Escribe Darío Rodríguez
Las persistentes y potentes señales (incendios, sequías, inundaciones, enfermedades) de que el actual modelo de producción nos lleva al abismo pone en la encrucijada a la humanidad y sus países; particularmente a organizaciones de toda índole que comienzan a dar batalla, en varios frentes, por revertir la situación.
Desde su pequeñez, Uruguay, con una progresiva asunción de la problemática, ha generado instrumentos y estudios sobre el cambio climático y sus impactos, a la par de suscribir diversos acuerdos internacionales. Pero el país tiene un problema consistente en que muchas veces el avance es “manuscrito”.
Desarrollar políticas de adaptación y/o mitigación requiere estudios, capacitar técnicos (y a la población), cambiar hábitos y, sobre todo volcar recursos. No basta con crear un Ministerio, una oficina sobre Cambio Climático o montar el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE).
Los recientes incendios forestales, que son inherentes a éste modelo de desarrollo depredador e inundaciones en varias ciudades del país piden a grito inversión en infraestructura, que como se puede estimar es de miles de millones de dólares. El problema es que para atender la catástrofe tienen que aportar quienes siguen acumulando riqueza; no podrán financiarla los desempleados o los que viven con un dólar mensual. Para no ir tan lejos basta decir que un puñado de uruguayos tiene miles de millones de dólares fuera del país y unos millones menos “vegetando” en el sistema financiero local. La suerte de los compatriotas le es ajena. Lobbystas y medios defienden tales políticas.
Foto Xinhua
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