Escribe Darío Rodríguez
En los Estados nacionales los aparatos represivos cumplen un rol que tiene encuadre en distintas disposiciones; sin avasallar derechos constitucionales, leyes y convenios internacionales. Así es en una República. Sobre la base de delitos en baja, argumenta el gobierno, y de relatar que a diferencia del pasado, ahora se respalda a la Policía y, vía LUC, se les daría más apoyo, se visualizan ciertos abusos que preocupan.
El relato de carencia de respaldo se impuso, obviando mejoras salariales, -cualquiera lo puede analizar-, equipamiento, inversiones, planes (tal el caso del PADO) y sindicalización. Todo esto reconocido por la presidenta de uno de los sindicatos policiales a propósito del repentino fallecimiento de Eduardo Bonomi, ex ministro del Interior y hombre todo terreno.
La Asociación de Defensores de Oficio expresó su preocupación al respecto hace algunos meses. “Hay, -decía la Asociación-, un incremento en la violación de derechos y garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en la actuación llevada a cabo por los funcionarios policiales” según consignaba el semanario Búsqueda, -insospechado de simpatías con la oposición-, en su edición del pasado 22 de julio. La Asociación, planteando casos concretos, perforaba el relato oficial, generando un rápido y furioso cuestionamiento desde tiendas oficialistas.
Hay Policías denunciados por abigeato y hasta por violación. El periodista Gabriel Pereyra, VTV-Radio Sarandí había expresado vía tweet, el pasado 6 de julio “que (lo que) ocurre en diversas unidades policiales de todo el país es de enorme gravedad; policías que denuncian por corrupción a otros policías son sancionados con cualquier excusa como forma de amilanarlos para que no sigan destapando la olla”.
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