David Rabinovich
En 2017 la recaudación impositiva total se incrementó un 7,7%. Pero el IVA aumentó sólo 3%, gracias a la devolución de 4 puntos en las compras con tarjeta de débito; la recaudación de IMESI (Impuesto Específico Interno) aumentó 10%, la del IRAE (Impuesto a la renta empresarial) 5.6%, mientras que por IRPF se recaudó un 25,2% más que en 2016. El impuesto a la renta personal (IRPF) distingue entre la que tiene origen empresarial y la que proviene del trabajo.
En grandes números para 2017 la recaudación estaba compuesta por:
Impuestos al consumo $ 196.257:000.000 55,9%
Impuestos a la renta $ 128.047:000.000 36,5%
Impuestos a la propiedad $ 20.988:000.000 6,0%
Total Bruto $ 350.938:000.000
Devolución de impuestos $ 35.643:000.000 10,1%
Total neto $ 315.295:000.000 89,9%
La recaudación de la DGI en 2017 alcanzó los 12.286 millones de dólares (economiapolitica.uy)
En Perspectiva (02/12/2016) aborda el tema de las Exoneraciones tributarias a la inversión y pregunta ¿Cuánto cuestan para el Estado? Según Pablo Rosselli, las exoneraciones provienen de la ley de zonas francas y de la de Inversiones del año 98, (reglamentada por decretos en 2007 y en 2012) que establecieron fuertes estímulos a las inversiones. Otros beneficios tributarios a las inversiones están consagrados en el texto ordenado de 1996. Está la Ley Forestal o las exoneraciones a la industria de biotecnología y a la industria de software… También la ley de vivienda de interés social… y alguna otra menor.
“En los cálculos de la DGI, la renuncia fiscal en IRAE por el régimen de zonas francas asciende a unos US$ 300 millones. La renuncia asociada a la ley de inversiones suma unos US$ 150 millones; a su vez, hay otros beneficios a la inversión que surgen del texto ordenado que tienen un costo para el Estado de US$ 50 millones.
Las exoneraciones al Impuesto al Patrimonio de empresas que operan en zona francas son US$ 115 millones y exoneraciones de Impuesto al Patrimonio por US$ 15 millones asociadas a la ley de inversiones. Para la forestación las exoneraciones de renta y patrimonio suman algo de más de US$ 30 millones y para la industria del software las exoneraciones de renta son unos US$ 15 millones. Podríamos agregar también que hay una exoneración de IVA a las importaciones de maquinarias y equipos, que también busca alentar las inversiones y que tiene un costo de unos 150 millones de dólares.”
Son muchos millones de rentabilidad asegurada. El capital gana mucho y aporta poco, los inversores ofrecen ‘puestos de trabajo’ aumento del PBI y amenazan con buscar otro escenario más favorable si no se satisfacen sus exigencias. Rosselli resume: “Todos esos incentivos tienen un costo anual estimado por la DGI de 825 millones y eso no incluye las exoneraciones por vivienda de interés social.” También nos advierte el economista que “…estos cálculos suponen que los agentes habrían hecho lo mismo si no hubiesen estado presentes los incentivos tributarios. La teoría económica nos dice que deberíamos esperar menos inversión y actividad económica si los impuestos a las rentas y al patrimonio son más altos…” En algún caso es así en muchos otros no es fácil demostrarlo. Otros costos que tienen para la sociedad estas inversiones rara vez están contabilizados. Vale como ejemplo los costos ambientales.
Hasta para alguien tan lejano a la izquierda como él “es siempre difícil evaluar estos incentivos en términos objetivos y en relación a si efectivamente promueven la inversión… es difícil evaluar si son eficaces… y más difícil es evaluar si son eficientes.”
Veamos otras afirmaciones del economista de Deloitte “en 2015 había en zonas francas unas 1.400 empresas que daban empleo a más de 14,000 personas (…) han jugado un rol clave para la atracción de Inversión Extranjera Directa.” Aunque no tanto para apuntalar un proceso de desarrollo endógeno o la creación de fuentes de trabajo.
