Uso social del suelo
Escribe Dario Rodríguez
Al confeccionar el presupuesto de la política pública de vivienda, el actual gobierno acordó con el movimiento cooperativo destinar recursos para construir 10 mil viviendas por el sistema cooperativo. Todo hace suponer que dicha meta se alcanzará.
Analizar la política en esta materia, con sus luces y sus sombras, que no comprime déficit habitacional, -cuali y cuantitativo-, será objeto de otros abordajes.
No tan cerca
Desde sus inicios, hasta después de los 90, las políticas públicas de vivienda, hacían que las cooperativas constructoras de ciudad – no solo por cuestiones presupuestales-, fueran a las periferias. Eran una especie de colonos. Largos relatos de los cooperativistas testimonian aquellos días. Luego había que montar infraestructura, llevar servicios y ubicar equipamiento. Parte de la inversión, muchas veces, la realizaba la propia cooperativa, a su costo. Por ejemplo, hay escuelas montadas en predios de las cooperativas que luego fueron transferidas a Educación Primaria. Siempre se supo que desarrollar infraestructura tiene un alto costo por hectárea, hoy, no menor a los 300 mil dólares. Mientras la ciudad, dual, se extendía, zonas servidas se vaciaban y/o se tugurizaban.
“Paysandú mismo, tiene la posibilidad de destinar, al igual que Mercedes, el corralón municipal con destino a un proyecto integral”
En pleno furor neoliberal (años 90) con el FA al frente del gobierno departamental de Montevideo y el apoyo de las Federaciones se estableció una cartera de tierra y desarrolló un plan de reciclaje de fincas en ciudad Vieja; extremo que permitió utilizar y resignificar un espacio degradado, con buena infraestructura y evitar procesos de gentifricación. Buena parte de dicho barrio tiene hoy otra impronta. Pero por entonces las políticas departamentales y nacionales lucían en pugna.
Más adelante la Intendencia de Montevideo extendió la experiencia en Ciudad Vieja a otros barrios; caso Goes. El plan, con las cooperativas como ariete, tenía otros componentes.
En el interior, la política de acceso al suelo, en términos generales tenía al Estado como un gran ausente. En Paysandú, por ejemplo, buena parte de las cooperativas construidas fueron casi a los confines de la ciudad; luego su extensión las abrazó. En zona norte, ameritó la extensión del servicio de transporte y recientes proyectos de urbanización y parquización. Similares comentarios se podrían hacer sobre otras tantas ciudades.
Al tiempo que esto sucedía estaban presenten los llamados “cantegriles”, -hoy denominados “asentamientos irregulares”- y las clases medias altas y altas se “fugaban” y se encerraban en “barrios privados” usando suelo suburbano o rural, demandando luego infraestructura y servicios; contribuyendo al vaciamiento de la ciudad.
“Sin una decisiva participación del Estado no tendríamos cooperativas haciendo uso intensivo del suelo en sitios emblemáticos de la ciudad como los barrios Sur y Palermo (Montevideo);”
Más allá de los programas implementados en los últimos años sobre los “asentamientos”; los mismos han crecido, llegando incluso, a algunas ciudades del interior. Habría que ver el alcance de la “regularización” y si no existe otra política al respecto de la integración y mejoramiento de los niveles de confort y acceso a bienes diversos.
Po otra parte, es cierto que la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (LOTDS) da otro marco al uso del suelo e impediría crear “barrios privados”, aunque existen muchos en varios departamentos; particularmente Canelones. No obstante la defensa que hacen algunos jerarcas nacionales o departamentales de los ”barrios privados” hablando de su integración y participación comunitaria obvia políticas que tienden a fortalecer la trama urbana consolidada y la recomposición del tejido social, muy dañado. Los sectores con mayores poder adquisitivo se “resguardan por seguridad” de los otros.
Insinuación
La llegada del FA al gobierno en el 2005 abrió un conjunto de expectativas en el mundo de la producción social del hábitat. Es cierto que eliminó la adjudicación de préstamos por franjas, regularizó procedimientos administrativos, creó la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), regularizó adeudos, instrumentó cartera de tierra y un sistema de subsidio a la permanencia, sancionó la LOTDS, entre otras variantes. También es cierto que cobra una tasa de interés en los préstamos desorbitada, que la cartera de tierra es débil y que le cuesta un perú el uso de la expropiación y dar sanción al proyecto de viviendas abandonadas. Ni hablar de la asignación presupuestal. Es usual, más allá de episodios coyunturales, (enfrentamiento ante el reclamo de la baja del interés de los préstamos) que dialoga con el mundo de las cooperativas y sus organizaciones, desde la independencia de las mismas.
