Posiciones encontradas en el Frente Amplio
La grieta de la inseguridad
Escribe Mariannina Álvarez
Sus políticas se acercan más a las preconizadas por la oposición que a las que debería impulsar un gobierno de izquierda. No obstante, las especulaciones electorales sitúan siempre al Ministro del Interior en el centro de las críticas.
En medio de declaraciones encontradas en el seno del propio oficialismo, el martes último representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia, fueron recibidos por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para analizar el impacto de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. En especial se abordó la tarea de la Policía establecida en la nueva norma. El senador frenteamplista Charles Carrera, adelantó que el Ministerio y la Fiscalía enviarán una propuesta para “darle claridad al CPP”, ya que está instalada la idea de que la Policía “no puede hacer nada si el fiscal no le da instrucciones, pero que eso no es correcto”. Una de las innovaciones del nuevo código refiere a las tareas policiales de investigación primaria, y a sus facultades para detener a quienes encuentre “in fraganti” cometiendo un delito. Según el legislador, la SCJ nunca interpretó que el CPP limitara el accionar de la Policía, y se mostró “totalmente de acuerdo” con que se mantengan expresamente los criterios de procedimiento anteriores, porque “funcionaban con eficacia”.
El fiscal general Jorge Díaz reconoció que hubo dificultades de implementación del código, ya que los fiscales son renuentes a la adopción del sistema informático, y también porque se subestimó la cantidad de funcionarios necesarios. En la próxima Rendición de Cuentas Fiscalía solicitará más personal, en la medida que han aumentado las denuncias.
En los últimos días el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha criticado que en casos de delitos graves no se aplica la prisión preventiva, para que mientras se desarrolla el juicio el imputado permanezca en prisión, lo que Díaz considera que es inconstitucional.
“El ministro dijo que tenemos un problema cultural, porque hay un conjunto de personas que se han dedicado al mundo del delito, y en esos casos el sistema político ya había definido que las personas que son reincidentes no tienen derecho a un conjunto de libertades, de modo que les corresponde la prisión preventiva”, explicó Carrera.
El debate por este tema atraviesa el partido de gobierno.
Bonomi había manifestado a Radio Uruguay que a partir de la vigencia del nuevo proceso penal había 1.200 presos menos, y se habían cometido más rapiñas. Dijo que cada vez se aplicaba menos la prisión preventiva, porque ahora “cuando agarran a uno por una rapiña chica, lo dejan dos o tres meses libre esperando el juicio” por considerar que no es peligroso, y reincide.
Continuando en su línea de mano dura, el ministro cuestionó la aplicación de medidas alternativas a la prisión. “Le dan tres años y algo de prisión, le cambian la prisión por medidas alternativas y entonces lo dejan libre. Esa persona va a seguir delinquiendo. Entonces hay que ajustar el código, más allá de que es bueno, hay que hacerlo” dijo el Secretario de Estado, quien no aclaró si prefiere que permanezcan en la cárcel de por vida, o si está en sus planes mejorar las vergonzosas condiciones de reclusión.
El ministro más reaccionario que ha pasado por la cartera durante los gobiernos progresistas es, paradójicamente, el más cuestionado por la oposición, que replica irresponsablemente los argumentos de la calle.
Subido a esa ola de populismo punitivo, Pedro Bordaberry anunció una enésima interpelación, a la que su sumó el líder del Partido Independiente Pablo Mieres, que como de costumbre no propone solución alguna, salvo la renuncia de Bonomi.
La estrategia de seguridad pública del Ministerio del Interior genera diferencias en el Frente Amplio. Quien ha salido al cruce varias veces es el sociólogo Rafael Paternain, senador suplente de Constanza Moreira, quien advirtió que una reforma como la prevista del CPP desvirtuaría su finalidad.
El legislador, quien se desempeñó como director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, argumentó a favor de una política de seguridad “que empiece a demostrar que el delito puede ser controlado, reducido y sancionando reduciendo al mismo tiempo los niveles de castigo innecesarios y extremos”. “Este juego de intentar controlar el delito y seguir teniendo a la cárcel como un centro regulador del delito me parece que es una de las claves que debemos romper”, sostuvo Paternain. Afirmó que el castigo y el encierro son factores criminógenos y generan sufrimiento añadido, no solo a la persona involucrada sino también a su entorno, y agregó que “son políticas que tienen altísimos costos”.