“Por otra parte, creo que a esta altura todo el mundo reconoce el éxito de la ley forestal, que estableció exoneraciones tributarias y también por varios años al inicio de su aplicación fijó subsidios.” Afirmación que constituye un muy buen y claro ejemplo de lo dicho anteriormente. El éxito de la ley forestal se restringe a un puñado de personas y empresas que ganaron, ganan y ganarán un montón de plata. Al país le significa un costo ambiental importante, un stress logístico que nos complica mucho y varios etc. Si miramos la cadena forestal en su conjunto lo del éxito sin duda que puede ser relativizado.
“La ley de vivienda de interés social estimuló (…) notoriamente la oferta (se aprobaron más de 450 proyectos, que involucran más de 13.000 viviendas y una inversión de más de US$ 800 millones). Es cierto que los precios de las unidades no bajaron como se esperaba originalmente pero eso obedece a que los costos de construcción continuaron subiendo” afirma el entrevistado. Pero una inversión de U$S 65.000 por unidades que se ofrecen a U$S 130.000 constituye un claro ejemplo de manejo interesado de los conceptos. ¿Vivienda de interés social? ¿Oportunidad para los usuarios o para los inversores? ¿Hay estimaciones de los que significa como negocio financiero la venta de las viviendas? Temas para analizar y debatir. Está fuera de discusión que las Viviendas de Interés Social no están al alcance de las clases medias bajas.
Veamos la variación de algunos índices entre 2010 y 2017: El Índice del Costo de la Construcción ICC tuvo un incremento del 222,8%; el índice de Precios al Consumo IPC de 174,8%; el Índice Medio de Salarios de un 212,4% y el valor de dólar se incrementó sólo un 43%. De todas estas variables hay que medir su incidencia en el ‘mercado de la vivienda’.
Seguimos el hilo del análisis de Rosselli. “En la ley de inversiones… no podemos observar tan fácilmente los efectos. (…) por su carácter de incentivo general, es inevitable que en muchos casos las promociones terminan beneficiando proyectos de que todas maneras se habrían hecho…” ¿Sirve como ejemplo el nuevo estudio de Posadas, Posadas y Vecino? Un estudio a todo lujo, inversión a la que se exoneró de impuestos por cientos de miles de dólares.
Las generosas exoneraciones que se dan en Uruguay deben considerarse también en relación al hecho que “es en el mundo un país de presión tributaria media. Con la ley de inversiones, el mensaje fue justamente que la tasa de impuesto a la renta para las empresas que invirtieran mucho sería relativamente moderada…” Sobre las empresas micro, pequeñas y medianas, y en especial sobre el consumo (IVA) y los empleos bien remunerados (IRPF Cat. II) cae el grueso de los impuestos.
Según El Observador, en 2017 la recaudación del IRPF al trabajo creció 28% y llegó a US$ 1.881 millones. Subrayado aporta más detalles: Dentro del IRPF, la categoría rentas de capital se incrementó 18%, en tanto el gravamen al trabajo aumentó 27.7%. La segunda categoría explica el 86.4% de los ingresos por IRPF. Pero hubo tributos que bajaron su recaudación. Bajó un 3.2% el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, en tanto el Impuesto al Patrimonio cayó 2.8% real. El Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales (ITP) bajó 5.3%.
Hay más números de interés para el debate1.
Las transferencias de Tesoro Nacional:
A caja militar U$S 583:000.000
A las intendencias U$S 544:000.000
Al Mides U$S 234:000.000
La evasión de impuestos:
Evasión IRAE U$S 710:000.000
Evasión IVA U$S 560:000.000
Los Uruguayos ‘tenemos’ depósitos registrados en el exterior por US$ 8.271:000.000, un 10,2% inferior (US$ 939 millones menos) que lo que había depositado a fin de junio del año pasado. Al sumar a los depósitos en el exterior los que estaban en los bancos locales, las familias y empresas uruguayas tenían un monto de US$ 34.904 millones a fin de junio de 2016. De eso se desprende que el 23,7% estaba fuera y el 76,3% en la plaza financiera uruguaya. (Fuente: El País). Pero eso no es todo. Según datos de Naciones Unidas, hay setenta y cuatro paraísos fiscales en los que está depositada la cuarta parte del PIB mundial. (Fuente: ATTAC).
Si lo anterior es válido ¿cuánta plata ‘tenemos’ los uruguayos en paraísos fiscales?
1 Recopilados por Pablo Urreta
