Escribe Darío Rodríguez
El actual multicolor gobierno nacional, con fortísima impronta herrerista, consumió sus primeros 45 minutos; le queda el segundo tiempo. A regañadientes consolidó la Ley de Urgente Consideración (LUC), -su programa-, recortó políticas sociales y descargó el peso de la crisis sobre los sectores asalariados que, entre otras cosas, sustentaron la batalla contra la pandemia. La regresiva propuesta tiene tres soportes: culpabilizar al gobierno anterior, estigmatizar en particular a los gremios y obtener, mediante ciertas concesiones, blindaje mediático que viabiliza la construcción de un relato que encubre la defensa de los intereses de los “malla oro”. Hemos dado cuenta, en notas anteriores, del beneplácito de ciertas asociaciones patronales con las políticas económicas desplegadas por “su” gobierno.
Pese a que Uruguay tiene un diferencial en comparación con otras sociedades de América Latina el gobierno busca polarizar con la oposición y con sectores populares. Polarizar, confrontar, puede ser de utilidad, aunque hay que marcar claramente los límites. Recientes episodios en Argentina y la historia de la comarca así lo indican. Nos hemos acostumbrados a campañas electorales, fuera de nuestro país, donde candidatos populares hacen recorridas y actos con fortísimas custodias y chalecos antibalas. Otros han sido asesinados; el odio es más fuerte. La violencia o la amenaza de su empleo pasa a ser un recurso político en buena parte de nuestros países; como método de mantener privilegios y status quo.
Lamentablemente niños y adolescentes escolarizados también pasan hambre. ANEP optó por ocultar un dato duro de una realidad agravada por políticas excluyentes
Es innegable que Uruguay ha sido matrizado, de alguna manera, por el batllismo; pero no solo por este sector también las conquistas se han cimentado sobre enormes luchas populares. Mantener o profundizar políticas públicas que favorezcan a los sectores populares y postergados implica “tocar” a los hoy denominados “malla oro” que tienen con este gobierno su agosto. Con el presupuesto y las rendiciones de cuentas el Herrerismo, sin anestesia, se propuso “ahorrar” 100 millones de dólares por año. De ahí a no cubrir vacantes, -con todo el negativo impacto en las prestaciones de servicios como el de salud-, y rebajar salarios. Fueron tan eficientes que ahorraron 205 millones de dólares en dos años. Esta política incide, además, en la recaudación del BPS.
La reforma de las jubilaciones y pensiones seguramente posicionará al movimiento popular que marcará la cancha para que la expresión política no juegue al posibilismo
Lo descarnada de los recortes, mientras crece la economía, se ve también, en el sector educativo; espacio de fuertes disputas con los involucrados. Más allá de querer sacar una “transformación educativa” a los empujones, haciendo que se consulta y exacerbar conductas no dialogistas, el gobierno, que delegó en un colorado, ya en plena campaña, la conducción del CoDiCen ocultó que parte de sus estudiantes tienen “inseguridad alimentaria”; en criollo hambre. En su edición del pasado 26 de agosto el periodista de Brecha Venancio Acosta denunció que ANEP ocultó resultados negativos sobre “inseguridad alimentaria en hogares de niños, niñas y adolescentes escolarizados en Montevideo” alegando que se trataba de un informe técnico para consumo interno. La investigación fue realizada por la UdelaR a través del Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar. Dos encuestas fueron realizadas entre 2020 y 2021. Brecha que accedió a la información dice que la inseguridad afecta 24% de los hogares.
De esta cifra
“el 19.1 por ciento había experimentado inseguridad alimentaria moderada, es decir que no tenían dinero o recursos suficientes para llevar una dieta saludable, tenían incertidumbre acerca de su capacidad de poder adquirir alimentos o probablemente habían tenido que saltearse alguna comida o se habían quedado sin alimentos de forma ocasional. Mientras tanto, el 5.1 por ciento de los hogares había experimentado inseguridad alimentaria grave, lo que indica que se habían quedado sin alimentos o que alguna persona del hogar estuvo todo un día sin comer en más de una oportunidad desde marzo de 2020”. Las mayores dificultades radican en los liceos públicos, aunque se registran casos en instituciones privadas. Brecha comenta que en el documento informando la situación se lee “que más del 70 por ciento de los hogares con inseguridad alimentaria moderada y casi el 90 por ciento de los hogares con inseguridad alimentaria grave pertenecían «al nivel socioeconómico bajo”. Lamentablemente niños y adolescentes escolarizados también pasan hambre. ANEP opto por ocultar un dato duro de una realidad agravada por políticas excluyentes.
