Escribe Darío Rodríguez
La población en general, y los sectores productivos en particular, tiene que agradecer a la concreción del referéndum ya que el gobierno aumentó los combustibles, esta vez, por debajo de paramétrica “técnica” que inventó en el marco de la mega ley. Asesores de campaña le han dicho al propio inquilino de Torre Ejecutiva que el aumento de combustibles, además de disparar otros precios y generar inflación (impuesto a los pobres) irrita a la población. Lo tienen medido. Hasta Un Solo Uruguay, muy cercano al partido “campero” habló de tarifazo. Otro correligionario, con gran olfato político, como el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, expresó la pasada semana que se hace difícil defender los artículos sobre el precio de los combustibles. Hay que recordar que en los últimos 12 meses las naftas aumentaron 25%, gasoil 33%, supergas 18% en un contexto de recuperación de empleo pero con rebaja salarial.
Observando las movidas sobre el escenario se puede inferir que algunas iniciativas perjudiciales, como la reforma de la seguridad social, están en stand bye; esperando el resultado de la consulta popular. Nadie crea que van a reformar el sistema de retiro y pensiones militares que le cuesta a la sociedad “un perú”. El año pasado rentas generales puso 374 millones de dólares para subvencionar un régimen de privilegio.
El gobierno bate parche con la disminución del déficit fiscal y los ahorros generados en plena pandemia; esto es una señal de alerta para miles de jubilados que ya están siendo golpeados. En los últimos dos años los “pasivos” han perdido capacidad de compra. En 2020 la inflación fue del 9.41% y el aumento a jubilados y pensionistas del 7.58%. El año pasado la primera se situó en 7.96% y los “incrementos” fueron del 6.16%. Hay que remontarse al 2002 y 2003, crisis sin parangón, para observar tal perdida en esta población. La información se desprende de datos aportados por el INE.
Es obvio que si logran mantener los 135 artículos de una ley de casi 500 sentirán que se respalda la gestión y ahí te convido pal temblor.
Los asesores sostuvieron que la inseguridad, puede ser un tema susceptible de acumular apoyos. Aunque en el interior es discutible que haya mayor seguridad. En Paysandú mismo, hay zonas donde se observa escasa presencia policial, robos y hurtos, particularmente a población joven. Ha circulado urbi et orbi los comentarios realizados por el periodista Freddy Rusch, -Programa Alternativa emitido en Radio y TV Durazno- sobre los alarmantes niveles de inseguridad que vive la población en la capital de aquel departamento. Mientras hacia los comentarios estaba presente en el estudio el mismísimo ministro del Interior (decano parlamentario) Luis Alberto Heber Usher. El periodista expuso al aire que “lo que puedo decir es que la seguridad en Durazno es un desastre, igual o peor que antes. Fui muy crítico de las instancias pasadas”. Agregando ante un impávido Heber que la “inseguridad ha empeorado”. La gente no está denunciando “salvo que le desvalijen la casa… Estamos teniendo tiroteos todas las semanas entre bandas de micro y narcotráfico en pleno centro. Tiroteos en los barrios. Mucha gente circulando con armas. Robos todos los días”. Además hay “·seccionales en la capital departamental que tienen 5 funcionarios por turno. Se prometió una mejora. Acá no se ha visto”. “Dejá la política de lado” le espetó a alguien que ensayaba una defensa del gobierno. Para quitar cualquier especulación en torno a la línea editorial de estos medios vale señalar que los mismos pertenecen al actual secretario de la Intendencia, Domingo Rielli, tan blanco como su jefe, Carmelo Vidalín. El blindaje de los grandes medios impide socializar estas situaciones. Esto acontecía el viernes pasado cuando la ciudad recibía miembros del gobierno en campaña a favor de los 135 artículos de la LUC impugnados. Esperemos que el programa perdure.