Progresivamente, no sin contradicciones ni oscilaciones, puso cierto acento en el uso del suelo y el acceso democrático al mismo. La intervención del Estado es vital a los efectos de evitar la especulación y generar fenómenos de planificación urbana sin segregación. Sin una decisiva participación del Estado no tendríamos cooperativas haciendo uso intensivo del suelo en sitios emblemáticos de la ciudad como los barrios Sur y Palermo (Montevideo); oteando la faja costera, otrora un privilegio de clase. El fenómeno del uso intensivo del suelo, en la trama consolidada de la ciudad se insinúa también en las ciudades intermedias del interior. El proyecto -en ejecución- en la Ex textil Paylana va en tal dirección contribuyendo, en un lugar emblemático, a densificar la trama urbana. Lo significativo de estos procesos es que atiende diversos sectores sociales y variadas actividades (educativas, laborales, recreativas) en interacción e integración ciudadana. Revisa el criterio de las cooperativas a la periferia, usando suelos baratos en principio y lleno de dificultades. Paysandú mismo, tiene la posibilidad de destinar, al igual que Mercedes, el corralón municipal con destino a un proyecto integral con la particularidad que se integraría a un circuito, nueva centralidad, que incluye centros educativos (dependencias de UTU y UdelaR) recreativos, (plaza de deporte, pista de atletismo, Estadios) y sanitarios (Hospital Escuela y Mutualista)
Volvamos a Montevideo. Estudios académicos y de algunas organizaciones indican la existencia, en un par de barrios servidos, de unas 100 hectáreas vacantes, contribuyendo, de alguna manera a la fragmentación sociourbana.
Dispersos juntos
El cambio de paradigma tiene soporte en varias disposiciones entre ellas la LOTDS y la reciente estrategia de acceso al suelo del MVOTMA. No obstante requiere enfrentar intereses, pues la ciudad es, además, un espacio donde conviven colaboración y disputa.
Hoy en Montevideo observamos infinidad de cooperativas en la rambla, zonas centrales y consolidadas, levantando edificios; en lo que es la asunción de nuevos criterios. Es una nueva complejidad: construir en altura, reforzar seguridad (sin aporte de recursos en el préstamo), optimizar espacios y aportar a la heterogeneidad urbana sin exclusiones.
Dichas políticas se insinúan también en el interior. Algunas Intendencias, desde las carteras de tierra existentes, inciden en el acceso al suelo desmercantilizándolo. Asumen la idea de la pertinencia de las cooperativas en espacios centrales/consolidados.
“Compactar” las ciudades, -con densificación a cierta escala- entre otras cuestiones, disminuye tiempos de desplazamientos, habilita uso de otros medios de transportes, contribuyen a mitigar las emisiones y facilita la interacción entre sectores sociales.
Por estos días, la Intendencia de Montevideo, plasmó en un documento lo que era un debate procesado en las Federaciones; la idea de construir en “lotes dispersos”. Señaló que sienta en una mesa a FUCVAM, vecinos organizados, en este caso de Ciudad Vieja, Facultad de Arquitectura y Diseño, equipo técnico y MVOTMA. En Uruguay conocemos casos de cooperativas construidas en padrones contiguos (Mercedes) o padrones a ambos lados de una calle (Paysandú)
Al darle encuadre conceptual a la iniciativa, la Intendencia explicita que se adscribe “a un desarrollo participativo, redistributivo, igualitario y sostenible…” alternativo a la “especulación, a la contaminación, al extractivismo urbano, al crecimiento depredador, a las tensiones ciudad-ruralidad”. Al respecto sería buena que la Intendencia ponga en discusión con las distintas organizaciones del hábitat que hará con el predio que quedará vacante tras el traslado del Mercado Modelo.
Expresa, por otra parte, que en el evento “Diálogos Urbanos” “distintas expresiones organizadas han manifestado su preocupación por los efectos que producen los procesos de gentrificación en quienes habitan las áreas centrales de la ciudad”. Reforzando su argumentación pone sobre la mesa la creación del programa piloto “Fincas Abandonadas” cuyo “cometido es implementar todas las medidas administrativas y acciones consecuentes tendientes a la recuperación de inmuebles abandonados y deudores en la ciudad” e incorporarlos, “a la cartera de tierras”. El objetivo de la mancomunado es armar un “proyecto piloto para el desarrollo de una cooperativa de vivienda en lotes dispersos en predios ubicados en la ciudad vieja”.
La producción social del hábitat da pruebas de su adaptabilidad a los distintos territorios donde las cooperativas son un agente de irradiación comunitaria. A la experiencia de las cooperativas en espacios centrales de la ciudad, con todo lo que ello implica en relación al acceso democrático al suelo y sus posibilidades, hay que sumar la propuesta como la de la Ex Paylana donde las cooperativas son parte de un proyecto integral, diverso. Ahora, notamos la coexistencia del viejo paradigma (cooperativas a las periferias, proceso de construcción de infraestructura, instalación de servicios y equipamiento) con el nuevo. El emergente requiere de varias cosas: una mirada desmercantilizada de la ciudad y su consiguiente acceso por parte de las distintas clases sociales, políticas concretas e instrumentos (legales, normativos, de planificación) y decisión para enfrentar poderosos intereses.
