A modo de inventario

Darío Rodríguez

El presente relato tiene que ver con la participación de las cooperativas en el proyecto integral que transformará la zona de la ex textil. Hace unos días, las cooperativas -movilizadas al predio- recibieron la custodia de la tierra en que van a vivir.

Como se sabe, el predio de 4 hectáreas fue adquirido por la Intendencia de Paysandú (IDP) al Fondo de Desarrollo (FONDES) en 1.5 millones de dólares, con una entrega inicial de 500 mil dólares (dinero previsto para cartera de tierra municipal) y el saldo financiable en 8 años. La buena iniciativa de la IDP que paralelamente concibió un ambicioso proyecto, en una zona consolidada de la ciudad, dejó en evidencia, al menos, dos cuestiones; la preocupación por jerarquizar y ordenar el uso de la ciudad en clave democrática y, por otro lado, el respaldo político -más allá de los ruidos cotidianos- que significó el apoyo dado por todos los partidos políticos que en la Junta Departamental avalaron adquisición predial. En pequeña escala, la demostración que en algunas materias puede haber  políticas de Estado pensadas en el bien común. Como la ley de vivienda que funciona desde hace 50 años; con el corte padecido durante la dictadura.

Tras éste paso, medular, la IDP fue incorporando socios para impulsar e instalar distintos emprendimientos: educativos, recreativos, sanitarios, cooperativos que se empalmarán con el plan de ordenamiento territorial para esa zona. En la integralidad del planteo hay espacios para la participación privada.

El hábitat como necesidad

Como en todo el país en Paysandú existe déficit habitacional que se registra en los sectores de menores ingresos de la población. El departamento tiene un déficit cuantitativo del 5 % y cualitativo del 19 %. Por lo cual que en el proyecto en cuestión participen las cooperativas de vivienda, en sus distintas modalidades parecía de orden. Hay que tener en cuenta la calidad de su producción  y el rol que juega la gente organizada en un proceso creador de ciudad y ciudadanía.

Además las distintas familias que optan por ingresar o constituir una cooperativa como forma de acceder a un derecho, como es la vivienda, realizan enormes esfuerzos y deben cumplir, estrictamente, con todo y cada uno de los requisitos que pone el Estado; a veces una “carrera de postas”. No es suficiente necesitar una vivienda, hay que poner mucho más.

Trámite va, trámite viene

Ocho cooperativas, totalizando 320 viviendas, serán parte del proyecto en la ex fábrica. Que trabajadores, desde las cooperativas, vuelven a un predio donde decenas de obreros generaron riqueza no deja de ser una “revancha”.

Constituidas las cooperativas, por allá por el 2017, se inscribieron en la IDP para acceder a una parcela, contrataron Instituto Asesor, se registraron y obtuvieron certificado de regularidad en el MVOTMA, abrieron cuenta bancaria, pasaron por DGI, BPS y hasta el RUPE. Ah, e INACCOP!  Corriendo, aprendiendo, fueron saltando vallas, y continúan haciéndolo. Con tales pasos demostraron interés en construir en altura, una novedad  -y desafío- para las cooperativas sanduceras.

Este somero resumen implica horas de asambleas, reuniones, trámites, algún que otro costo, asociarse y participar en diversas instancias gremiales. Ese ha sido el tiempo que se consumió desde la fundación de las cooperativas hasta estos días.

Paralelamente la IDP se asoció con el MVOTMA y acordó que se entregarían tres préstamos directos (a razón de uno por Federación). Decidió que en simultáneo se entregarían los predios a todas y, en el mismo proceso se definieron los créditos directos. Junto al MVOTMA, aplicó, a los efectos de las adjudicaciones, el Reglamento de Cartera de Tierras e Inmuebles de Interés Social (CIVIS) para objetivar procedimientos.

Esto tenía como marco el apoyo suscripto por las tres Federaciones nacionales más representativas; FECOVI, FUCVAM y el PVS.  Generalmente cada paso que se daba, en este largo y complejo viaje, la IDP realizaba un acto público. Aceptó, de buen talante, el planteo de las gremiales de crear una comisión bipartita para monitorear y seguir proceso; aunque debió estar presente el MVOTMA.

¿Ahora qué?

Las 8 cooperativas, hoy por hoy, ya cuentan con viabilidad de saneamiento y agua potable (otro trámite!) de OSE y transitan la etapa de factibilidad del terreno; estudio que realiza la ANV solicitando diversa información a las cooperativas y sus institutos asesores; entre ellos estudios del suelo costeado por cada cooperativa. La IDP ha estado aportando información sobre el predio, plano de mensura, otros estudios y completará extensión de redes (agua-saneamiento) que permita fraccionar e inscribir en catastro los predios asignados. Todo esto tiene plazos concretos.

Luego vendrá en abril para las cooperativas (Coviappay, Covilan, Covisinpay) que tendrán crédito directo la presentación del anteproyecto para seguir rumbo a la escritura en octubre.

Las otras cooperativas, presentando anteproyecto en setiembre, ingresarán al sistema de sorteos en diciembre. Este año, el MVOTMA vuelve a la mecánica de dos sorteos anuales, adicionando 500 viviendas más. De 1.500 a 2 mil.

En este proceso, se hace preceptiva la intervención, nuevamente de la Junta Departamental, para autorizar la venta de cada uno de los ocho padrones a la cooperativa. Recuérdese que las cooperativas pagarán el terreno, que ya tiene un valor previsto.

La anuencia de la Junta, con mayoría especiales, reforzará, en esta materia, una política departamental de Estado; siempre pensando en la gente más desvalida.  Al dar la anuencia los distintos partidos estarán sellando la marcha de un proyecto de alto impacto;  transformador.

Antes de cerrar el año tres torres, con 128 viviendas, distribuyendo unos 9 millones de dólares en la ciudad, esperarán que más temprano que tarde los otros 13 millones de la misma moneda (aunque en UR) levanten las otras 5 cooperativas para las 200 familias que hicieron la apuesta por la  producción social del hábitat.