, Paseo Costero, Parque París Londres), la apoyatura a la expansión de la UdelaR y la readecuación del Estadio 8 de junio. Vale sumar a esta lista las obras en calle Ayacucho (con un valor superior al previsto inicialmente) y la pavimentación del camino a Morató de 39 kilómetros.

Contar con el fideicomiso posibilitó la licencia de pedir al estudio internacional OMA, tras arrimarle 1.3 millones de dólares, un estudio sobre la faja costera. Sería intención de la administración dejar algo planteado de lo esbozado por el estudio contratado; que no tendría, salvo el sitio escogido, objeción. Se trataría de una residencia universitaria en la ex Vialidad; zona inundable.

Menos luminoso fue todo el proceso de ingreso de la correligionaria Fundación a Ganar, -incluyendo la incorporación de un procesado por delitos graves- para gestionar los CAIF, el proceso de transformación del Vertedero y del proyecto en la Ex Paylana.

En el primer caso, como obedeciendo un mandato central, la Fundación, tal ficha de dominó, fue cayendo en varias Intendencias del Partido Nacional (Durazno, Rocha, Paysandú) y Ministerios como Transporte y Obras Públicas, con similar impronta, para gestionar personal y eludir aportes patronales.

Del escándalo con los CAIF de Paysandú, lo sacó de los pelos el representante de Cabildo Abierto en el Directorio del INAU. Cosas de la coalición.

El Vertedero, donde murió aplastado un joven tiempo atrás, habría pasado a manos de un inversor argentino, pero la comunidad ignora el proceso, por falta de información. La transformación, que contó con recursos del Ministerio de Ambiente, violenta la ley a no incluir en la solución a los grupos afectados por tales cambios.

El eximio proyecto urbano en la ex textil Paylana ha sido asumido por la administración sin mayor calor; pese a la existencia de un Decreto de la JD que pauta compromisos de la Intendencia. A regañadiente resolvió alguna cuestión y se rehúsa, de hecho, a estructurar un calendario para ejecutar obras e instalar servicios. Tal es la preocupación de las 8 cooperativas partícipes del mismo que estudian realizar petitorio.  En el precio, en el entorno de las 4 mil UR, que paga cada cooperativa estaba incluido el proyecto urbano que se traduce en caminería, espacios públicos, equipamiento, iluminación, ordenamiento de tránsito, etc.

Seis meses le insumió a la Intendencia, de consuno con el triple comando del MIDES departamental, poner en funcionamiento una oficina móvil para atender vecinos del interior.

Sin dudas, esta administración tiene dos talones de Aquiles que erosionan la credibilidad de la gente en el sistema democrático de gobierno. Por un lado, la escasa disposición a responder pedidos de informes de la oposición (uno de los tantos instrumentos de control) y el rol que cumple, funcional a tal lógica, la mayoría de la JD; con sesiones de bochorno. La presidencia se puso al borde del desacato al incumplir plazos de resolución judicial para entregar información pedida por ediles opositores.  Capítulo aparte mereció la situación financiera de la Comuna; que ameritó una interpelación reveladora de ausencia de diálogo.

Estos flancos que ofrece la gestión se potencian con las diferencias cambiarias con Argentina, la problemática del empleo y los discrecionales manejos (ver nota edición anterior) en CARU y Salto Grande. Hay que ver qué capacidad presenta la oposición sola, o acompañada desde la city, para capitalizar estos cachones.

Datos aportados por el economista Gastón Núñez -en base a datos del INE-, son elocuentes sobre el progresivo incremento de la desocupación. En febrero del pasado año eran 4.600 (8% de la población económicamente activa, PEA) los desempleados; en junio la cifra trepó a 6.900 (11.7% PEA) Núñez concluye que Paysandú “está consolidado como uno de los departamentos con mayores problemas de empleo”.  Es decir, “cuatro de cada diez sanduceros tienen problemas graves de empleo lo que combinado con una oferta de trabajo estancada…(…)… (presagian) que esta realidad crítica tenderá a agravarse”.  Recuérdese los 4 mil niños pobres que habitan Paysandú.

Tal vez el episodio de financiación del edificio universitario y la tramitación a la interna de la oposición le hayan dado respiro a una gestión con claroscuros y, de alguna manera, contagiada con la dinámica nacional de hacer del anuncio una política. Los vaivenes con el alcalde de Porvenir, generó una respuesta cuestionada por eventuales visos de ilegalidad. La situación es tan compleja que, desde la resignificación de la emblemática Plaza Constitución, como si fuera un amuleto, se piensa girar, contra su voluntad, a Leandro Gómez.

