Ante un auditorio repleto en el complejo Kibón Avanza, Lacalle Pou y su equipo de técnicos presentaron al país el programa de gobierno nacional que se aplicará en caso de acceder al gobierno nacional. Acompañaron al líder nacionalista más de 350 técnicos que en este período brindaron su aporte al documento programático. El senador y precandidato nacionalista lo definió como «el primer contrato de la campaña política”.
Explicó que eligió el término de shock para ordenar el programa debido a que las medidas presentadas refieren a “lo urgente y lo rápido que no admite demoras”. Dijo que quiere liderar un gobierno «dinámico, enérgico, que tenga la obsesión de lograr mejores resultados con menor gasto y en menos tiempo”.
Al finalizar su discurso saludó a su equipo técnico y político, al que definió como “el mejor del país”.
El programa se resume en cinco grandes shocks, o sacudones positivos, que «pongan al país en un rumbo mejor». Los cinco shock son: austeridad, competitividad, seguridad ciudadania, social, conocimiento y cultura.
A continuación, compartimos un resumen del documento, que explica cuáles son las acciones concretas.
Shock de austeridad:
Uruguay puede ahorrar 900 millones de dólares al año sin que esto afecte ninguna de las tareas que el Estado brinda. Para ello se plantea:
• Gasto en salarios: En 2017 hubo 26.166 bajas de funcionarios públicos por todo concepto (fallecimiento, destituciones, renuncias o abandono del cargo, finalización de contratos a término, jubilaciones y otros motivos). Si no se cubrieran anualmente el 21% de estas vacantes, se generaría un ahorro de 100 millones de dólares por año (lo que representa un acumulado de 500 millones en el quinquenio). Queda excluido de esta propuesta el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior.
• Servicios no personales: refiere a los contratos de servicios que se ejecutan con especificaciones que muchas veces no reflejan las reales necesidades del servicio, no se controlan en debida forma y se prolongan innecesariamente en el tiempo. Las economías posibles en esta categoría se estiman en 132 millones de dólares al año.
• Gerenciamiento de Obra Pública: en estos años se ha instalado como norma que el 10% destinado a imprevistos de toda obra pública se ejecute siempre como parte del contrato. Agotada esta partida, se pasa a la aprobación de adicionales. De este modo, al haber convertido en regla lo que originalmente era una excepción, el precio final termina por superar largamente lo estimado. A partir de cambios sustanciales en la formulación de los proyectos y en la profesionalización del gerenciamiento de las obras, estimamos una economía mínima de 100 millones de dólares al año.
• Empresas Públicas: de las economías totales que hemos proyectado, casi el 40% corresponde a una gestión más eficiente de las empresas públicas, asumiendo que no afecta su normal funcionamiento dentro del estricto cumplimiento de sus cometidos y competencias, y sin incluir cambios estructurales en sus negocios relevantes. Quiere decir que se trata de una estimación muy conservadora, que considera básicamente la adopción de decisiones orientadas al ahorro en materia de gasto en publicidad, la eliminación de tercerizaciones duplicadas, la racionalización de actividades y la eliminación de gastos duplicados y superfluos. Estimamos que el cumplimiento de estas pautas aportará economías por 348 millones de dólares al año.
• Otras líneas de ahorro: hemos identificado otras ocho áreas de trabajo para las que estimamos economías del orden de 220 millones de dólares. Estas refieren a las compras de bienes de consumo y suministros, transferencias, la resolución temprana o la correcta defensa del Estado como parte litigante, la eliminación del manejo físico de documentos con la total aplicación del expediente electrónico, la racionalización de bienes muebles e inmuebles y la inclusión financiera del Estado, que demanda a los privados lo que sus propios servicios no cumplen.
Crear Agencia de Compras Públicas, que surgirá de la fusión de la Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) bajo nuevas pautas regulatorias.
Creación del Silencio Positivo de la Administración. En todos los casos que no requieran reforma constitucional, se avanzará por vía legal hacia la instalación del “silencio positivo” a favor del ciudadano (“confirmatoria ficta” en vez de “denegatoria ficta” como existe hoy). El silencio negativo o las denegatorias fictas colocan a los ciudadanos en una posición de inferioridad frente al Estado. La instalación progresiva del “silencio positivo” en los procedimientos administrativos (teniendo en cuenta las complejidades de cada sector) contribuirá a poner al ciudadano en el centro de atención. La negligencia, culpa o dolo del funcionario que dejó vencer los plazos será evaluada mediante investigaciones administrativas y/o sumarios. Si se producen daños o perjuicios para el Estado, esté podrá resarcirse repitiendo contra los responsables
Shock de competitividad:
Abrir las empresas públicas al mercado de capitales. Sin afectar el control por parte del Estado, se propone recurrir al mercado de capitales (siempre que el costo beneficio lo justifique), abriendo parte del capital de algunas empresas subsidiarias y el financiamiento de nuevas inversiones. Además de aportar financiamiento, esta apertura contribuirá a la transparencia y al control de la gestión.
