En oportunidad del tratamiento del proyecto de ley por el cual se destinan U$S 177 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética a rentas generales, el diputado Nicolás Olivera, manifestó su expreso rechazo al mismo, por cuanto son recursos generados por los usuarios y que por tal motivo no deben ser destinados a paliar el déficit generado por la mala administración del gobierno.
UTE facturó U$S 2.000 millones en 2017 y la tarifa residencial es la más cara de la región.
Ante la verificación de un excedente en el Fondo de Estabilización Energética, el Ministerio de Economía propuso destinar dichos recursos a rentas generales, perdiendo de vista que dicho fondo se generó en base a las tarifas, de las cuales el diputado Olivera recordó que el 80% de lo que factura UTE proviene del uso residencial.
En oportunidad de analizar estos aspectos, señaló que han existido anuncios que avizoraban a corto plazo reducir las tarifas en un 20%, como lo expresó el ex ministro Kreimerman, pero esto no sucedió. En 2017 las familias uruguayas pagaron por su consumo residencial U$S 280 por MWh y en Argentina U$S 109 MWh.
El sistema político debe dar una señal, hay gente en este país que se está fundiendo trabajando.
En su intervención el diputado nacionalista reivindicó la importancia de la labor parlamentaria a la hora de redistribuir recursos, señalando que “¡No podemos ser tan necios de querer darnos cuenta de que a 50 metros hay un país reclamando que bajen las tarifas, y mirar para el costado! … siento y creo que tiene que ser aquí y ahora el momento en que los legisladores nos pongamos de acuerdo y por una vez ‑¡una vez!‑ entre tantas le demos una buena noticia a la gente”.
Se perdió una oportunidad de aligerar la carga del Estado.
Dentro de las posibilidades de redireccionamiento de recursos, el diputado Nicolás Olivera planteó la posibilidad de generar una especie de subsidio que permita que por ejemplo, el 60% de los jubilados que percibe menos de $ 14.000 pesos puedan contar en sus viviendas con tecnología de microgeneración solar fotovoltaica que le permita reducir o eliminar los costos de energía eléctrica.
También recordó que dentro de los posibles destinos, podría financiarse el Fondo Salto Grande para el Desarrollo, proyecto de ley presentado el año pasado conjuntamente con el diputado Ayala, que pretende paliar las situaciones ambientales generadas por el propio uso de la represa.
Destinar el excedente del fondo para pagar el déficit del gobierno, es tapar su ineficiencia.
El diputado Olivera se manifestó contrario a destinar el excedente a pagar el déficit generado por la mala administración de este Gobierno, ya que esto significaría utilizar lo que pagó de más la gente, lo que pagó por un servicio caro, para tapar los despilfarros del gobierno.
En definitiva, prosperó la propuesta del gobierno, aprobándose la ley que determinó que los U$S 177 millones de dólares pasaran a rentas generales, sin determinarse un destino como lo propuso la oposición, sobre la base de entender que el excedente debía beneficiar a los propios usuarios que a través del pago de las tarifas aportaron los recursos para el mismo, con la finalidad de atender la variación de las situaciones climáticas y su incidencia en la generación de energía.