De espaldas y vendado

Hemos sostenido, desde estas páginas, que el gobierno multicolor no solo está de espaldas al interior; hay múltiples indicadores de tal afirmación, sino que las prácticas clientelísticas que desarrolla, tal vez de la mano de cierta permisividad social, siguen a full. En la mayoría de las veces, la pauta publicitaria oficial, sirve para disciplinar medios y mudarlos a agencias de difusión gubernamentales. Por ello muchas veces se muestra ocultando.

Contar con un jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano -viejo conocido de la familia presidencial- operando ilegalmente desde las narices del poder, disparó actuación judicial con una fiscal que fue cuestionada oportunamente. Varias actuaciones no se entendieron, entre ellas excluir las conversaciones telefónicas entre el inquilino de Torre Ejecutiva y su designado. En su edición del pasado 24, Caras y Caretas apuntó que la hoy exmagistrada Fossati, que tiene un temperamento muy áspero, fue muy prescindente en la investigación de un affaire delictivo que debió haber terminado en una causa de megacorrupción. La jubilación de la fiscal Gabriela Fossati culminó un bochornoso proceso signado por la tensión entre una magistrada conflictiva y políticos, periodistas y meros usuarios de las redes sociales, luego que esta laudó -por el momento y mediante un acuerdo insólito- el escándalo político y penal del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, en cuyo contexto blindó al presidente Luis Lacalle Pou y a su séquito, salpicados por este grave caso de corrupción”. Se refiere a un acuerdo abreviado que llevó a Astesiano a poco más de cuatro años de encierro. La actual responsable del caso, la fiscal Sabrina Flores, ostensiblemente menos mediática, formalizó el pasado 19 al ex gerente de Vertical Skies Marcelo Acuña; militar retirado por intento de espiar a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara. ¡Gravísimo! Carrrera cree que detrás de todo está la empresa Katon Natie, a quien se le entregó el puerto. “Acuña, dijo Flores, actuó instigando a una persona que ejercía funciones públicas a la realización de actos de naturaleza criminal…”. Astesiano y Acuña se conocían desde las campañas de Lacalle Pou Herrera Brito del Pino y Sartori con quienes se reportaban. El gobierno siempre intento minimizar el posible espionaje.

Una de las líneas de investigación apunta a posibles actos de corrupción en los negocios que querían armar con el Estado, como la venta de dron a UTE.  Solo uno de los tres teléfonos del custodio fue periciado.

Otras cuestiones acechan al gobierno. Sin muchos aspavientos un colaborador (Andrés Capretti) del ministro del Interior debió renunciar acusado de acoso sexual y violencia de género. Los escandalosos acomodos en Salto Grande y CARU salpican al inquilino de Torre Ejecutivo y su gestión. Recientemente recibió críticas de uno de sus aliados: los agremiados en la antiquísima Asociación Rural (ARU). Esta malla oro venían de un año de ventas récord y de precios altos. El manejo talenteado de la crisis hídrica les pegó a estos también que asisten a un año de pérdidas. Sectores que ven con preocupación que Minerva Foods pase a controlar la mitad de la industria frigorífica. El presidente de la mencionada gremial, dijo en el cierre de la expo Prado que la caída del 2.5% del PBI tiene que ver el agro. Reniegan, además, por un dólar planchado.

Especialistas en el uso de los lagrimales, el presidente de ARU expresó que, “solamente con la crisis de la aftosa nos fue peor”. Es obvio que por tales estrados no pasa la situación de los medianos, pequeños y productores familiares, menos la mención a los constantes accidentes y pésimas condiciones de trabajo que padecen los asalariados rurales.

Estiman que la sequía impactó mermando la producción en unos 2 mil millones de dólares. Ojo, otros sectores como la celulosa, el arroz, ganado en pie y la colza (1) crecieron.

El gobierno nacional sigue basculando entre los anuncios y algunas medidas muy impugnada como el proyecto Neptuno y, por otro lado, por negar recursos, por ejemplo a la UdelaR, obviando el enorme impacto territorial.

Es un gobierno que se siente cómodo apoyando el transporte carretero en perjuicio del multimodal. Las cifras de desempleo, el déficit fiscal, lo muestran como un gobierno de espaldas al interior. Los jornales solidarios solo pueden servir para mejorar las magras estadísticas.

 1-Planta forrajera.

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