Regular la importación, comercialización y distribución del combustible
En materia de inserción internacional, el país suspenderá su membresía en UNASUR. La participación regional se canalizará a través del Grupo de Lima, la OEA, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se lanzará un Programa de Formación de Negociadores Globales que asegure la especialización funcional y la capacitación constante de los funcionarios del servicio exterior. La promoción comercial y provisión de apoyo a las actividades internacionales de las empresas deberán contar con funcionarios especialmente preparados.
En relaciones laborales el modelo debe ser colaborativo. La regla debe ser la cooperación y la excepción el conflicto. Se van a mantener los Consejos de Salarios. Se promoverá ante el Consejo Superior Tripartito la creación de un Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las Cámaras Empresariales.
MIPYMES: Con el objetivo de dinamizar el mercado interno, acceder a nuevos mercados, generar fuentes genuinas de trabajo y disminuir los costos de cumplimiento de estos contribuyentes, se propone una reestructuración del régimen fiscal para las MIPYMES que permita acompañar el nivel de actividad desarrollada. Para ello se plantea cambiar el régimen fiscal de manera que cada empresa aporte en relación a lo realmente facturado, con tasas subsidiadas para los contribuyentes de menores ingresos. Esta modificación se servirá del régimen de facturación electrónica que estará implementado, y permitirá que las compras realizadas a MIPYMES por parte de contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) puedan considerarse un gasto deducible. Esta es una condición esencial para romper un círculo en el que frecuentemente las MIPYMES quedan encerradas. 2. Se exonerará a las MIPYMES del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) mientras no tengan facturación. Sólo comenzarán a tributar en la medida que obtengan renta. Mientras no tengan ingresos fuera de subsidios públicos tales como ANDE, MIEM, etc., se establecerá que esos ingresos no computen como renta bruta a los efectos del IRAE.
Acciones tributarias para el agro:
• La política tributaria para el agro debe estar basada en la renta, como lo está en los demás sectores de la economía.
• Permitir que los productores que tributan IMEBA puedan descontar costos de producción. Estudiar la posibilidad de que también puedan descontar el IVA en insumos estratégicos.
• Permitir gradualmente que el Impuesto al Patrimonio pueda ser descontado del Impuesto a la Renta.
• Flexibilizar las fechas de pago de tributos, ajustándolas a los ciclos productivos.
Shock de Seguridad pública:
Acciones referentes a la prevención:
• Fortalecimiento de las Comisarías Seccionales como unidades operativas básicas de la Policía, generadoras de información para el análisis del delito y como centros de referencia para la población, mediante la devolución de las funciones que se les quitaron por la Ley N° 19.315 (Ley Orgánica Policial).
• Jerarquización de la figura del Comisario como líder del personal a su cargo y referente de la seguridad en la comunidad local, proporcionándoles el apoyo y la continuidad temporal necesaria para el éxito en sus funciones.
• Reformulación del sistema de patrullaje de vía pública, adaptándolo a las características demográficas, territoriales, productivas o comerciales, socioculturales, educativas, sanitarias y delictivas propias de cada zona.
• Reinstauración del derecho al porte de arma al personal policial en situación de retiro, autorizando su intervención en situaciones de emergencia de seguridad, en forma voluntaria, dando cuenta de inmediato y formalmente a la autoridad policial.
Acciones dirigidas a la represión del delito:
• Declaración formal de la emergencia nacional en seguridad pública el 01/03/2020, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades.
• Ejercicio pleno y sin renuncia de la autoridad atribuida por la Constitución al Poder Ejecutivo, y por ley a la Policía Nacional, para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República.
• Presunción simple de legítima defensa (art. 26 del Código Penal) a favor de los funcionarios policiales, de Prefectura Nacional Naval y guardias privados de seguridad comprendidos en la calidad de “guardias jurados”, mediante la modificación del art. 26 del Código Penal. Se establecerá en principio que en toda acción que implique uso de la fuerza por dichos funcionarios concurren las tres circunstancias legalmente requeridas para el cómputo de la eximente de responsabilidad.
• Presunción simple de legítima defensa nocturna (art. 26 del Código Penal) cuando se trate de establecimientos rurales, respecto de aquel que se defienda ante el ingreso de personas extrañas a un establecimiento en el que se desarrolle actividad agropecuaria.
