Puerto
Escribe Darío Rodríguez
La interpelación al ayer ministro de Transporte y Obras Públicas, el estruendoso y legendario legislador Luis Alberto Heber, hoy ministro del Interior, confirmó algunas certezas. En primer lugar observar un gobierno muy centralizado en la figura omnipresente del inquilino de Torre Ejecutiva.
El acuerdo entre Katoen Natie, ante una eventual demanda por 1.500 millones de dólares ante organismo internacionales, que nadie aportó de dónde salía tal cifra, se cocinó entre pocos funcionarios (presidente, ministro Heber, prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrer, presidente del Puerto Juan Curbelo) al margen de los socios de la coalición que cumplieron el papel de furgón de cola. Los cabildantes expresaron no conocer el contrato suscripto con la multinacional belga; de todas maneras apoyaron lo actuado por el herrerismo. La “cocina” hace difícil revertir el procedimiento.
Por otra parte es obvio, -privatizada la actividad portuaria desde el gobierno de Luis Lacalle Herrera-, que hay una puja por su control entre dos multinacionales. Tan obvio como sostener que buena parte de la soberanía se perdió entrado los 90. Se fundamenta lo del 90, en una discusión tramposa que asevera que el puerto se modernizó, pero ignora que las empresas operadoras envían a sus casas matrices millones de dólares y que dicha actividad pudo haber quedado en manos del Estado, siendo necesario inversiones y una conducción acorde a la defensa del denominado “interés nacional”. Pero el neoliberalismo hace la apología del mercado y de lo privado; si es trasnacional mejor.
Parece meridianamente claro que la multinacional Belga que en épocas del FA se había propuesto vender sus acciones, proceso luego descartado, entendió que el cambio de administración le generaba condiciones óptimas para presionar en pos de sus millonarios deseos. Los resultados eximen de comentarios: la mera amenaza de realizar un juicio precipitó la decisión del Ejecutivo que, velozmente, extiende la concesión hasta el 2081 con condiciones muy ventajosas. Por lo menos, se puede hablar de mucha desprolijidad. Acceder a los textos convenidos es una tarea titánica. Campea la opacidad.
También es cierto que la arquitectura legal en la materia es concurrente con un puerto operado por multinacionales que, en este caso, disponen de un tratado de inversión que da amplio respaldo y que alterarlo o cambiar las políticas se hace extremadamente difícil si es que hay voluntad política.
En el puerto de Montevideo, -llave de entrada y de ingreso de mercaderías, insumos, tecnología, productos-, operan dos empresas multinacionales: katoen Natie (asociada a la Administración Nacional de Puertos, ANP, que participa con un 20 % en la asociación) que lo hace en terminal especializada de contenedores y Montecon que trabaja desde los muelles del Estado. La operativa portuaria, que genera millones de dólares anuales, se hace, o debería hacerse sobre la base de marcos legales, reglamentos y decisiones del Poder Ejecutivo.
Debatir sobre el puerto puede parecer una cuestión de especialistas, y la interpelación, por momentos de buen nivel, dejó expuesto frente al país a los talenteadores frente a aquellos estudiosos de un asunto complejo, lo cual no exime de comentar que los costos de la actividad inciden en la vida cotidiana de la gente común de cualquier rincón del país. Por eso no debe ser tan solo un debate parlamentario, académico o de expertos.
La interpelación se desató al conocerse, sin mayores detalles, que el gobierno, dentro de un cerrado círculo, sin mayores asesoramientos, estudios económicos y/o jurídico ni de antecedentes, extendió concesión de la terminal especializada de contenedores a la mencionado Kaeton Natie. Para el FA es una lisa y llana “entrega de la soberanía nacional”. Lo raro del caso es que el gobierno hizo suyo los planteos de la belga y algunos de sus referentes eran abogados de la empresa. Aquello de tener una pata en cada mostrador.
En defensa de lo actuado el gobierno esgrimió un presunto juicio a lo que le aderezó que había que reconfigurar la operativa portuaria en clave regional; se trata de competir con puertos vecinos. La argumentación, lejos de potenciar desaguisado, señalaba manotazos de ahogado y agregaba componentes de geopolítica. En todo caso debería ser una discusión país, a la luz del día, sin cartas ocultas.
