Políticas departamentales

 

Escribe Darío Rodríguez

En paralelo, mientras las organizaciones sociales nucleadas en la Intersocial transitan la recolección de firmas en todo el país para plebiscitar la Ley de Urgente Consideración (LUC), haciendo un gran esfuerzo, el gobierno avanza contra las empresas públicas. Tiene en la mira, en primer término a ANTEL y a ANCAP. En la primera pusieron al frente a un ex ceo de Claro. En la Unidad  de Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) a otra persona proveniente de la misma empresa. Es difícil pensar que se han instalado en defensa de las mismas. Sabido es que el herrerismo no comulga demasiado con las empresas públicas, (ni con el Estado),  pergeñadas desde los gobiernos colorados y que hoy, son parte del patrimonio nacional y aportan al tesoro nacional. Es paradójico pero el manejo de la pandemia y su soporte mediático le ha dado aire al gobierno como para ir contra los derechos y conquistas alcanzados en la denominada “era progresista”. Es inevitable la confrontación en el marco del sistema democrático. Pese a que se voceó que no se trataba de sustituir una mitad del país por otra,  la práctica desdice lo aseverado. Por otra parte, con casi un año de  gestión se pueden ver muchas desprolijidades: directores de empresas estatales que litigan contra el Estado defendiendo sus empresas, deudores de créditos integrando Ministerios, acomodos en varias reparticiones; la mano que le brindan muchas Intendencias nacionalistas, como la de Paysandú, a una Ongs fundada por un correligionario sin cambiar los viejos procedimientos empleados; son parte del muestrario. A ello hay que sumarle la crisis socioeconómica que atravesamos, que tiene en las decenas de ollas populares su expresión más patente. El gobierno
actúa a  contrapelo de lo que hace el mundo y adopta medidas muy irritativas como modificar el subsidio para adquisición de lentes a los trabajadores. El deterioro general que se insinúa, sin perjuicio de alguna medida atinada, golpea y golpeará a los sectores asalariados, medios (profesionales, pymes, etc), vulnerables. Sectores agroexportadores, multinacionales, se identifican con el gobierno; sin disimulos. No hay por ejemplo, una política sostenible de inversión y fomento del empleo. El Estado que podría participar se retrae. Curiosamente la inversión de UPM, de alguna manera y más allá de la pertinencia o no de las condiciones que se le dieron en el período pasado, hace que la cuestión no sea más complicada. Mucha de la inversión que está dando trabajo viene del periodo anterior.

Jugar al achique

Quizá pueda cambiar la pisada, pero desde su ingreso la flamante administración del gobierno departamental ha contribuido al deterioro de fuentes laborales. Ahora la Intendencia de Paysandú (IDP), habrá que poner las barbas en remojo, está conversando con “gente de ASSE” (¿) para ver la colaboración que brinda en la atención primaria de la salud. Todo se cubre con la palabra austeridad, aunque en este caso se habla, extremo que puede ser compartible, de no superponer esfuerzos (y recursos) y que la Intendencia sustituye “competencias que otros no asumieron”. Hay cuestiones harto conocidas: las Intendencias, por su proximidad con la gente, -que en ciertos casos permitía perpetuar el clientelismo político-, fue asumiendo de motus proprio o por delegación del gobierno nacional actividades (sola o complementando) que escapaban a su ley orgánica. De hecho esto ha sido aceptado sin hesitación por todos. Ahora hay algunas cosas a dilucidar en esta cuestión que pueden ser extensibles a otras actividades asumidas por los gobiernos departamentales. En primer lugar saber si la Intendencia planea retirarse de la colaboración prestada o si se trata de ver si hay duplicación de esfuerzos/recursos y si la preocupación última es mejorar la atención en todo el departamento, sin importar donde se viva o jugar al achique. Eso es una cosa. Más si se difunde el dato que los aportes de la Intendencia de Paysandú “viabilizan  que unos 23 mil sanduceros reciban” atención primaria. En la anterior edición de ésta publicación se puede leer, al detalle,  los valiosos aportes que brinda la IDP tanto en policlínicas, locales, vehículos, recursos humanos, en todo el territorio. La comunidad, habida cuenta de cierta debilidad de la organización de trabajadores de la Institución, tendrá que     hacerle un seguimiento a éste asunto. Que la Intendencia se corra, habida cuenta de los magros presupuestos nacionales asignados a salud o educación, por ejemplo, en un marco de una pandemia sin precedentes, puede tener enorme impacto local y saturar ASSE. La crisis, ha incrementado, también en Paysandú, la plantilla de usuarios del sistema público.¿Dentro de tales criterios, se incluye el funcionamiento del CHAFMAM? El  tratamiento dado a los CAIF y el Centro Siempre, facilitando  rebajas salariales que inciden en la calidad de los servicios, hace que la posibilidad esbozada genere preocupación. Por otra parte, de las conversaciones, siempre por arriba, se prescinde de la opinión de los trabajadores y sus organizaciones. Esta eventual revisión, bajo la idea que se asumen competencias que otros no asumieron, puede ser la llave para, bajo el mismo supuesto, delegar actividades deportivas, culturales, etc. Tenemos A Ganar a la mano. Recuérdese que la fundación armada por un correligionario de vasta trayectoria en el partido del “regocijo abajo”, ingresó a la Intendencia duraznense, otro baluarte nacionalista, -lejos de la mentada alternancia-, para realizar el “gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales y deportivas”.También aterrizó en Rocha, oh casualidad! Al igual que en Paysandú fueron los únicos presentados en plazo sumarísimo.  A la par que robustecemos presencia de la Ong, muy versátil ella, intentamos “achicar” inversión.

A todo esto hay que señalar que “tras enorme esfuerzo”, ya que las “arcas (están) muy flacas, producto de lo que hemos heredado” al decir de Olivera Seiguerman, la IDP apoyará económicamente a sectores culturales (música, teatro, carnaval) fuertemente  golpeados por la pandemia. Se destinan casi 1.2 millones de pesos. Es una buena cosa apoyar a “los mimosos”. 

¿La oposición? Debería estar analizando lo de la participación de la IDP en el sistema sanitario junto a ASSE, pidiendo informes para desbrozar los propósitos que animan las conversaciones con “gente de ASSE”antes que  se presente un paquete difícil de desarmar. La gente es lo primero.