Escribe Darío Rodríguez
La movilización vecinal que impidió la instalación de la empresa Indre, proveedora de la Intendencia, en zona prohibida de la ciudad, dejó varias lecciones. Antes de ir a las mismas conviene repasar, someramente la secuencia.
La empresa en cuestión comenzaba, aparentemente, sin contar con habilitación municipal, la construcción de planta cementera en Libertad y Henderson; sitio de la ciudad expresamente vedado a tal fin de acuerdo al Plan Local Paysandú y su microrregión. Instrumento materializado en el Decreto 7719/2018 de la Junta Departamental.
El empresario Mario Macri habría invertido, entre el predio y lo atinente a la obra, unos miles de dólares. Algunos mencionan la cifra de 400 mil verdes. Los vecinos del lugar comenzaron a movilizarse para impedir la instalación de la planta aduciendo contaminación ambiental y restricciones normativas. Por ello, administrativamente, presentaron una iniciativa (derecho de petición) solicitando suspensión de autorización y del permiso de construcción. Puesto el tema arriba de la mesa, la movilización vecinal incluyó reuniones con ediles de todos los partidos y con el propio intendente.
Generó cierta suspicacia que la Intendencia haya sostenido que desconocía que en zona inhabilitada se estaba construyendo.
Finalmente el planteo vecinal, con los debidos asesoramientos, hizo que la Intendencia intimara, sobre fines de mayo, a paralizar las obras. El director de Obras de la Intendencia dijo, al diario local, en su momento, que “enviamos inspectores porque la habilitación para la construcción no está aprobada; comprobaron que efectivamente se estaba en esa etapa por lo que en el momento intimamos se detuviera toda actividad constructiva…”. Del comentario se desprende que había solicitud iniciada. La interrupción fue un logro directo de la organización ciudadana. Otro componente de este episodio lo constituyó el llamado a sala del intendente para dar explicaciones a la oposición. El edil colorado David Helguera ofició de miembro interpelante el pasado 16 no al jefe departamental, sino a su segundo, el secretario general Fermín Farinha que subrogó a Nicolás Olivera y se llevó todos los palos. Más allá que la mayoría automática de la Junta entendió que las repetitivas y sin mucha sustancia argumentaciones del secretario general fueron “ampliamente satisfactorias” y que permanentemente se pidiera a órganos esencialmente políticos “no politizar el tema”, (en realidad se quería esquivar la intervención de la oposición), la movilización de la gente impidió violentar el Decreto de ordenamiento territorial. El episodio deja varias lecciones.
En primer lugar el derecho a la ciudad y su organización democrática no depende de decisiones empresariales y de gobiernos que hagan la vista gorda. En segundo lugar, el marco normativo debe cumplirse con prescindencia de quien hace los planteos. En tercer lugar, la participación en forma organizada de la comunidad, es relevante. Solo con organización y actuando con independencia política se pueden revertir políticas que ven la ciudad al margen del interés general y como un escenario solo para hacer negocios. En cuarto lugar, la participación organizada legitima la democracia, en momentos donde recibe fuertes cuestionamientos. Por extensión se convalidó rol de la oposición y de la Junta Departamental.
Otras consideraciones se pueden apuntalar
Son tiempos de retorno de propuestas faraónicas, excluyentes y autosegregadoras en diversos departamentos, -bajo la zanahoria de crear fuente de trabajo, muy necesarias-, donde la comunidad organizada que se planta firme queda mejor posicionada para los debates que se vienen sobre la costa sanducera.
Podemos decir (será objeto de futura nota) que si Paysandú es cooperativo y universitario, la Intendencia debería pensar que infraestructura, servicios (sociales, culturales, recreativos) y equipamiento debe generar para continentar y hacer amigable la ciudad para miles de jóvenes que transitan a diario sus calles. Lo que hay es harto insuficiente. Aunque debemos explicitar que facilitar tierra, puede ser el corralón municipal, para centralizar allí la UdelaR puede ir en línea con lo expresado.
En definitiva, la prohibición de erigir la planta en zona prohibida, es una fuerte lección a todo el espectro político que, muchas veces, trasmite la idea que los gobiernos departamentales son intocables y que la gente es simplemente votante.