Con nuevo gobierno Katoen Natie pasó a la ofensiva. El resultado parece darle la razón pese a que, colorados y cabildantes, plantearon agregados a la moción que respaldaba, en forma que admite diversas lecturas, al ministro Luis Alberto Heber. Uno de ellos tiene que ver con que antes de una eventual ventas de acciones, los belgas deban consultar preceptivamente al Estado; jerarcas señalaron que es un acuerdo cerrado.
La asunción del gobierno comandado por el Herrerismo, desató la “guerra” empresarial que, más allá de escaramuzas, convivían con cierta paz. Montecon entiende, dado que también mueve contenedores, que el acuerdo implica un golpe de gracia a su actividad y que Katoen Natie ejercerá monopolio, impedido según ley de puerto y contrariando el mentado y liberal “principio de libre competencia”. Montecon cae debido a que desde su lugar mueve en su operativa 95 % de contenedores y el acuerdo cierra tal posibilidad. No es de descartar reclamos judiciales; será un gran embrollo.
La ahora agraciada Katoen Natie dispara que su competencia operaba en forma irregular al mover contenedores; práctica que solo se podía efectuar desde la “terminal especializada”. Señalan, desde estudios jurídicos contratados, que “Montecon que no tiene concesión, permiso ni autorización, en los hechos opera como un monopolio en la utilización de los muelles públicos”. Genera suspicacia, si se tomara como válido planteo de la operadora belga que, tras cambios gubernamentales se “desayunó” de las irregularidades de su competidora. Están lejos de mencionar los lapidarios comentarios de los colorados Edison González Lapeyre (ex presidente de la Administración Nacional de Puertos, ANP) y Ruben Correa Fleitas, ex director de la Oficina de Servicio Civil, grado 5 en derecho administrativo, y ex senador,
Es cierto que Katon Natie se movió con cierta comodidad durante las administraciones frentistas, realizando escasas denuncias sobre la otra empresa, Montecon.
Las empresas estatales, apetecidas por multinacionales y las políticas portuarias no solo tienen que ver con el desarrollo del país, hacen a la soberanía. Un elemento despreciado por el neoliberalismo con matriz trasnacional. Ninguna multinacional actúa para potenciar un país y su soberanía, tampoco mean, -como dice la abuela-, “agua bendita”.
A la oposición, ayer gobierno, se le hacía complejo defender sus argumentos dado que, la derecha, con criterio, todo lo imputa al pasado donde hubo errores y jamás se planteó un proceso de reestatización de las actividades portuarias y, tal vez, haya realizado alguna filigrana para atenuar prácticas monopólicas. La coalición, sostienen, vino para enmendar errores y que la gente viva “los mejores 5 años de sus vidas”. Aunque esto para las mayorías parece más una pesadilla. La forma de encarar asunto por parte del gobierno, puede ser efectiva, eventualmente, pero lleva el riesgo que la ciudadanía interprete que son “todos iguales”; extremo nada auspicioso y que puede alimentar mesías.
La decisión del gobierno tendrá su impacto, no es gratis. Hay caída de popularidad, renuncia de ministros (el de Turismo, un escándalo; o una primera dama tratando de apropiarse de derechos de autor de una iniciativa surgida y financiada por el Estado), cuestionamientos ante designaciones, bronca por rebajas salariales, desempleo. Ahora no existe con tanto vigor la pandemia como explicación de tales derroteros. Ese paraguas desaparece y el “Rey queda desnudo”.
“Desnudo el Rey” hay que ver si tales desaguisados pueden ser capitalizados por la oposición y el movimiento social de cara al referéndum para derogar 135 artículos de la LUC.
Desde algunos medios, que tienen sus propios criterios y análisis, marcan sendas contradicciones del gobierno. Al tiempo que “reniega” de los monopolios crea uno en el puerto, mientras trabaja para desmantelar los que orbitan en el Estado. A juicio de Samuel Blixen (Doble Rasero. Brecha. 20.8.21) “somos una república bananera liberal”.
La historia parece avalar el presupuesto que los procesos de privatización en América Latina tienen mucha opacidad y corrupción. El FA prepara llevar asunto a la justicia pena. Esto recién comienza.
