Escribe Darío Rodríguez
La actividad portuaria en cualquier país del mundo hace a su soberanía y de ahí al rol protagónico que debería tener cualquier Estado que se precie de tal. El puerto de Montevideo, ubicado en un lugar privilegiado, objeto de disputas históricas, fue privatizado durante la gestión de Luis Alberto Lacalle Herrera. El mecanismo fue siempre el mismo: se dejan caer actividades manejadas, se genera ineficiencia y se construye un relato para luego privatizar. El discurso neoliberal hace culto de los monopolios privados, si son extranjeros mejor, y abomina de lo estatal.
En pleno furor neoliberal, en el gobierno al mando del padre del actual presidente, en su intento privatizador de empresas públicas, se votó en 1992 la mentada ley de Puertos (16.246), -con férrea oposición sindical y del FA- que planteaba modernizar la actividad, generar inversiones y darle participación al sector privado. Hasta entonces, la actividad portuaria estaba a cargo de la Administración Nacional de Puertos (ANP). Abierta la puerta, varias multinacionales se instalaron. En tal contexto se generó la Terminal Cuenca del Plata (TCP), asociación entre la multinacional belga Katoen Natie (80%) y la ANP (20 %)para gestionar la terminal especializada de contenedores. El puerto dio un salto, que bien lo podría haber dado de todas formas con inversión del Estado; extremo descartado por el herrerismo.
Progresivamente, los belgas fueron haciéndose cada vez más fuertes en la operativa de contenedores y no eran muy amantes de la competencia. El Estado debió incorporar grúas en el sector de muelles públicos; equipamiento que mejora sustancialmente la operativa. Es bueno aclarar que no se preveía el monopolio privado en el movimiento de contenedores. Se hablaba de propiciar la competencia.
Uno años atrás, los belgas iniciaron tramitación para vender su participación en TCP. La iniciativa movilizó empresas, estudios jurídicos, etc. La posible venta, restando aún una década de concesión, se descartó.
La operativa portuaria le ha dejado millones de dólares a la multinacional quien se ha movida a sus anchas más allá de gobiernos de turno, incluso manejando con discreción el 20 % que debe transferir a la ANP. Recientemente el actual directorio la eximió de una serie de multas. Tienen todas las mañas, inversión publicitaria y apoyo en campañas electorales.
Ahora, sin mayores fundamentos, aprovechando cambios en el gobierno, Katoen Natie amenazó con realizarle juicio al país por una cifra de 1.500 millones de dólares, aduciendo supuestos beneficios hacia el otro operador. Para variar, el eventual juicio, se realizaría fuera de Uruguay. La movida se realiza con toda la parafernalia mediática. En el fondo se quiere eliminar competencia, utilizando todos los recursos.
Se da la paradoja que el doctor Durán Martínez asesoró al gobierno al tiempo que es abogada de la empresa belga. Progresivamente, los belgas fueron haciéndose cada vez más fuerte en la operativa de contenedores y no eran muy amantes de la competencia.
La amenaza fue más que suficiente para que el gobierno, casi en forma expres, prorrogara la concesión 50 años más, luego de los 11 años que aún restan. Activos en estos trámites han sido el prosecretario de la Presidencia, el hoy ministro del Interior (entonces de Transporte) y el actual presidente del Directorio de la ANV. Para la especialista Silvia Echebarne “que el grupo KaetonNatie le imponga al Estado un decreto a su medida, de forma inconsulta, para que el Poder Ejecutivo lo apruebe, no conforme a la legislación actual, esto es legislar para extinguir la competencia, propiciar un monopolio por decreto”. Se da la paradoja que el doctor Durán Martínez asesoró al gobierno al tiempo que es abogada de la empresa belga. “Es raro que el gobierno se asesore con el abogado de la empresa” dijo hace unos días enel programa En Perspectiva, Radiomundo, el senador Eduardo Bonomi. Bastante raro, por cierto. Para justificar tal dislate, -con cifras millonarias en el medio.- que evite amenaza belga, se menciona que la ANP entregó muelles públicos, que KatonNatieinvertiría 455 millones de dólares (¿en qué plazo?), y rebajaría tarifas. Lo podríahacer ahora. Especialistas sostienen que hoy el puerto tiene capacidad ociosa y no es necesaria nueva inversión para bajar tarifas o competir con puerto de Bs As. El puerto es un servicio tan importante como la luz y el agua. El país “queda rehén de un monopolio”.
Por otra parte, siendo otro componente colateral, -relevante-, el gobierno argentino informó que Uruguay no podrá dragar a 14 metros, con lo cual perderá carga. Además, lo que profundice lo realizará a su costo.
El anuncio de la prorroga movió el tablero y se han sumado oposiciones del exterior, donde otros jugadores podrían reclamar judicialmente, aunque el gobierno herrerista luce incólume. A estas quejas se agrega la local Unión de Exportadores y del Sindicato Portuario.Vanesa Peirano, presidenta del Sindicato, dijo en la Letra Chica (TV Ciudad) que al inicio de la actual gestión se reunieron con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Los últimos años, dijo, los belgas han querido imponer “cláusulas de paz”, inaceptables. “Es una empresa muy hostil con los trabajadores. Decimos que es un acuerdo a escondidas. Y nos declaramos en preconflicto. 700 trabajadores de Montecon ven amenazado su trabajo. Con ésta ha habido buenos acuerdos laborales, además que ha captado más cargas. No vemos nada favorable”. Se habla de inconstitucionalidad y se insiste con la proliferación de un monopolio.
El Partido Colorado quiere “blinda” acuerdo con una ley. Por su parte, Manini Ríos en la Diaria, a fines de mayo, dijo que le rechinaba acuerdo y que espera respuesta a un pedido de informe planteado. Alejandra Koch, directora por la oposición en la ANP, sostuvo que organismo careció de información, hubo “exceso de reserva”. El acuerdo gubernamental se recoge en sendos decretos del Poder Ejecutivo, 114/21 y 115/21 desconoce la autoridad de la ANP. Koch dice que se atenta contra la libre competencia. Agrega que el Estado perdería ingresos por unos 10.000.000 millones de dólares anuales; se procesan cambios en los estatutos de la TCP y a la ANP se le imponen obligaciones que lucen ausentes para la multinacional.
El gobierno habla de transparencia y, para eludir presentación de la correspondiente documentación y fundamentar la operación, cita el contrato del FA con UPM. El FA evalúa interpelar. Esto recién empieza- Algo “huele feo en Dinamarca”.
