Escribe Mariannina Álvarez

Días antes de conocerse el fallo del Tribunal de Apelaciones que confirmaría la sentencia del juez Sergio Moro, el analista político Mark Weisbrot escribió en el New York Times un artículo titulado “La democracia brasileña al borde del abismo”. El autor no es vocero del Partido de los Trabajadores ni de ninguno de los movimientos de izquierda que esta semana manifestaron su tristeza e indignación por el encarcelamiento de Lula. Nadie puede entonces atribuirle ceguera ideológica, negación de la realidad ni ninguno de los argumentos que repiten desde la derecha vernácula. Desde el corazón mismo de occidente Weisbrot, conocido también por sus análisis para el periódico inglés The Guardian, sostuvo que “la evidencia en contra de Lula da Silva está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense. Se le acusa de haber aceptado un soborno de la constructora OAS, a la que se procesó como parte del esquema de corrupción en Brasil investigado a través de la operación Lava Jato. Ese escándalo de miles de millones de dólares implicó a compañías que pagaron altos sobornos a funcionarios de la petrolera estatal, Petrobras, para obtener contratos a precios exorbitantes. El soborno que, según los alegatos, recibió Lula da Silva es un apartamento propiedad de OAS. Sin embargo, no hay documentos que comprueben que el expresidente o su esposa hayan recibido un título de propiedad, que hayan rentado o incluso hayan estado en el apartamento ni de que hayan intentado aceptar ese regalo. La evidencia en contra de Lula da Silva se basa en el testimonio del expresidente de OAS ahora convicto, José Aldemário Pinheiro Filho, a quien se le redujo la sentencia en prisión a cambio de entregar evidencia. De acuerdo con un reportaje del importante periódico brasileño Folha de S. Paulo, a Pinheiro no se le permitió llegar a un acuerdo de culpabilidad cuando en un principio contó la misma historia que Lula da Silva sobre el apartamento. También pasó cerca de seis meses detenido sin que comenzara su juicio. (Esta evidencia se analiza en el documento de 238 páginas de la sentencia). Sin embargo, esta escasa evidencia fue suficiente para el juez Moro. En lo que los estadounidenses podrían considerar un juicio amañado, sentenció a Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel”.
La sentencia de la Suprema Corte que determinó, por seis votos contra cinco, la prisión del ex presidente, debía pronunciarse no sobre su culpabilidad, sino en relación a si podía esperar el juicio -al que le quedan aún varias instancias- en libertad, tal como establece la Constitución de Brasil, o podía ser enviado a prisión al haberse pronunciado ya el tribunal de segunda instancia, según la interpretación que en los últimos años habían sostenido algunos integrantes de la Corte. La jueza que decidió la votación, lo hizo cambiando sus pronunciamientos anteriores, en que se había manifestado contraria al encarcelamiento en esa instancia. Y no tuvo empacho en aclarar que podría virar de nuevo su posición en el futuro. En pocas palabras, una voltereta a medida para perjudicar a Lula. Así de inescrupulosos se muestran hoy los magistrados en el vecino país.
La nota del periódico estadounidense continúa señalando que “el Estado de derecho en Brasil ya había recibido un golpe devastador en 2016, cuando la sucesora de Lula da Silva, Dilma Rousseff (quien resultó electa en 2010 y luego reelecta en 2014), fue destituida de su cargo. Casi todo el mundo (y quizá casi todos los brasileños) cree que se le destituyó por corrupción pero, de hecho, se le acusó de una maniobra contable que hizo que el déficit presupuestario federal pareciera temporalmente menor de lo que se vería sin haberlo maquillado. Era algo que otros presidentes y gobernadores habían hecho sin consecuencias. Además, el propio procurador federal del gobierno concluyó que no se trataba de un delito”.
Mientras tanto, ajeno al terremoto en Brasil, el gobierno uruguayo evita pronunciarse, alegando el respeto por la justicia y los asuntos internos de aquel país, como si una decisión que envalentonó a los sectores más reaccionarios en Uruguay no fuera a afectar, tarde o temprano, al partido de gobierno. Asamblea Uruguay, el grupo liderado por Danilo Astori, fue el único en no apoyar la declaración del Frente Amplio condenando la prisión de Lula.

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