“Hoy no se vuelca un solo residuo a cielo abierto”, dijo el intendente Olivera en el discurso de inicio del segundo mandato al frente de la comuna sanducera. De esa manera quiso graficar lo que definió como la “transformación del vertedero municipal, que pasó de ser un foco de inseguridad e insalubridad, con vertido de desechos a cielo abierto, para convertirse en un lugar donde los residuos se clasifican y se encapsulan”, según el resumen de dicho mensaje que elaboró la Secretaría de Comunicación de la Intendencia. Pero, el panorama que evidencia el espacio sito en el camino a Casa Blanca es muy distinto a lo afirmado. Es claro, el intendente construye un relato que resulte útil a la defensa y el sostenimiento de las decisiones que ha tomado en torno al procesamiento de los residuos sólidos urbanos, y que le han costado a la sociedad varios cientos de miles de dólares; pero, todavía es relato. En los hechos, el basurero no sólo no mejora en cuanto a la gestión de los desechos, sino que ha profundizado su triste rol de espacio de vulneración de derechos laborales.
A poco de iniciado el período anterior, y partir de la iniciativa privada de la empresa de origen argentino Sandeco, el gobierno de Paysandú hizo un llamado para la concesión de la gestión del basurero. Finalmente resultó seleccionada la proponente, estableciéndose un acuerdo que muchos denunciaron como “pésimo negocio” para los sanduceros. La comuna se obligó a comprar y montar, en un galpón que también construyó a su costo, una máquina de clasificación y encapsulado de basura por la que pagó medio millón de dólares; aportó los insumos para ese empaquetado; se comprometió a pagar un canon mensual por todos los residuos que entren a planta, lo que se controla al peso, después de recogidos con camiones y funcionarios municipales. Además, cedió el material reciclable para que el privado lo venda a su favor.
Nunca quedó claro qué puso la empresa además de la idea, ni la vía judicial alcanzó para acceder a esa información.
Para evitar el control de la Junta el acuerdo se limitó al período anterior, así que sería esperable un nuevo llamado.
Entre las curiosidades del proceso se podría señalar el largo lapso entre que se anunció la concesión hasta que el particular asumió la tarea. Esa brecha se debió a que la Intendencia tuvo serias dificultades con el montaje de la planta que nunca funcionó plenamente. Lo cierto es que el particular tuvo que asumir una larga espera que podría haber expuesto al departamento a algún tipo de incumplimiento.
El proceso, que aspira al “cierre del vertedero” contó con aportes del gobierno nacional que a través del Ministerio de Ambiente colaboró con un millón de dólares, cuyo destino concreto nunca se especificó.
Lamentablemente no hay transformación. A pesar de la fuerte inversión, aquello sigue siendo un basurero. Mucha mugre termina arrojada a cielo abierto y en ella trabajan hurgadores en procura de la sobrevivencia, los incendios no cesan y sólo una escasa porción de los residuos terminan pasando por la cinta sobre de clasificación para el reciclaje.
Mientras tanto, no paran de aparecer denuncias referidas al vínculo de Sandeco con sus trabajadores. Salarios que ni se acercan al Mínimo Nacional y pagados fuera de fecha, ausencia de compensaciones por insalubridad, nocturnidad y feriados, escasas o nulas posibilidades para presentar planteos; en general, condiciones de precariedad, decisivas para que varias decenas de vecinos figuren en la lista de ex empleados, muchos de los cuales ahora reclaman créditos.
Sebastián Techera es uno de ellos. Trabajó para Sandeco entre marzo de 2024 y mediados de junio de 2025. Supo de la empresa a través de las redes sociales, “aunque allá no es como muestran”. Fue contratado “para clasificar basura en una cinta y después, como tenía libreta, me dieron para manejar máquinas”, aunque no le pagaban por esa especialización. Asegura que los equipos no funcionan correctamente y que, por descuido, han fundido alguna máquina de la Intendencia. Mientras integró la firma vio que “no se clasifica todo lo que entra a la planta”, que mucho se entierra sin procesamiento y una parte de lo encapsulado “quedaba todo apiladito en una plancha que hizo la Intendencia y después la tapan con tierra”.
“Me fui porque me cansé de los pagos fuera de fecha, todos los meses era lo mismo. Cobraba los 18 o los 20, a veces más tarde, aunque en el recibo de sueldo dice que nos pagaban el 7 o el 8”. Recibía “18.000 o 19.000 pesos por mes” por 48 horas semanales, incluidas nocturnas y, si no faltaba, “una canasta del INDA”, advierte quien no tuvo acceso a la licencia. Reclama unos 130.000 pesos, aunque duda cuándo podrá cobrarlos; “si uno pregunta mucho te bloquean y ya no te responden más. Nos dicen que consigamos un abogado. Yo tengo uno, se que es importante, pero le voy a tener que pagar el 25% de lo que cobre”.
