Escribe Darío Rodríguez

Las Intendencias departamentales tienen un rol omnipresente en la vida de sus respectivos vecinos.  Son, por ejemplo, la policía territorial en relación al uso del mismo y, prácticamente, no existe actividad en la que no tengan algún tipo de injerencia. Por ello secunda al gobierno nacional en las cuestiones vinculadas a la pandemia. La concepción ideológica del intendente y su equipo darán cuenta cuan cerca o lejos, en lo que les corresponden, están de la gente. Una de las políticas desarrolladas es achicar la plantilla de funcionarios, tercerizando tareas con el propósito, no explicitado,  de evitar realizar aportes a la seguridad social y contribuir a la precarización de las condiciones laborales.

Por otra parte, con mayor o menor sensibilidad social,  pues la situación es acuciante para buena parte del pueblo que “anda y arde” en las calles, las comunas instrumentan paliativos que mitigan los impactos de la pandemia en sectores vulnerables, obreros, medios y pequeños comerciantes. El despliegue de tales programas depende, muchas veces, de la presión que se ejerza sobre los gobiernos. Esto le cabe a la Intendencia de Paysandú a cargo del nacionalista Nicolás Javier Olivera Seiguerman.Como en todo el país en Paysandú cabalga a galope tendido el desempleo y la pobreza. Ya se sabe que el gobierno nacional está preso de su dogmatismo y atiende a regañadientes y con escasez la “cuestión social”.

En el“Plan de Infraestructura para el Desarrollo y Generación de Empleo” que irá contra las recursos derivados del fideicomiso aprobado el año pasado, con amplísimas mayorías en la Junta Departamental, se establecía una batería de proyectos, entre ellos Programa de Jornales Solidarios y Veredas. Si la preocupación era, en campaña electoral, “el empleo de los sanduceros” hoy, con la profundización de la crisis, las medidas paliativas urgen. Sobre una población de 113.107 habitantes, el 5.2 % de los hogares de del departamento se encuentra debajo de la línea de pobreza según datos de la Encuesta Continua de Hogares de 2019 (el nacional fue de 5.9%) Datos para el mismo año, aún sin pandemia, señalaban un desempleo de 9.2 %  y una informalidad del 27.3 % en los ocupados. En Uruguay había el año pasado 409.586 personas pobres y 14.124 en la indigencia. La misma venía aumentando desde el 2017.El hambre acecha y la situación se hace explosiva.

La actual gestión departamental, más allá del relato, debe abrevar en la experiencia de la  crisis del 2001-2002 y darle prioridad a la contención de la gente; desde su campo de acción. Estar más rápida de reflejos y la oposición política y las organizaciones sociales empujar la implementación de los programa de mitigación. Para ello debe implementar los programas que van en la dirección planteada que, por otra parte, -dato no menor-, cuentan con un fuerte respaldo político y social. Tal vez sería demasiado pedir que articule con las organizaciones representativas la bajada a tierra de ambos programas (puede haber alguno más) definiendo recursos, condiciones, público objetivo, plazos. Sin hacer de esto otra experiencia de clientelismo político, método que mina la credibilidad en las instituciones, partidos políticos y dirigentes. Es ahora.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

¿Se acaba el recreo del puente? El gobierno anunciará medidas la próxima semana

La semana próxima el gobierno dará a conocer medidas a adoptar en…

Historia del turismo en Paysandú (parte I)

Por Juan Andrés Pardo – Magister en Consultoría Turística egresado de la…

El edificio Torre de la Defensa en Paysandú demandará una inversión de más de 12 millones de dólares

Evocando el Paysandú de otrora, Mario C. Macri fue uno de los…

IAE Salto continúa apostando a la profesionalización del turismo

Esta semana culminó el primer año lectivo para el Instituto de Alta…