Por su parte, la Coordinadora de Ollas, que nuclea unas 300, se reunió semanas atrás en Montevideo y -haciendo foco en el hambre- definió una movilización para este mes, sumarse a la Intersocial y propiciar una mesa interinstitucional con participación de la UdelaR. Se trata que el Estado “se haga cargo de erradicar el hambre”.
Pasado lo más grave de la pandemia que sorprendió al mundo, queda demostrado que resolver el tema de la inseguridad no era “raspar y comer”. Nadie está seguro y si no que lo diga el ministro de Medio Ambiente que le entraron y lo robaron en su casa mientras dormía. Sería injusto mencionar que el ministro Peña tenía sueño pesado. Las cárceles, escuela del delito, están atiborradas de presos; superando los 14 mil. Algo equivalente, en población, a una ciudad intermedia del país. El locuaz ministro del Interior, el mismo que participó en la entrega del Puerto a Katoen Natie, siendo secretario de Transporte y Obras Públicas, -operativa denunciada judicialmente por la oposición-, dice que el gobierno tiene un plan sobre seguridad que Manini Ríos, socio de la coalición, dijo desconocer. El socio general se desmarcó con la velocidad de un atleta olímpico, al mencionar en Radio Sarandí, días pasados, que “a la luz de lo que está ocurriendo nadie puede estar conforme con los resultados. Yo no conozco el plan”. El 1 de setiembre ingresaron 100 funcionarios a la Policía. Un vocero policial expresó que habrá “pequeños ajustes” en los patrullajes, en especial en barrios de Montevideo. La seguridad, contra toda evidencia, sigue siendo para los gobiernos una cuestión policial.
El diario del lunes va marcando los homicidios de cada fin de semana como las grandes metrópolis de América Latina. Vamos bien. Datos aportados por la Usina de Percepción Ciudadana informó que un estudio marcó que en los últimos dos años aumentó la violencia 70% (vinculada al narcotráfico) al tiempo que el 77% de tal universo considera que hay vínculos entre estas organizaciones criminales y el sistema político.
La pandemia había incidido en la baja de algunos delitos; aunque se lo negaba. Los cambios en los delitos, -su transnacionalización, particularmente del narcotráfico-, el descabezamiento de los equipos policiales especializados, la ausencia de políticas consensuadas y una fuerte impronta represiva no parecen dar resultados. No obstante, se insiste con el camino punitivo. Agosto cerró con una cifra altísima de muertes violentas: más de 30. En 5 días hubo 11 homicidios. No obstante, la gravísima situación, el inquilino de Torre Ejecutiva sostuvo que el camino se “mantiene” y buscó el atajo al sostener “no quiero que sirva como excusa, pero ha habido una baja importantísima en el resto de los delitos”. Mi abuela tenía un biombo. El gobierno habla de un plan que pocos conocen.
Parado en un ajuste fiscal que pagan los mismos de siempre, consolidada la LUC, el gobierno se envalentona sin irse a las cuchillas y se apresta a presentar un proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones. Con mucho marketing, y de nuevo, con la misma lógica de hacer que se consulta, en un tema extremadamente relevante, sus técnicos preparan texto para enviar al Parlamento.
La actuación del gobierno, esto es que interés defiende, puede ser novedad para alguien que compró la propuesta decepcionado por la gestión anterior y encandilado por un eximio manejo comunicacional. La reforma de las jubilaciones y pensiones seguramente posicionará al movimiento popular que marcará la cancha para que la expresión política no juegue al posibilismo. El borrador de “reforma” que circuló, entre otras cosas, favorece las AFAPs, aumenta edad de retiro y obvia el capítulo de la financiación. La derecha uruguaya, aunque defiende los sectores acomodados y transfiere recursos de la sociedad hacia ellos empleando distintos instrumentos, conserva ciertas modales; más allá de algún exabrupto y de una creciente polarización/crispación. Pero a su manera resiste cualquier intento que los “malla oro” se hagan cargo, en tanto parte de la sociedad, de los gastos. Por el contrario para ellos, abundan exoneraciones, beneficios y bajos aportes al BPS. Todavía pueden profundizar su política. La gente organizada debe canalizar protesta y alternativas.
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(«Si me quitan la torta, te saco el pan». Puck Magazine, marzo de 1909)