• Tipificación como homicidio muy especialmente agravado (art. 312 del Código Penal) de la muerte de cualquier trabajador en ocasión del desempeño de tareas propias de su trabajo o con ocasión de éstas. Quedarán incluidos los guardias de seguridad privada, trabajadores del transporte, comerciantes, empleados del comercio, repartidores, distribuidores de mercaderías, cobradores, etc.
Seguridad Social
Convocatoria a una comisión multipartidaria de expertos designados por los partidos políticos, a los que se dará un año para realizar una evaluación cuidadosa de la situación, identificar posibles escenarios y definir un menú de estrategias de reforma que aseguren la sustentabilidad de mediano y largo plazo con una visión de la sociedad en su conjunto. Esa comisión, que trabajará en consulta con las diferentes representaciones sociales, deberá elaborar y presentar propuestas o alternativas para reformas paramétricas del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social, así como para perfeccionar el pilar de ahorro individual. El objetivo será devolverle al régimen el equilibrio financiero-actuarial, hoy puesto en riesgo por las malas decisiones y por el envejecimiento demográfico. La comisión tendrá acceso a toda la información disponible en el BPS y en otras dependencias del Estado, y contará con recursos para asegurarse el asesoramiento de especialistas de primer nivel.
Shock social
Políticas sociales:
• Desmontar el actual formato burocrático y compartimentado para pasar a una organización flexible, centrada en la ejecución de programas globales.
Organizar la política social en un conjunto relativamente reducido de programas inter-institucionales de alto impacto, en lugar de dispersarla en una multitud de iniciativas difíciles de identificar, de controlar y de evaluar.
• Instalar para cada programa el principio: “un programa, un responsable”, con el objetivo de evitar ineficiencias y disolución de responsabilidades.
• Definir criterios claros de priorización presupuestal, de manera tal que lo que se declare una prioridad efectivamente lo sea en los hechos.
• Apoyo y acompañamiento a embarazadas en situación vulnerable desde antes del nacimiento del niño. Fortalecimiento del convenio ASSE-CAIF en el trabajo con embarazadas a través de talleres y políticas de apoyo nutricional para embarazadas adelgazadas.
Shock del conocimiento y la cultura:
Educación
• Reforma urgente de la Ley de Educación, incluyendo Rediseño de la gobernanza de ANEP, incluyendo en el CODICEN a los directores generales de los consejos desconcentrados.
• Eliminación de la representación docente en los consejos de ANEP (arts. 58 y 65). La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por los representantes de los ciudadanos.
• Política de fortalecimiento de los centros educativos como escenario crucial para el logro de aprendizajes de calidad para todos. Esa política incluirá, entre otras las siguientes acciones: Modificación inmediata del régimen de elección de cargos en Secundaria, según las líneas definidas en la propuesta presentada por el senador Luis Lacalle Pou en marzo de 2015; Elaboración de un nuevo estatuto docente; Fortalecimiento del papel de los directores de centro; Se otorgará a los directores la capacidad de seleccionar a los miembros de su cuerpo docente mediante procedimientos fundados; Se tomarán las previsiones necesarias para aplicar esta medida en forma gradual y respetuosa de los derechos adquiridos; Mínimo de tres años de permanencia en un mismo establecimiento para los directores.
• Elaboración de una ley sustitutiva del proyecto de creación de la Universidad de la Educación (UNED), que otorgue rango universitario a la formación docente e integre los esfuerzos que hoy se realizan tanto en el sector público como en el privado. La formación docente de nivel universitario debe abarcar desde los docentes de educación inicial hasta los de bachillerato, en todas las ramas de la enseñanza que están a cargo de ANEP. Se elaborará un curriculum mínimo a ser exigido a todas las instituciones que se dediquen a la formación docente, ya sea en el ámbito público o en el privado
Un proceso de largo aliento
El documento que se dio a conocer a la opinión pública es el resultado final del trabajo de más de 350 técnicos que sin interrupciones trabajaron durante la actual administración (en tal sentido, vale mencionar las medidas de gobierno presentadas al Presidente de la República los 2 de marzo de 2016, 2017 y 2018).
También cabe recordar el trabajo que se realizó en el 2018 durante el proceso denominado “El cambio lo hacemos contigo”, en el que los coordinadores de los equipos técnicos recorrieron todo el país para reunirse con diferentes organizaciones locales. Eso proceso derivó en las líneas programáticas, que se presentaron en Trinidad en el Congreso Entre Todos, en el mes de octubre.
