Continúan las actuaciones en el marco del operativo destinado a investigar un nuevo caso de explotación sexual de menores implementado desde días atrás en Pueblo Gallinal; localidad de 700 habitantes ubicada a poco menos de 100 km. de Paysandú, en un procedimiento que se viene llevando a cabo bajo estricta reserva ya que se sospecha que existirían más implicados además de una mujer y dos hombres que fueran procesados inicialmente.
En primera instancia, el juez Fabricio Cidade procesó con prisión por un delito de violación (como autora intelectual), un delito de atentado violento al pudor y un delito de privación de libertad a una mujer carente de antecedentes penales que propició encuentros entre mayores y menores; en algunos casos a cambio de dinero. En algunos de esos encuentros participaron un hombre de un hombre de 36 años, también sin antecedentes, y de John Michael Méndez Esteven, poseedor de antecedentes penales; cuyos datos fueron divulgados oficialmente por el Ministerio del Interior. El joven fue procesado por un delito de atentando violento al pudor, y el otro hombre por un delito de retribución a menores para realizar actos eróticos o sexuales. No obstante, la investigación policial continúa ya que habría otros involucrados
Segundo caso en 17 meses
El caso investigado es el segundo que se registra en Gallinal en menos de dos años. En al anterior, descubierto a principios de diciembre de 2014, una capilla y un puente eran los sitios utilizados para mantener relaciones con niñas víctimas de explotación sexual pactados en un comercio, en una situación que se extendiera durante un año y saliera a luz a raíz del abandono escolar de las menores implicadas, según establació la Sentencia Interlocutoria Nº 3396, IUE 302-591/2014, dictada por el entonces Juez Letrado de 1º Instancia de Paysandú de 2º Turno, Fernando Islas Preyones, y divulgada públicamente por la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Luego de una extensa fundamentación, el juez Islas resolvió procesar con prisión a la dueña del comercio por un delito de contribución a la explotación sexual de personas menores de edad, sin prisión a los padres de las menores por omisión a los deberes inherentes a la Patria Potestad, y de tres hombres por un delito de corrupción.
