Quita de beneficios fiscales a universidades privadas genera polémica
Escribe Mariannina Álvarez
“Basta de mantener chetos”, clamaban algunos internautas desde las redes sociales, que reflejaron el debate generado por la propuesta de eliminar la exoneración tributaria a las donaciones dirigidas a universidades privadas.
Con la generalización propia de toda consigna (en dichos centros educativos no estudian sólo miembros de las clases altas), la frase permitía situar la cuestión como la contracara de otra discusión, la que genera las prestaciones que brinda el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). No son pocos quienes vociferan contra las políticas de “bancar vagos” impulsadas por los gobiernos frenteamplistas, las que se llevan adelante “gracias a mis impuestos”. ¿Se habrán planteado estos indignados alguna vez una reforma constitucional que termine con los privilegios impositivos de instituciones religiosas y de enseñanza?
Lo cierto es que el proyecto de la diputada Macarena Gelman levantó polvareda hasta en el propio oficialismo. El vicepresidente Raúl Sendic defendió la propuesta, al igual que el ex presidente de la República José Mujica, mientras que el ministro de Economía Danilo Astori la criticó.
“Constituye una clara discriminación contra las universidades privadas porque son las únicas instituciones excluidas de este régimen” protestó Juan Manuel Gutiérrez, rector de la Universidad de Montevideo, vinculada al Opus Dei. Alejandro Dolina advertía hace unos años sobre los excesos en el uso del término “discriminación”, porque después de todo, discriminar es pensar, separar una cosa de la otra y en definitiva, elegir, que es lo que hizo la legisladora. En momentos de desaceleración económica, cuando la educación pública es una de las afectadas por el ajuste, la diputada eligió que los centros de enseñanza terciarios privados dejen de percibir un beneficio que constituye una renuncia fiscal del Estado. En todo caso, lo mismo podrían decir las autoridades de la Universidad de la República, que deben abonar aportes patronales a la seguridad social a diferencia de las privadas, y a las cuales el Ministerio de Economía no demostró la misma sensibilidad, negando la solicitud de suspender dichos aportes durante diez años.
LA NOTA COMPLETA SE PUEDE LEER EN LA EDICIÓN PAPEL DE HOY JUEVES
