Un partido en disputa
Escribe Mariannina Álvarez
“Una vez más: la noticia, la rabia, el dolor. Una vez más: salir a la calle, gritar que estamos juntas, que si tocan a una responderemos todas”, se escuchó en la convocatoria del lunes de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay. El jueves anterior la Jefatura de Policía de Montevideo informó que habían “ultimado a una mujer en Barrio Cerrito”, Susana del Rocío Islas Núñez, de 54 años, herida de arma por su ex pareja, un hombre de 57 años que fue internado en el Hospital Policial por una “penetración leve de arma blanca en el tórax”.
El último mes del año no trajo alivio ante un flagelo que no mueve el amperímetro de los preocupados por la inseguridad. La reseña de los femicidios -una mujer asesinada cada trece días en 2016- podría constituir otra manera de comenzar el repaso de lo acontecido a nivel político y social, en un año que tuvo nuevamente a la seguridad pública como centro de la agenda mediática, y al ministro del Interior como objetivo principal de los dardos de la oposición. Paysandú fue golpeado duramente por la violencia de género este año. El último episodio tuvo como víctima a una niña de apenas un año, golpeada en la cabeza con un machete por su padre, que declaró que en realidad el golpe iba dirigido a la madre.
“Homicidios bajaron 10% y rapiñas 8% en 2016” señalaban los titulares el martes pasado. El ministro Eduardo Bonomi atribuyó el “notable” descenso al Programa de Alta Dedicación Operativa, que la policía comenzó a implementar en el mes de abril. Según el secretario de Estado desde las amenazas a los copamientos, pasando por las violaciones y las lesiones, los delitos se han reducido, en algunos casos significativamente. Pero es poco probable que las cifras traigan tranquilidad a la cartera más golpeada del gobierno. Este tampoco ha aportado a la causa, asumiendo muchas veces el discurso de mano dura de sus adversarios políticos. Y no solo el relato ha virado desde las tradicionales posturas de la izquierda. Los proyectos de ley adoptados por el Poder Ejecutivo tras el publicitado diálogo interpartidario, que limitan las excarcelaciones, fueron duramente criticados por organizaciones como IELSUR, que investigan estos asuntos desde una óptica progresista. Lejos quedaron los tiempos del ministro José Díaz y la ley de Humanización del Sistema Carcelario. Uruguay es el país con mayor población carcelaria de América en relación al número de habitantes, pero una creencia generalizada en la población sitúa el problema de inseguridad en supuestos bajos índices de encarcelamiento, cuando lo que puede reprocharse a los jueces es justamente lo contrario: que no recurrieran a las medidas alternativas a la prisión.
Danilo Astori disputa por estas horas el centro de atención, después que el gobierno dio a conocer los aumentos de tarifas. Es difícil coincidir en que aumentos que no superan la inflación constituyan un “tarifazo” (que dejamos para Argentina, con incrementos que superan en algunos casos el 400 %) y un “ajuste fiscal”, pero las explicaciones que las defienden parecen dirigidas solo a los más acérrimos defensores. Porque el problema no es que a partir de enero se pague más por los servicios públicos, sino que, una vez más, se deja pasar la oportunidad de gravar a los que más tienen. Porque las comparaciones no deben realizarse solamente con respecto a las políticas aplicadas durante los gobiernos de los partidos tradicionales, como intenta el Frente Amplio, sino en relación a los gravámenes que afectan a los sectores más concentrados de la economía. En definitiva, a quienes soportan el peso de la desaceleración económica. Las recientes revelaciones sobre las empresas beneficiadas con exoneraciones tributarias, permiten entender mejor la indignación de ciertos sectores frenteamplistas. Enojo que estaría mal canalizado si, como ha dicho insólitamente el periodista Alfredo García, se celebra la pérdida de la mayoría parlamentaria por la desafección de un oscuro legislador -Gonzalo Mujica- que se cree con derecho a mantener su banca pese a alejarse de la fuerza política que le permitió llegar al Parlamento. La resistencia de los partidos tradicionales a aumentar los impuestos a las jubilaciones más altas de los militares, evidencia que sus críticas a la política económica no están fundadas en un afán de justicia tributaria.
Mientras Larrañaga confiesa que la oposición “no está lista para gobernar”, y un porcentaje que supera el 20% se mantiene indeciso, sin inclinarse por la oposición, el partido con miras al 2019 se sigue disputando, y la pelota, como siempre, está en poder del gobierno.
