Escribe Darío Rodríguez
El pasado mes de abril la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró un informe especial sobre los efectos de la pandemia. Antes de la misma, la organización creía que el crecimiento económico en la región sería de un 1.5 %; la crisis hizo reformular el pronóstico y llevarlo a una caída del 1.8% del Producto Bruto Interno (PBI) “Sin embargo, no es de descartar que el desarrollo que la pandemia lleve a previsiones de contracciones de entre un 3% y un 4%, o incluso más” reza el informe. El impacto, dice el informe, tendrá que ver con las medidas que, a distinto nivel, se tomen. Tras listar desde donde vendrán los impactos a nuestra región, indica que “la contracción de la demanda mundial, en particular la de China, uno de los mayores consumidores e importadores de productos primarios, jugará un papel destacado en la disminución de sus precios”. En lo concreto, “México y Chile serían los países más expuestos a una caída de la oferta de China, que suministra alrededor del 7% de sus insumos intermedios”. Le siguen Colombia y el Perú, que importan de China el 4,5% y el 5% de sus insumos intermedios, respectivamente. Además el país presidido por Manuel López Obrador está muy dependiente de la demanda de los EE.UU.
Hay sectores que dependen del distanciamiento social (transporte, servicios, turismo, servicios sociales), con contactos interpersonales; ellos son los más afectados. Por ejemplo, en Uruguay, hay miles de puestos de trabajo en la picota. En la región, con un 53 % de trabajo precario, sin mayor cobertura social, se observan “altas tasas de informalidad, aumento del trabajo por cuenta propia y brechas en el acceso a la protección social contributiva. Pocos países cuentan con prestaciones de desempleo; en 2019, solo en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y el Uruguay, los trabajadores del sector formal tenían seguro de desempleo. Los sistemas de protección social contributiva se verán afectados financieramente por la mayor demanda de prestaciones de licencia de enfermedad por parte de los trabajadores del sector formal. Los programas de protección social no contributiva, que se financian con impuestos, apoyan a los más pobres; será necesario ampliarlos a otras familias de bajos ingresos en riesgo de caer en la pobreza”. Con timidez el gobierno de derecha algo de eso implementó en Uruguay. En América Latina casi el 99 % de las empresas son micro, medianas y pequeñas. Son las que generan puestos de trabajo. El impacto sobre ellas y, por extensión sobre el empleo (47 % generado), será devastador.
El acceso a internet y en qué condiciones es un indicador a tener en cuenta. Al respecto el informe describe que “mientras en 2017 más del 80% de la población estaba conectada a Internet móvil en Chile, Brasil, Costa Rica y Uruguay, esa cifra se reducía al 30% en Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua”. Aunque no precisa las inequidades a la interna de cada país.
El informe también se detiene, entre otras ítemes, en la “situación social en América Latina”. Antes del covid19 venía aumentando la pobreza y la extrema pobreza, desigualdad y “descontento generalizado”. No era para menos. Por lo que, más allá de las particularidades nacionales, “la crisis tendrá repercusiones negativas en la salud y la educación, así como en el empleo y la pobreza”. Apunta, siempre con una mirada generalista, que “la mayoría de los países de la región se caracteriza por tener sistemas de salud débiles y fragmentados, que no garantizan el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19”. Subraya que “sistemas de salud de varios países de la región ya estaban bajo presión a causa de la epidemia de dengue: en 2019 se infectaron más de 3 millones de personas (la mayor cifra registrada en la historia de la región) y 1.538 personas murieron a causa de la enfermedad. El Brasil tuvo el mayor número de casos: 2,2 millones de personas (OPS, 2020)”. Ni que hablar del acceso en países con densas zonas rurales, remotas y con accidentes geográficos. Cree que en países con mayor proporción de personas adultos mayores (Uruguay, Barbados, Cuba, Aruba, Chile), “podrían sufrir una presión mayor en los sistemas de salud”. No obstante habría que ver cada caso particular, por ejemplo las bondades del sistema cubano y el impacto de la reforma -en la era progresista- del sistema sanitario en Uruguay.
Al examinar el sistema educativo en la emergencia mundial, tras observar particularidades, menciona que “la interrupción de las actividades en centros educativos tendrá efectos significativos en el aprendizaje, especialmente de los más vulnerables”. En Uruguay, progresivamente -dada la baja circulación viral- se retoma, la presencialidad. Hay un dato a tener en cuenta; “alrededor de 85 millones de niños y niñas de la región reciben un desayuno, un refrigerio o un almuerzo en la escuela (FAO/PMA, 2019). Por lo tanto, es importante asegurar la continuidad de los programas de alimentación escolar”. En Uruguay el Ministro de Cultura, que hasta ahora reina pero no gobierna el sistema en virtud de la autonomía sistémica, quiere revisar lo que se gasta en alimentación escolar. En cada país, con buen tino se buscó la educación a distancia, para no aumentar las inequidades, “no obstante-indica el trabajo cepalino- “los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia no están garantizados. Además, existen disparidades de acceso a los dispositivos digitales y a Internet de banda ancha entre las poblaciones urbanas y rurales, entre los sexos, entre las poblaciones que hablan o no el idioma oficial (español o portugués), y entre las poblaciones con y sin discapacidades”. Alerta sobre la probabilidad “que las familias más pobres envíen a sus hijos al mercado de trabajo, lo que aumentará las tasas de trabajo infantil. La OIT estima que actualmente el 7,3% de los niños de 5 a 17 años (unos 10,5 millones de niños) de la región trabajan”. Insiste: “dadas las desigualdades económicas y sociales de la región, los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos vulnerables de ingresos medios. Es probable que la crisis aumente el empleo informal como estrategia de supervivencia”.
Un tema medular tiene que ver con la vivienda y el hábitat, por eso se entiende que “son importantes los aplazamientos de pagos de hipotecas y alquileres, así como otras exenciones, para evitar una crisis de vivienda y las ejecuciones hipotecarias de empresas. Se debe considerar medidas como no cobrar las cuentas de agua, luz e Internet a personas de bajos ingresos durante la duración de la pandemia”. En Uruguay, gobierno difirió pago de la cuota amortizante, por tres meses, a las cooperativas de vivienda.
Finalmente repara en el tema de los cuidados. El mismo pone en “evidencia la injusta organización social de los cuidados”: ello debe “ser pensadas desde un enfoque de género pues son las mujeres quienes de forma remunerada o no remunerada absorben la mayor carga de cuidados”. Por lo que “esos niños y niñas requieren cuidados que sobrecargan el tiempo de las familias, en particular a las mujeres que dedican diariamente el triple del tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en comparación con el que dedican los hombres a las mismas tareas. “Es tiempo de solidaridad, no de exclusión. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema globalizado y del modelo de desarrollo subyacente”. CEPAL no lo dice pero esto aumentará la conflictividad social.
