Ec. Pablo Borche
Dado a conocer el anteproyecto de ley para medidas económicas para asegurar la estabilidad comercial por la apertura de frontera, pasamos a analizar muy brevemente las posibles consecuencias suponiendo que se cumple las normas.
El primer punto y quizás el de mayor incidencia no es una medida económica, sino sanitaria que se transforma en una traba al trasiego de mercadería por su costo. El protocolo de ingreso al país exige un PCR 72 horas antes del ingreso a Uruguay y otro a los 7 días posteriores. Si esto es fiscalizado correctamente, en dinero significaría más de 7.000 pesos, con lo cual una persona tendría que estar dispuesto a asumir ese costo para ir a comprar en Argentina.
Por el lado de la oferta, si bien el esfuerzo de exoneraciones es considerable (UTE, OSE, ANTEL, tributos en general) por más que estos se trasladen en su totalidad a precios, estos beneficios no alcanzarían para competir con artículos que en Argentina cuestan al menos un 40% más barato que en Paysandú. Parece una medida que busca mantener la rentabilidad del pequeño comerciante a la posible baja de las ventas por la apertura de fronteras.
Mientras siga la pandemia, los apoyos podrían llegar a ser eficaces, en tanto que no son viables en el mediano y largo plazo, por lo tanto, se debe seguir trabajando y buscar mecanismos de mayor alcance para poder hacer frente a las diferencias entre países en materia de precios.
También debemos tomar en cuenta que las medidas no se transformen en “desplazamiento” de fronteras, donde las ciudades beneficiadas con exoneraciones por estar cerca del país vecino, se vuelven paseos de compras de departamentos limítrofes perjudicando su economía, solucionando el problema de la frontera con Argentina, pero generando uno igual intra Uruguay.
