En un comunicado firmado por as cooperativas de vivienda en Uruguay, en sus más de 50 años de vida, se señala que «han demostrado ser una herramienta eficaz y poderosa con que cuentan la ciudadanía y el estado para asegurar el acceso a la
población a una vivienda digna. Sobrados ejemplos dan cuenta de ello y a la fecha son unas 40.000 familias las que han podido beneficiarse de esta solución. Se trata de un sistema único a nivel internacional, donde el estado, la ciudadanía organizada y los
equipos técnicos mancomunan esfuerzos y saberes para alcanzar los mejores resultados. No porque no existan ejemplos en otras latitudes sino por ser el único sustentado por una ley (Ley Nacional de Vivienda N° 13728, de 1968), que asegura los fondos necesarios para su ejecución, define los estándares
mínimos para asegurar una vivienda decorosa, establece el perfil poblacional y las pautas de pago de modo que sea accesible para los núcleos que más lo necesitan. Todos estos, factores esenciales a la hora de dar continuidad en el tiempo al sistema. Prueba de ello es que desde su creación el sistema haya
atravesado diversos períodos de gobierno, con orientaciones ideológicas disímiles (incluyendo una dictadura militar) sin haber desaparecido. Además, las bondades del sistema van mucho más allá del objetivo base de alcanzar una vivienda. Las
cooperativas son generadoras de ciudad, promueven la integración social y dan sentido de pertenencia
a una comunidad y un barrio; todo esto apoyado en valores tan caros a una sociedad como la solidaridad. A su vez, las cooperativas son una importante fuente de generación de trabajo, tanto para obreros como técnicos y fuertes movilizadores de la actividad comercial asociada al rubro. Este sistema es parte de “esas particularidades” o “marcas registradas” que hacen a nuestro país visible en el contexto internacional, al punto que nuestras cooperativas son caso de estudio y ejemplo a seguir
en diferentes países, tanto por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil o en ámbitos universitarios. En los últimos años el sistema cooperativo ha vivido un importante impulso, producto de una importante inversión de fondos dispuestos por el gobierno para dar sustentabilidad y continuidad al sistema. Para tener una idea, desde el 68 al 2008 se construyeron unas 23.000 viviendas por este sistema y desde el 2008 a la fecha se construyeron otras 17.000. Para construir una cooperativa el estado fija valores de tasación, que funcionan como topes a prestar para construir cada vivienda, discriminadas por cantidad de dormitorios de la vivienda. Estos valores aseguran que los proyectos alcancen los estándares mínimos de habitabilidad y que su costo sea
accesible para familias de ingresos medios y bajos. Considerando los metrajes máximos admitidos y los montos de estos valores de tasación, una vivienda construida en modalidad cooperativa tiene un costo cercano a los U$S 1.000 por metro cuadrado. Cabe aclarar que ese valor de construcción no cuenta con
ningún tipo de exoneración impositiva, (como sí cuentan otros sistemas, como el de “Vivienda Promovida” ejecutado por promotores privados), ni de aportes a la seguridad social.
El sistema de sorteos aseguraba que una cooperativa luego de tener aprobado su proyecto accediera al préstamo para su construcción no más allá de haber participado en 3 instancias. Estos sorteos se realizaban cada 6 meses (2 al año) lo que asegura que cada grupo, luego de aprobado su proyecto, como
mucho debiera esperar 2 años para comenzar a construir. Todo esto otorgaba a los grupos una base mínima de certezas que les permitía trazarse objetivos y metas alcanzables en el corto o mediano plazo para finalmente alcanzar la ocupación de sus viviendas. También le daba seguridad a la hora de asumir
un compromiso de compraventa de un terreno donde construir».
Se agrega que «Al día de hoy, las actuales autoridades del MVOT no han definido aún las metas en su plan quinquenal con respecto a la construcción de cooperativas, tampoco se ha establecido un calendario fiable de presentación de proyectos ni de sorteos para nuevas cooperativas, y se han enlentecido sustantivamente las escrituras de nuevos préstamos para los grupos que tienen todo listo para empezar a construir (actualmente hay en el entorno de 100 cooperativas a la espera de que se fije fecha para
ello). Simplemente se han limitado a continuar proyectos comenzados a construir en el período anterior, lo que sin duda genera una gran incertidumbre acerca del futuro del movimiento cooperativo de vivienda.
Dicho todo esto cabe preguntarse entonces:
¿Es que el gobierno instalado en el año 2020 ha decidido no apoyar más este sistema?
¿Por qué ha detenido la realización de 2 sorteos por año donde, en cada uno de ellos, aproximadamente 1000 familias accedían a un préstamo para su vivienda?
¿Por qué se anuncia con bombos y platillos que se van a buscar soluciones alternativas que bajen el costo de las soluciones habitacionales a U$S 1000 cuando ya existe un sistema, con todas las bondades descriptas, que lo está logrando a ese mismo costo? ¿Por qué dejar sólo en manos de empresas privadas la ejecución de soluciones habitacionales cuando existe un sistema, basado en la autogestión y el trabajo colectivo organizado, que alcanza dicho objetivo con creces?
¿Por qué un sistema reconocido, envidiado y replicado a nivel internacional, es desconocido por las autoridades locales?
¿Es que cada cinco años hay que volver a inventar la pólvora?
Instituciones y Organizaciones Firmantes:
FECOVI: Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo.
FUCVAM: Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.
CCU: Centro Cooperativista Uruguayo.
IATs: Mesa Coordinadora de Institutos de Asistencia Técnica.
CUDECOOP: Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas.
