Una veintena de personas que se desempeñaban como guardias de seguridad para la Intendencia de Paysandú, cuidando en turnos rotativos distintos espacios de la comuna y contratados como empresas monotributistas, recibieron la comunicación de la disolución de su vínculo laboral. Afirman que igual que sucedió con trabajadores de otras áreas, caso de los CAIF y el Centro Siempre, el anuncio de la pérdida de la fuente laboral se concretó a pocas horas de la ruptura del contrato; incluso una persona cuenta que minutos antes del final de su jornada le dijeron “que llevara la llave al corralón, la dejara ahí y ya no volviera”.

De acuerdo al vínculo contractual, en principio estas personas se van “sin nada que reclamar y sin ningún peso que cobrar, más allá de los jornales trabajados”. En general todos son quienes sustentan sus hogares y en algunos casos, producto de la compleja situación socio- económica, no sólo tienen hijos a su cargo sino también nietos.

Cuentan que han intentado hablar con las autoridades de la Intendencia, “desde el intendente para abajo con todo el mundo”, sin éxito al momento. Aunque sí han establecido contacto con ediles de la oposición. La mayoría de estas personas, que recuerdan que “hace algunos años la empresa Servipay nos dejó en la calle”, tiene una edad que podría resultar una traba para reingresar al mercado laboral dado que muchos de ellos superan los 50 años.

Las primeras acciones que desarrollan consisten en denunciar la situación y pedir ser recibidos por el intendente. Aparentemente esos lugares de trabajo serán ocupados por personas contratadas por la Fundación “A Ganar”.

Una situación similar se da en Guichón donde una decena de señoras que integraba una cooperativa social que se desempeñaba en Termas de Almirón también recibió la confirmación de que no habrá renovación de contrato. Esa organización, que reúne varias jefas de hogar y mujeres ya próximas a jubilarse, denuncia que la Intendencia le adeuda unos 300.000 pesos por jornales impagos. Según dicen, la comuna de niega a pagar ese monto argumentando que el gasto se constituyó por la contratación de varios trabajadores, más allá de los que integran la cooperativa. Según las autoridades, eso constituyó “un sobregiro” que no están dispuestos a pagar y acusan a los jerarcas anteriores por haber permitido el gasto. Las cooperativistas explican que esas contrataciones fueron necesarias por razones de servicio y reivindican ese mecanismo para generar más oportunidades laborales. Considerando que se trata de personas vulnerables, que viven de su sueldo, queda la duda sobre quien pagará aquellos créditos laborales.

Según afirman desde Guichón esos lugares fueron ocupados por personas de claro compromiso con la Lista 51 y, en algunos casos, después de procesos de selección poco claros.

En el caso de Almirón, el Alcalde Martín Álvarez indicó a 20Once que “se cesó la cooperativa con 10 trabajadores, 1 se había tomado ese último mes, por consiguiente eran 9. A Ganar tomó 7 de 9”.

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