Darío Rodríguez
Hace unas semanas, presidencia de la República exoneró de ciertos gravámenes a La Tahona Golf Club SAD (Runtuna SA) que se instalaría en Paysandú. La exoneración, por atribuciones delegadas, lleva la firma del prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés Rubio. La resolución exime un monto de 2.625 dólares; cifra por demás exigua. Este es uno de los emprendimientos que quieren instalar en Paysandú. El otro incluye “otros chiches” como laguna artificial sobre arroyo San Francisco.
Los ordenamientos territoriales, -básicamente en Montevideo-, aún más con la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (LOTDS) del 2008- tienden a presentar una mirada integral, propiciando la democratización de las ciudades, su integración sociourbana y densificación del tejido, potenciando servicios e infraestructuras existentes; por extensión desalentando los barrios privados, clubes de campo o country. Las ciudades, al igual que otros espacios de convivencia ciudadana, son territorios de colaboración, confrontación y conflicto entre sectores, clases sociales.
Hemos señalado que desde las gestiones nacionales del FA, a través del entonces MVOTMA, se desalentó la constitución de barrios privados, aunque la proliferación de los mismos depende en buena medida de las Intendencias que son las policías territoriales. La Intendencia de Montevideo, desde los 90, propició la constitución de cartera de tierras, recompuso tejido social en Ciudad Vieja y otros barrios cambiando, en cierta medida, el paradigma imperante que consistía en extender side die la trama urbana. Política a todas luces carísima. Con cierto retraso la autosegregación de ciertos sectores, con costos anexos a cargo de los otros contribuyentes y a expensas de interés general, aterrizan en Uruguay en los 90; básicamente en el área metropolitana.
En proceso contradictorio, la anterior gestión departamental sanducera, a la par de impulsar y desarrollar el excelente proyecto sociourbano habitacional en la ex Paylana que va en sintonía con el cambio de paradigma y la consiguiente consolidación de la trama urbana en clave democrática, da pie a barrios privados. Por su parte, la fuerza política local hace muttis por el foro. La Intendencia sanducera debería pensar en la ex aceitera, -habría que ver cuestiones dominiales-, y en el Corralón Municipal si va por la línea de la LOTDS. La Junta Departamental debería cumplir un rol destacado en la materia.
La contradicción se hace patente en Salto donde el reelecto intendente frentista Andrés Lima está seducido ante la presencia de un eventual proyecto de los responsables de La Tahona. Llama la atención que la academia, salvo excepciones, no se ocupe de éste importante tema. En cambio florecen los estudios sobre pobreza, segregación socioespacial, déficit habitacional, asentamientos irregulares, etc. Los escasos estudios realizados han señalado la existencia de unos 70 barrios privados y que La Tahona, -uno de sus promotores- pretende llegar a las 5 mil hectáreas ocupadas en todo el país a partir de las 500 en Canelones donde han tenido el beneplácito del gobierno frentista, además del actual presidente de la República.
La Tahona, entonces, pone proa a Salto; no obstante las fortísimas objeciones de distintos actores, entre ellos la Sede universitaria local que realizó, a fines de noviembre, -cubriendo ciertos déficits y al amparo de su ley orgánica-, el encuentro “Derecho a la ciudad y barrios privados”.
En zona rural de la capital departamental, La Tahona quiere instrumentar “El Milagro”. Para viabilizar el proyecto se debe modificar el plan de ordenamiento territorial. El mismo afectaría 550 hectáreas; un 50 % de la actual zona suburbana. Llama la atención las dimensiones de la eventual modificación al ordenamiento territorial local y que la misma sea para hacer rentable un proyecto que aún no fue presentado ante la Intendencia. Algunos ven un punto de comparación cuando UPM 2 exigía la construcción del tren central por un valor de mil millones de dólares sin garantizar inversión. El mero cambio normativo de acontecer generaría un suculento negocio; sería el verdadero milagro al vender tierra a precio de suelo urbano. Algunos preguntan para qué se hacen los planes de ordenamiento si luego se van a violar generando daños enormes que no se recuperan ni con la generación de ciertas posibilidades que son adornadas. Por ejemplo, se habla bastante en el aire que habría una inversión entre 60 ó 600 millones de dólares de inversión (según el relato) más 21.5 millones de dólares de crecimiento anual del PBI de Salto e incremento en fuentes de trabajo. Una de las recurrentes zanahorias. Haría bien la Intendencia salteña en generar una cartera de tierra y no sucumbir al potente lobby de fraccionadores y otros que hacen suculentos negocios contrariando el interés general.