En forma retórica el presidente interpela sobre los perjuicios que ocasiona la LUC; dice no observarlos. En la sección 1 de dicha ley, Seguridad Pública, el capítulo 4 se dedica a las “normas sobre estupefacientes”. Con el referéndum se pretenden derogar el artículo 74. El mismo, que retoma un decreto ley de la dictadura, se establece la pena mínima de cuatro a 15 años siendo un agravante “cuando se utilice un hogar como lugar de venta, depósito o distribución de las sustancias”. En estas materias se restringe la libertad anticipada y se limita o excluye la posibilidad de descontar pena por trabajo o estudio. Las limitantes aumentan la prisionalización de personas que cometan delitos de drogas; alargan penan o determinan cumplimiento efectivo. Por otra parte lo que era la “libertad vigilada” en la LUC pasó a ser “libertad a prueba”. Pero siempre la opción única es la cárcel.
Mujeres pobres, primarias, responden desde ya a la preocupación presidencial. Jessica, de 20 años, madre de un bebé nacido prematuramente al que se le agravó situación con la peripecia de ser madre. Para sobrevivir delinquió y vive un proceso penal. Dona, tiene 39 años, cuatro hijos pequeños, y también delinquió por primera vez al intentar ingresar 56 gramos de marihuana al comcar. Le dieron una pena de 4 años. Sus hijos (de 2, 4, 9 y 16) duermen en un refugio del Mides. Al ser penas inexcarcelables abogados han recurrido a algunas figuras jurídicas para evitar el calabozo.
En el último año y medio hubo un 60 % más de mujeres encarceladas. Este Ministerio del Interior comenzó vocinglera gestión con 650 mujeres presas y hoy tiene 1.038. Básicamente por delitos vinculados a las drogas en un país muy preocupado por el déficit fiscal. Entonces, los cambios planteados desde la LUC repercuten directamente sobre las mujeres que, en general, tienen hijos y son pobres. Ante impermeable legisladores multicolores la Defensoría Pública advirtió sobre “ola de ingresos” a las cárceles. “Hay un antes y un después”; “, antiguamente se utilizaban vías alternativas de solución…”. Ahora sí o sí ·”debe(n) cumplirse en prisión” informó la doctora María Noel Rodríguez Nader. En estos delitos, aclaró, no se diferencian sustancias ni cantidades “por lo que podemos tener casos…(…)…de personas condenadas a cuatro años de prisión por querer entrar 17 gramos de marihuana a la cárcel”. En definitiva, la Defensoría señala que a partir de la LUC hay más mujeres presas, “en su mayoría jóvenes, pobres, madres, monoparentales y primarias absolutas, que son formalizadas por tentativa de ingreso de sustancias” a cárceles. Noventa y cinco por ciento de los formalizados, gracias al artículo 74 de la LUC son mujeres. He aquí una de las tantas respuestas para el inquilino de Torre Ejecutiva. Hay, entonces, un notorio sesgo de clase. Es tal la barbaridad del artículo que varios legisladores/as oficialistas, entre ellas Beatriz Argimón, se plantean discutir el mismo.
Para dimensionar el alto porcentaje de personas privadas de libertad, hay que decir que la cantidad (13 mil) equivale casi a la población, por ejemplo, de Paso de los Toros, Río Branco o Juan Lacaze. La derecha, y otros poderes fácticos que han ganado adeptos, entienden la privación de libertad, -donde se violan derechos-, como única alternativa posible. Paradigma que va contra toda evidencia.
Todo indicaría que la estrategia de la campaña para derogar los 135 artículos impugnados debería sostenerse en recorridas barriales con fuerte presencia de referentes en todos los rincones del país. La militancia, en esa propuesta capilar, será decisiva. Por otra parte, hay que despartidizarla; esto es una impugnación social y jugar con amplitud, sin sectarismos. Será menester señalar que si mantienen los 135 artículos el pueblo uruguayo soportará una feroz embestida regresiva que podrá polarizar a la sociedad, pues los sectores afectados resistirán la restauración. Habrá que observar que el “caballo del comisario”, bajo distintas modalidades, no use el aparato del Estado para hacer campaña. En algunos departamentos, desde ciertas dependencias, -son duchos en la materia- se motoriza campaña entregando una canasta, favoreciendo a alguien. Gajes del oficio.
