Escribe Enrique Malel
Por menor apasionamiento político que se ponga y por mayor oposición política que se despliegue, no pueden caber dudas que el Uruguay del siglo XXI ha evolucionado y requiere cambios acordes a su estado actual de desenvolvimiento.
El país es otro, la oposición política es otra y los mecanismos jurídicos de garantía de los derechos individuales y colectivos están fuertes y bien aceitados, de modo que debe darse una nueva institucionalidad al andamiaje constitucional, de protección a los derechos fundamentales, a la familia y especialmente a la propiedad, para pasar a ser un país de primera, se reitera, cualquiera sea la fuerza política que ocupe el Gobierno de la República.
Se realizan las anotaciones precedentes en base a la evolución cierta y registrada de los derechos individuales, que para ejemplo podría mencionarse el derecho a la salud, que se halla previsto por el Art. 44, que señala: “El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes” destacándose la expresión “tan solo” para referirse a indigentes, marginados y carenciados, lo que ha sido sobrepujado (y bienvenido sea) con la instauración del Sistema Integrado de Salud, por el cual se asiste a todas las personas, en salud de calidad, con independencia de sus ingresos económicos y estos pueden optar entre un operador privado o el público.
En tal sentido, el derecho de propiedad también debe ser revisado y en varias oportunidades los proyectos de ley presentados por los legisladores con el mejor sentido de justicia, como el de abandono de la propiedad, no pueden aprobarse o fracasan por la declaración de inconstitucionalidad, desde que la actual carta constitucional impide considerar a la propiedad como un bien al servicio de la comunidad y si como un bien integrante de un patrimonio privado, intocable, egoísta e inalienable.
Ello debe modificarse, considerarse la propiedad colectiva, elevar la consideración por la propiedad social y la propiedad cooperativa que es una de sus principales manifestaciones y entender y consagrar que la tierra es un elemento que pertenece a todos los habitantes de la República, quienes, por igual, tienen derecho al goce de todos los bienes que por Derecho les corresponden como seres integrantes de un hermoso colectivo que representa la asociación de todos los habitantes de este rincón del mundo.
